La Corte Constitucional dio un nuevo paso en su revisión de la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental en La Guajira, hecha por el presidente Gustavo Petro.
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En esta ocasión, tumbó otros dos decretos relacionados con agricultura, desarrollo rural y la focalización de recursos del Sistema General de Regalías, según comentó Semana.
Esos decretos se suman a la lista de nueve que ya habían sido anulados, así como a la cuestionada declaratoria en sí misma. La razón detrás de estas decisiones radica en la consideración de que, por su naturaleza y objetivos, deberían pasar por el proceso de tramitación en el Congreso de la República, según lo determina la Corte Constitucional.
El análisis de la Corte también sembró serias dudas sobre los alcances de la figura del “estado de emergencia” utilizado por el Gobierno en La Guajira. Luego de la revisión minuciosa de cada decreto y su correspondiente evaluación, el ente marcó un proceso significativo en la protección de los principios constitucionales en medio de la emergencia en la región.
La Corte Constitucional argumentó su decisión en que “los efectos de la decisión fueron diferidos por un año respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”.
En esa decisión, la Corte precisó que los decretos de medidas adoptados deberían ser revisados a partir de los criterios de conexidad y estricta necesidad, entre otros criterios constitucionales y jurisprudenciales”, se lee en la decisión de la Corte.
Luego del nuevo resbalón de Petro con su declaratoria de emergencia económica en La Guajira, en este momento la Corte solo deberá revisar dos decretos más expedidos por el presidente para dar por terminado su trabajo.
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