A pocos días de las elecciones legislativas de 2026 en Colombia, distintas autoridades encendieron las alertas por varios hechos de violencia política registrados en diferentes regiones del país.
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Entre los casos recientes aparecen ataques armados contra campañas, vehículos incinerados y el asesinato de un trabajador vinculado a actividades electorales, según recogió Noticias RCN, lo que elevó la preocupación sobre las condiciones de seguridad en la recta final de la contienda.
La advertencia provino de la Defensoría del Pueblo, entidad que informó que en un lapso cercano a 24 horas se reportaron cuatro episodios de violencia relacionados con el proceso electoral. Según la institución, estos sucesos reflejan una situación delicada para candidatos, equipos de campaña y comunidades en varias zonas del territorio nacional.
El organismo explicó que cerca del 34 % de los casos corresponde a ataques dirigidos contra sectores de oposición, mientras que alrededor del 23 % se relaciona con episodios derivados de la polarización política y agresiones entre grupos con posturas ideológicas diferentes.
La entidad también advirtió que aproximadamente un 17 % de los incidentes está asociado con conflictos alrededor de la conformación de listas de candidatos, mientras que otro 14 % corresponde a situaciones que, de una u otra forma, terminan afectando el derecho de los ciudadanos a elegir o ser elegidos. Estas cifras evidencian el complejo ambiente que rodea la campaña electoral en distintas regiones del país.
Ataques armados, homicidio y vehículos incinerados
Uno de los hechos más graves ocurrió en Puerto Rondón, donde un trabajador vinculado a la campaña del candidato a la Cámara Manuel Pérez por el Centro Democrático perdió la vida en medio de un ataque violento.
Asimismo, en el municipio de Policarpa, Nariño, hombres armados asesinaron a Héctor Cabrera, hermano de la candidata a la Cámara Claudia Cabrera, del Partido de la U.
De acuerdo con información divulgada por medios nacionales, los atacantes habrían sacado a la víctima de su vivienda y posteriormente lo llevaron a una zona apartada donde le dispararon.
Las primeras hipótesis apuntan a disidencias de las Farc, específicamente a la estructura conocida como columna Franco Benavides, vinculada al mando de alias ‘Iván Mordisco’.
Otros episodios también afectaron directamente a aspirantes al Congreso y sus equipos:
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En Sucre, hombres armados dispararon contra la camioneta en la que se movilizaba el candidato Gerardo Luis Ruiz, aspirante por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP).
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En Atlántico, también se registró un ataque con arma de fuego contra el vehículo de la candidata María Bolívar, de la Alianza Social Independiente.
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En Piedecuesta, el vehículo usado en actividades de campaña del aspirante Mauricio Matri, del Centro Democrático, resultó incinerado.
Las autoridades consideran que estos incidentes evidencian el aumento del riesgo para quienes participan en el proceso democrático.
Violencia política en varios departamentos del país
El monitoreo del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo indica que, durante 2026, se registraron 35 eventos violentos en Bogotá, los cuales están relacionados con las elecciones hechos de violencia política en al menos 21 municipios de 12 departamentos, además de la capital del país.
Entre los territorios donde se reportaron incidentes aparecen:
- Atlántico
- Cesar
- Córdoba
- Norte de Santander
- Santander
- Boyacá
- Tolima
- Valle del Cauca
- Cauca
- Meta
- Huila
En Bogotá también se registraron 35 eventos relacionados con tensiones políticas, algunos vinculados a ataques contra la oposición, polarización y disputas entre campañas.
Llamado urgente para garantizar la seguridad electoral
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno nacional, a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección adoptar medidas inmediatas de seguridad para proteger a candidatos, equipos de campaña y ciudadanos durante los días previos a las elecciones.
La entidad también pidió a grupos armados ilegales respetar el proceso democrático y evitar acciones que pongan en riesgo la vida y los derechos políticos de quienes participan en la jornada electoral.
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