La ley 1675 del 30 de julio de 2013 tiene por objeto “proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido”. Sin embargo, la norma también incluye la posibilidad de hacer una alianza público privada para que una compañía cazatesoros recupere el pecio y obtenga una compensación de “hasta el 50 % del valor de los bienes (en este caso, en el galeón) que no constituyan patrimonio cultural de la nación”.
Es en este sentido que Ramírez subraya que se suspendió la licitación para buscar quién reflotara el contenido del pecio puesto que le garantizaba a la empresa que ganara “el derecho a quedarse con una parte muy significativa en especie del tesoro que se pudiera extraer”:
“Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pensamos que una vez se extraiga el galeón con todo su contenido hay que preservarlo en Colombia porque lo consideramos que es parte del patrimonio cultural colombiano”
Por otro lado, esa misma ley establece que forman parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas “las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio”.
Sin embargo, también indica que “no se considerarán patrimonio cultural sumergido” las “cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas”, así como los “bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes“.
Tal como está, la ley no le facilita el camino a Ramírez para que “cuando se extraiga” el galeón, su contenido permanezca “totalmente en Colombia como parte del patrimonio cultural” del país.
Es consciente de ello, pues reconoce que el caso, que está a cargo de su despacho, es “un tema de verdad muy delicado y de fondo”, puesto que “no se trata solamente del galeón San José”, sino que “se calcula que hay más de 800 navíos que están hundidos en aguas adyacentes” donde se encuentra el pecio.
Aún así, da a entender que buscará que el tema se modifique para que el Estado salvaguarde ese patrimonio: “Aquí no se trata de resolver solamente el caso de un galeón, se trata de tener una política de Estado que le garantice a nuestro país (…) que todo ese patrimonio cultural sumergido es de Colombia, que aquí no vamos a estar nosotros cambiando de criterios según cual sea el nuevo hallazgo o cual sea entonces el cazatesoros que le aparezca al Gobierno colombiano”, dijo a Efe.
El pasado 10 de junio el Gobierno prorrogó de nuevo y por cuatro meses la suspensión provisional del proceso de licitación para extraer el pecio, con lo cual las autoridades deberán tomar una decisión antes del 10 de octubre.
El galeón español fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).
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