Lo que empezó como rumor y luego como promesa de campaña, ahora es realidad: el Gobierno Petro, en el articulado de su reforma tributaria, quiere gravar las pensiones altas de Colombia.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, precisó cuando expuso el proyecto de ley que ningún pensionado que gane $ 10 millones o menos, solo por ese concepto, va a pagar impuesto de renta de personas naturales. Solo lo harán quienes ganen más de ese tope.
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Entonces para el caso de los pensionados, el tope de la renta exenta actualmente es de 12.000 Unidades de Valor Tributario ($ 456.048.000), que pasaría a 1.790 UVT ($ 68.027.160). Cabe apuntar que, según el texto, solo el 1 % de los pensionados contribuiría al impuesto de renta a personas naturales.
El articulado lo reseña así: “Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales estarán gravadas solo en la parte del pago anual que exceda de 1.790 UVT”.
Hay que recordar que, actualmente, el sistema tributario tiene un tratamiento teórico exento-exento-gravado sobre las pensiones, es decir, que las pensiones están exentas en el ahorro, exentas en los rendimientos financieros y están gravadas al momento de recibir las prestaciones sociales en sus mesadas pensionales.
Sin embargo, en la práctica las pensiones colombianas tienen beneficios anuales, lo que hace que tengan un tratamiento preferencial y se conviertan en exento-exento-exento. “Este beneficio tributario deteriora la equidad horizontal del impuesto, toda vez que la carga tributaria para una persona natural no pensionada es considerablemente distinta a la de un pensionado”, dice el articulado.
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Con base en lo anterior, esto implica que las pensiones inferiores a $ 38 millones mensuales ($ 494 millones anuales) tienen una tarifa efectiva de tributación de 0 %, mientras que un asalariado con un ingreso anual equivalente tiene una tarifa efectiva de tributación teórica de 14,6 %.
Debido a este tratamiento, en la práctica, el Gobierno nacional no solo subsidia las pensiones bajo el sistema de reparto, sino también las del esquema de ahorro individual.
El economista Germán Machado, docente y magíster en Economía, explica que Colombia tiene muy pocos pensionados y casi todos son del grupo de más altos ingresos del país. De los 6,5 millones de adultos mayores en el país, solo 1,6 millones gozan de pensión.
“A pesar de eso, los subsidios a ese grupo favorecido son mucho más grandes que los programas de superación de la pobreza, lo que es inaceptable. El gasto en pensiones en Colombia empeora la desigualdad porque ayuda más a quien menos lo necesita”.
Para arreglar eso, Machado sostiene que surge la propuesta de cobrar un impuesto a las personas con pensiones más altas. Dice que es una buena idea que el grupo que pertenece al 1 % de más altos ingresos en pensiones contribuya con impuestos.
“No hay que olvidar que todas las pensiones superiores a $10 millones reciben subsidios a cargo de todos los colombianos, incluso en el régimen privado. En ese sentido, un impuesto a las pensiones altas ayudaría a mejorar la distribución del ingreso y a corregir parte de los errores del sistema pensional”.
Lo mismo opina, Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales, quien considera que la propuesta de gravar las pensiones superiores a $ 10 millones es viable y necesaria.
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“El impuesto va en línea con las políticas de los países más desarrollados de la Ocde, como Canadá, Chile, Alemania, Japón, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros, que cuentan con un esquema de tributo sobre el beneficio (la mesada pensional). Ahora bien, si lo analizamos desde la óptica del gasto fiscal, el pretendido impuesto tiene mayor validez, ya que la inmensa mayoría de pensiones en Colombia (incluidas las AFP) cuentan con un subsidio a cargo de la Nación”, explicó Izquierdo.
Para el experto, este es un paso correcto hacia la justicia tributaria. Asimismo, frente a las equivocadas interpretaciones, donde se asegura que serán gravadas las pensiones de más de $ 5 millones, explicó lo siguiente: el impuesto aplicaría desde 2023, con una UVT de referencia de $ 41.805. La renta exenta se limita a 1.790 UVT año ($ 74.830.950), adicional se debe tener en cuenta las 1.090 UVT ($ 45.567.450), con tarifa marginal de 0 %, que prevé el artículo 241 del Estatuto Tributario.
“En consecuencia, al sumar lo anterior, tenemos una base exenta equivalente a 2.880 UVT ($ 120.398.400) por año, lo anterior implica que en 2023 estarían gravadas las pensiones cuyo valor mensual sea igual o mayor a $ 10.033.200”.
De esta manera, cerca de 16.700 personas tendrían que pagar este impuesto, de las que 16.004 pertenecen a Colpensiones y 700 a las Administradoras de Fondos de Pensiones o fondos privados.
Tras el cruce de versiones en redes sociales, si el gravamen era para pensiones de $ 5 millones o de $ 10 millones en adelante, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, salió a aclarar la confusión de las personas y en declaraciones recogidas por Semana destacó que, en efecto, los ajustes serán desde los $ 10 millones en adelante.
El funcionario recalcó que los $ 5,2 millones son una renta exenta y de allí en adelante sí se empiezan a aplicar tarifas diferenciales para pagar el impuesto.
De modo que la primera tarifa de renta es de 0 % y con los ajustes de la reforma aplicaría para quienes reciben hasta $ 10 millones por parte de su fondo de pensiones al mes.
Así las cosas, este grupo no tendría que pagar un peso del impuesto en cuestión y, como prometió el Gobierno, la cosa sí cambiaría desde $ 10 millones en adelante.
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