
Luego de idas y vueltas entre gremios y Gobierno Nacional, este 24 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunció el salario mínimo de 2025 en nuestro país.
El presidente indicó que este será de 9,50 % y quedará en 1’423.500 pesos (sin auxilio de transporte) y en 1’623.500 pesos (con ese auxilio incluido).
(Vea también: Petro decretó el salario mínimo para 2025 en Colombia: incremento sorprendió a muchos).
Después de dar el anuncio, Petro hizo referencia a que este es uno de los incrementos más elevados si se compara con la inflación registrada anualmente en el país, que fue del 5 %.
Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, fue más allá y agregó que en las semanas venideras se entregarán las listas de productos de la canasta básica desindexados del aumento del mínimo (productos que suben de precio, pero no tanto como el porcentaje del mínimo).




De esa forma, los colombianos que hagan mercado desde el próximo año gozarán un aumento tangible del mínimo, ya que los salarios suben y los elementos de la canasta básica se incrementarán en un porcentaje menor.
Otros gastos como el arriendo también pueden ser desindexados del mínimo y, por ende, subirán en el porcentaje proporcional de la inflación acumulada (IPC).
Cuáles son los productos que se desindexan del salario mínimo
La canasta básica incluye productos esenciales como alimentos, servicios públicos, transporte y otros bienes necesarios para la vida diaria. Sin embargo, no todos los bienes y servicios están sujetos a desindexación.
Entre los productos que suelen ser desindexados están ciertos alimentos como arroz, huevos, leche, carne, frutas y verduras, que tienen un impacto significativo en la economía de las familias de ingresos bajos y medios. La desindexación implica que los precios de estos productos no deben aumentar automáticamente en la misma proporción que el salario mínimo.
Servicios públicos también se pueden desindexar del salario mínimo
Además de los alimentos, también se pueden desindexar servicios relacionados con la educación, tarifas de transporte público y algunos costos asociados a servicios públicos domiciliarios como agua, gas y electricidad.
Esto permite controlar el costo de vida y evitar que los ajustes salariales sean contrarrestados por incrementos desmesurados en los precios de los productos esenciales.
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