Según la oposición ecuatoriana, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker, y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.
En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.
Esto dijo Lasso:
(Vea también: Fiscal Barbosa, metido en lío por interferir (supuestamente) en elecciones de vecino país).
Ante el choque de poderes, Lasso declaró la ‘muerte cruzada’ y así disolvió al parlamento del vecino país.
“El Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente, cada día se profundiza”, dijo Lasso antes de anunciar la ‘muerte cruzada’.
Anotó que la solución debe poner fin a “una confrontación irracional e inútil” y señaló que no es posible avanzar y enfrentar los profundos desafíos “a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”.
Comentó que en los últimos dos años, “un sector de la política nacional ha intentado deponer al Gobierno democráticamente elegido”.
Lasso añadió que el proyecto desestabilizador “subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo” y “todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al Gobierno con un juicio político infundado”.
“Promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción”, dijo sobre la acusación de la oposición.
Para el gobernante, se trata de “un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo es el mecanismo para destituir al presidente”.
“Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi Gobierno impulsados por un sobrehumano rencor; sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada”, sentenció.
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