En las últimas horas se dio a conocer parte del borrador del decreto de emergencia económica con el que busca asegurar la financiación del presupuesto de 2026, luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.
(Vea también: “Bajar los salarios”: Petro les cobraría a los congresistas por hundirle reforma tributaria)
La versión preliminar, conocida el 19 de diciembre de 2025, plantea una serie de medidas fiscales que impactarían a personas y empresas, con el objetivo de recaudar cerca de COP 16,3 billones.
Uno de los puntos centrales del borrador es el aumento temporal del gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4×1.000. Según el texto, que dio a conocer la W Radio, este impuesto pasaría de 4 por mil a 5 por mil durante el año gravable 2026, lo que incrementaría el costo de las transacciones bancarias tanto para ciudadanos como para el sector empresarial.
El documento también contempla la aplicación del IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar operados por internet, incluidos aquellos ofrecidos por plataformas extranjeras. Estos recursos, que tradicionalmente se destinan al sistema de salud, podrían utilizarse para atender otras obligaciones presupuestales en el marco de la emergencia económica.
Otra de las medidas planteadas es el aumento de los impuestos al consumo de licores, vinos y aperitivos, así como ajustes tributarios sobre cigarrillos y tabaco elaborado. Estas disposiciones tendrían vigencia a partir del 2026 y se sumarían a las cargas fiscales existentes.
El borrador incluye, además, un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con altos activos, cuya base se calcularía desde el 1 de enero de 2026, aplicable a empresas con patrimonios iguales o superiores a 40.000 Unidades de Valor Tributario (UVT). A esto se suma un impuesto especial para la estabilidad fiscal, dirigido a sectores como la extracción de hidrocarburos y carbón.
El texto aún no ha sido expedido de manera oficial y permanece sujeto a ajustes antes de su eventual promulgación. No obstante, el contenido conocido refleja la intención del Ejecutivo de recurrir a la figura de emergencia económica para cubrir el déficit fiscal y garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros del Estado en el próximo año.
#NoticiaW #Economía | En el borrador de decreto de emergencia económica, el Gobierno contempla subir el impuesto del 4×1000 a 5x 1000. Así también, pondría un impuesto a los licores, los vinos, los cigarrillos, entre otros. pic.twitter.com/gQwEWGn6G4
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 19, 2025
Gustavo Petro defiende emergencia económica y dice que afecta a “megaricos”
El presidente Gustavo Petro sostuvo que la emergencia económica decretada por su Gobierno apunta principalmente a los sectores de mayores ingresos y no a la población más vulnerable. Según explicó, las medidas incluidas en el borrador del decreto buscan corregir desequilibrios fiscales profundos y garantizar recursos para cumplir compromisos sociales, en un contexto marcado por el déficit del presupuesto de 2026.
“Ahora sí, se ponen pilas y corren a defender a los ‘megarricos’ de los impuestos. Pero salen corriendo, lejos de aquí, para subir el salario de los trabajadores”, indicó Petro frente a críticas sobre la medida.
Desde su perspectiva, el ajuste fiscal propuesto recae sobre lo que denominó “megaricos”, un grupo reducido de personas y empresas con alta capacidad económica. El mandatario señaló que estos sectores concentran buena parte de la riqueza del país y que, por tanto, deben aportar de manera proporcional para sostener áreas clave como salud, educación y subsidios sociales.
Petro también defendió el uso de la figura constitucional de emergencia, al asegurar que la situación fiscal presenta elementos excepcionales que requieren decisiones inmediatas. A su juicio, el bloqueo político en el Congreso de la República dejó al Ejecutivo con pocas alternativas para cubrir un faltante en el presupuesto nacional.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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