Con esto, el presidente quiere consolidar los esfuerzos para superar el “desafío más grande de evitar que la pandemia del coronavirus destruya el camino” que el país ha recorrido “para cerrar las brechas sociales”, como lo indicó ayer durante la instalación del tercer período de sesiones ordinarias del Congreso.
Algunos de los proyectos llegan al legislativo con mensaje de urgencia dadas las circunstancias que atraviesa el país por la COVID-19, el aumento de la violencia intrafamiliar durante la cuarentena vigente desde marzo por la pandemia y los recientes casos de abuso sexual contra menores de edad, pues se espera fortalecer los mecanismos que tienen los ciudadanos para acceder a la justicia.
Reactivación económica
El Gobierno tiene listo un proyecto para impulsar el emprendimiento, el crecimiento y la consolidación de las mipymes con el que espera “avanzar en medidas que faciliten la reactivación económica de las empresas, la creación de nuevos emprendimientos y la actividad emprendedora”.
El proyecto incluye una reducción de cargas y trámites para los emprendedores y mipymes del país, generar mayores oportunidades para ellos en el mercado de compras públicas y otorgar beneficios tributarios para microempresas.
Además, para aliviar las obligaciones financieras y no financieras de pequeños y medianos productores del sector agro afectados por fenómenos sanitarios y otros no controlables, el Gobierno presentó el programa Alivios a Obligaciones Financieras con el que se beneficiarán miles de deudores.
Fortalecer la justicia
El Gobierno planteó también la creación de “una disciplina que permita que haya jueces especializados para que resuelvan adecuadamente los conflictos que se presenten en el sector rural“.
Esa especialidad agraria está pensada y dirigida para los campesinos del país que viven en la ruralidad y “que no han contado con un juez que entienda sus carencias y sus conflictos sobre la tierra”.
Además el Ministerio de Justicia planteó el estatuto de conciliación, una iniciativa que busca constituir un solo cuerpo normativo en materia de conciliación extrajudicial.
De la misma manera, el Ejecutivo presentó una reforma a las Comisarías de Familia para que estas “se dediquen exclusivamente a prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de quienes son víctimas de violencias en el contexto familiar y de pareja”.
Por su parte, los ministerios de Minas y Energía; Justicia; Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Defensa propusieron la erradicación de la explotación ilícita de minerales para “fortalecer los instrumentos jurídicos existentes y generar las herramientas necesarias para controlar este ejercicio ilegal”.
Además, el Ejecutivo ratificó el Acuerdo de Escazú con el que, asegura, quiere fortalecer los mecanismos existentes y ratificar su compromiso con la democracia ambiental, la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo sostenible.
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