“En términos generales, los clanes de la costa Atlántica podrían acceder a diez curules en el Senado; en la región Andina, siete; dos en el Pacífico y una en los Llanos Orientales. Lo anterior, sin contar con la representación que logren en las cámaras regionales”, le dijo la directora de la Misión Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, a El Espectador.

Según el organismo electoral, la Cámara de Representantes será la que más tenga esa representación familiar porque esas casas políticas “tienen la capacidad de incluir, en las listas, a más fichas suyas, mientras que en las de Senado ponen a sus cabezas”, en especial en Bolívar, Magdalena, La Guajira y Cesar. Del número de curules que logren depende el crecimiento de los clanes, puntualizó Barrios.

La MOE criticó que esas estructuras clientelares se hayan mantenido incluso por 20 años en esos territorios y que los cambios que buscan mejorar la selección de candidatos no estén funcionando. Eso, sumado a que “la mayoría de los partidos no hicieron esfuerzos en la depuración de sus listas”, pese a que muchos de ellos han sido vinculados con delitos de corrupción o nexos con grupos armados.

Para Barrios, esto se explica porque los ciudadanos no consultan la gran cantidad de información disponible, y porque no ejercen control ciudadano sobre los elegidos pues lo consideran peligroso por la “la tradicional relación entre ilegalidad armada y política”.

“En cada región se sabe qué candidatos asegurarán su curul con malas prácticas. Esos candidatos representan ese viejo de país que hay que derrotar en las urnas. Sería un gran mensaje que los electores les negaran el voto a todos esos candidatos que los partidos políticos avalaron, no por ser los ciudadanos de mayores calidades éticas o morales, sino por la maquinaria electoral que arrastra votos”: Alejandra Barrios, en El Espectador.

Según el diario, algunos de esos clanes son:

  • Córdoba: el de ‘el ñoño’ Elías Vidal (encarcelado) con candidatos a Senado y Cámara en estas elecciones, el clan López Cabrales y la casa del encarcelado Musa Besaile, con candidatos propios.
  • Sucre: el clan Pestana cuyo líder paga condena mientras su hermana lo representa en el Senado y la familia de Yahir Acuña.
  • Magdalena y La Guajira: la casa Pinedo Vidal, liderada por el condenado Miguel Pinedo, el clan Gómez Cerchar, del condenado Kiko Gómez; y Díaz Granados.
  • Cesar: Las familias Gnecco, Monsalvo y Araújo.
  • Bolívar: el clan García Zuccardi, campeón en condenas e investigaciones y la familia Araujo, del exministro Fernando Araujo.
  • Santander: la casa Aguilar, cuyo patrón, Hugo Aguilar, fue capturado esta semana y la casa Serpa, liderada por Horacio Serpa.
  • Antioquia: la de la familia Suárez Mira.
  • Tolima: la casa Barreto, del representante Miguel Ángel Barreto.
  • Huila: la de Hernán Andrade.
  • Boyacá: la de Ciro Ramírez.

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La MOE también resaltó que la firma del acuerdo de paz disminuyó los riesgos para las elecciones tanto en fraude electoral como de violencia en factores como la presencia de grupos armados ilegales, amenazas, asesinatos, secuestros y atentados a candidatos.

Sin embargo, algunos municipios como las cuencas del Baudó, San Juan, en el sur del Chocó o Catatumbo, en Norte de Santander, se siguen presentando riesgo extremo porque otros actores armados continúan disputándose las zonas que dejaron libres las Farc en su desarme.

Barrios además señaló en el diario que los líderes sociales que más enfrenten situaciones violentas son los que son “afines a los extremos del espectro político”, es decir “quienes pertenecen al nuevo partido FARC y al Centro Democrático”.