La Superintendencia Financiera trabaja por estos días en los últimos ajustes de una reglamentación que fijará nuevas medidas para los préstamos y oferta de productos que consumo que tienen los bancos.

El objetivo de esta estrategia del ente regulador es reducir los montos que se aprueban para los créditos y, de esta forma, hacer frente a la inflación y a los problemas económicos que vive el país.

El cambio más importante que se viene tiene que ver con elevar el costo para los bancos y entidades que mantengan el ritmo de préstamos y desembolsos para créditos de consumo, entre los que están incluidos portafolios de libre inversión, libranzas, vehículo, rotativo y las tarjetas de crédito, entre otros.

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El producto más popular de los mencionados es la tarjeta de crédito. El tema se tocó en una asamblea reciente de los bancos en Cartagena, en donde el Gobierno les dejó claro a estas empresas que, si quieren seguir prestando a través de tarjetas, tendrán que pagar un costo más alto. Lo que no está claro aún es si dicho cobro lo terminarían pagando los mismos clientes.

La Superfinanciera alista este plan para que comience a funcionar, posiblemente, en 2023, y se busca que baje el nivel de endeudamiento de los hogares pues, según cálculos de esa misma entidad, la carga financiera pasó del 24 % en junio de 2020 al 26 % en ese mismo mes de 2021.

“El 45,07 por ciento de los deudores debía destinar al menos el 30 por ciento de su ingreso disponible a atender sus obligaciones con el sistema financiero”, asegura un informe de la Supefinanciera, citado por Portafolio.

En ese sentido, y con base en el plan del ente regulador, los montos que se aprueben para créditos y productos de consumo ligados a bancos y entidades financieras comenzarán a bajar a partir de 2023.