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La Superintendencia Financiera de Colombia anunció que la tasa de usura para septiembre se ha fijado en un 25,01% efectivo anual (EA), lo que representa una leve reducción respecto al 25,17% establecido en agosto. Este ajuste se inscribe en una tendencia de aumento sostenido de los últimos meses, impulsada por diversos factores macroeconómicos y de política monetaria. La tasa de usura es el límite máximo legal que bancos y entidades financieras pueden cobrar por préstamos, evitando así que se incurra en el delito de usura. Según el Código Penal colombiano, se considera usura el cobro de una utilidad o ventaja que supere en más del 50% el Interés Bancario Corriente (IBC) establecido para cada período, una norma destinada a proteger a los usuarios frente a prácticas crediticias abusivas.
El IBC constituye el principal referente para determinar la legalidad de las tasas de interés aplicadas por las instituciones de crédito. Cualquier tasa que exceda en más del 50% el valor de este indicador puede acarrear consecuencias penales y administrativas, incluyendo multas elevadas e incluso penas privativas de la libertad. La aplicación de estos controles busca brindar mayor transparencia, equidad y confianza en el sistema financiero, facilitando que consumidores y pequeñas empresas tengan acceso a créditos en condiciones justas.
La evolución de la tasa de usura está estrechamente relacionada con la dinámica económica nacional e internacional. De acuerdo con el Banco de la República, factores como la inflación y la especulación sobre la estabilidad del sistema bancario inciden directamente en las tasas de interés y, por tanto, en los márgenes permitidos para el cobro de créditos. Cuando los costos generales de financiamiento aumentan, la tasa de usura también tiende a incrementarse, permitiendo que las entidades compensen riesgos y mantengan su viabilidad operativa.
El control efectivo de la usura tiene repercusiones significativas en la inclusión financiera y el bienestar económico. Según estudios de la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando estas tasas se mantienen moderadas, es más fácil para familias y pequeños negocios acceder a financiamiento formal, lo que incentiva el consumo, la inversión y el desarrollo económico. Por el contrario, tasas elevadas fomentan la informalidad crediticia, colocando a los consumidores en situaciones más vulnerables frente a prestamistas no regulados.




Además del marco penal, existen mecanismos administrativos que fortalecen la supervisión. La Superintendencia realiza inspecciones periódicas para asegurar que las instituciones crediticias respeten los topes establecidos. De detectarse irregularidades, se aplican sanciones económicas y se llevan a cabo campañas de educación para que los usuarios conozcan sus derechos y sepan identificar condiciones abusivas. Estas acciones se complementan con el monitoreo regular de los productos financieros ofrecidos.
En el contexto latinoamericano, Colombia destaca por una regulación estricta en comparación con países vecinos. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resalta que, en naciones como México y Perú, los límites legales de tasas de interés son más elevados, lo que refleja diferentes grados de desarrollo institucional y estrategias para abordar la usura. Sin embargo, el propio BID advierte que mantener tasas máximas muy altas puede llevar a un mayor grado de exclusión financiera, subrayando el potencial de la regulación colombiana como ejemplo para la región.
En definitiva, la fijación de la tasa de usura es una herramienta de política pública multifacética que involucra regulación, supervisión y formación ciudadana. Su correcta aplicación y ajuste futuro dependerán de la evolución macroeconómica y el fortalecimiento de las instituciones. Proteger a los usuarios financieros y asegurar el acceso a condiciones crediticias transparentes constituye un desafío permanente, crucial para el desarrollo económico y social del país.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué diferencia existe entre usura y un interés alto pero legal?
La diferencia central reside en los límites definidos legalmente por la autoridad competente. En Colombia, cualquier tasa de interés que no supere en más del 50% el Interés Bancario Corriente (IBC) se considera alta, pero legal. Si una entidad cobra una tasa que rebasa este umbral, incurre en usura conforme lo establece el Código Penal, lo que acarrea sanciones penales y administrativas. Este control es esencial para reducir abusos y evitar situaciones de sobreendeudamiento que pueden afectar tanto a familias como a pequeños negocios.
Comprender esta distinción ayuda a los consumidores a identificar prácticas legítimas frente a conductas indebidas. La educación financiera promovida por la Superintendencia Financiera contribuye a esta tarea, empoderando a la ciudadanía para tomar decisiones informadas y denunciar casos de usura.
¿Qué mecanismos de protección tienen los ciudadanos ante posibles prácticas de usura?
Los ciudadanos cuentan con distintas vías de protección ante la usura. La principal es la vigilancia de la Superintendencia Financiera, que supervisa periódicamente a las entidades para garantizar el respeto a la tasa máxima legal. Adicionalmente, cualquier persona puede denunciar a bancos o prestamistas que ofrezcan tasas superiores a la permitida, recurriendo tanto a la Superintendencia como a autoridades penales.
Además, existen campañas de educación y orientación diseñadas para que los usuarios reconozcan y eviten caer en préstamos abusivos, así como asesoría jurídica gratuita en casos de controversias crediticias. Estas herramientas fortalecen la cultura de legalidad y transparencia financiera en el país, según ha señalado la entidad supervisora en varios de sus reportes anuales.
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