El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La decisión del Gobierno Petro de ordenar la destrucción de 14 toneladas de armas, municiones y explosivos entregados por la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), liderada por Walter Mendoza, constituye un acontecimiento relevante para el proceso de paz en Colombia. La medida, regulada por un reciente decreto presidencial, destaca no solo por la cantidad de material bélico involucrado, sino también por la importancia simbólica y política que tiene el desarme en dos de las regiones más golpeadas por el conflicto: Nariño y Putumayo. La suspensión focalizada de operaciones militares y policiales en estos territorios agrega una capa de complejidad, ya que supone una oportunidad excepcional para avanzar en la pacificación, pero también implica riesgos para la seguridad de la población civil y de los funcionarios encargados de la ejecución.
La coordinación del procedimiento ha sido asignada a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OCCP), que debe garantizar tanto el registro como la trazabilidad de cada arma entregada e intervenir como mediadora política entre el gobierno nacional y la CNEB. Esta instancia de negociación es seguida de cerca por la Fuerza Pública, las organizaciones sociales y la comunidad local, debido a que la eficacia y transparencia del proceso pueden afectar la confianza en el Estado. Por otra parte, el Ministerio de Defensa tiene la responsabilidad técnica de custodiar y destruir el armamento en condiciones seguras, lo cual constituye un reto mayor, según reportes de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), dadas las amenazas latentes de otros actores armados en estas zonas.
No menos importante es el papel de la Procuraduría General de la Nación, que debe velar por la legalidad y la transparencia del proceso, buscando evitar posibles desvíos relacionados con la corrupción o el manejo indebido de los bienes entregados. Junto a este organismo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) interviene para certificar la autenticidad y el cumplimiento de los acuerdos, siguiendo el precedente de su acompañamiento en procesos similares. La MAPP-OEA, sin embargo, ha advertido en informes recientes sobre la resiliencia de actores armados ilegales y economías criminales en la región, un factor que podría minar la efectividad del desarme.
El manejo de los recursos públicos ocupa otro lugar central en este esfuerzo. Fondopaz y el Ministerio de Defensa tienen a su cargo la financiación del proceso, lo que exige una gestión transparente y responsable. Según reportes del DANE y la Contraloría General de la Nación, Putumayo y la costa nariñense han experimentado históricamente episodios de violencia y fallas en la ejecución de inversiones públicas, lo que obliga a extremar la vigilancia sobre la ejecución presupuestal.
Estos mecanismos estructurales no garantizan, por sí solos, el éxito del desarme. Analistas del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), citados en el texto, insisten en la necesidad de políticas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia, como el rezago rural, la falta de justicia social y la escasa participación ciudadana. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), en municipios como Tumaco y Barbacoas, la persistencia de economías ilegales y la desconfianza en el Estado representan los principales retos que enfrenta cualquier acción de desarme.
La situación geopolítica es igualmente determinante. El monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revela que en estas regiones continúan los cultivos ilícitos y la disputa entre organizaciones armadas ilegales por el control territorial. Sin una oferta institucional integral que acompañe el desarme, la sostenibilidad del proceso podría verse amenazada. Por lo tanto, el éxito del decreto depende no solo de la destrucción efectiva de armas, sino también de la capacidad del Estado para convertir los acuerdos políticos en transformaciones tangibles y sostenibles para las comunidades.
¿Qué implica la trazabilidad de las armas entregadas durante el proceso de desarme?
Este concepto es fundamental dentro del protocolo, ya que implica un registro detallado y verificable de cada arma, munición o explosivo entregado por la CNEB y posteriormente destruido por las autoridades. La OCCP debe documentar de manera rigurosa el origen y el destino de cada elemento para garantizar la transparencia ante la Procuraduría y la MAPP-OEA. Este control minucioso busca prevenir la reaparición de armamento en actividades ilícitas y refuerza la confianza tanto nacional como internacional en el proceso. Además, asegura que el material entregado por los actores armados realmente deje de circular por fuera de la ley.
¿Por qué la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) es relevante en el monitoreo del desarme?
La MAPP-OEA cumple la función de organismo internacional veedor y certificador, brindando legitimidad y credibilidad al proceso. Su participación resulta crucial en escenarios post-acuerdo, ya que sus reportes y pronunciamientos tienen peso ante la comunidad internacional y las agencias multilaterales que supervisan la implementación de la paz en Colombia. Gracias a la presencia de la MAPP-OEA como garante externo, se eleva el estándar de transparencia y se facilita la intervención rápida ante posibles irregularidades o retrocesos, contribuyendo a la sostenibilidad de los acuerdos alcanzados.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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