A raíz de la posible entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024 que establece el nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Asofondos solicita a la Corte Constitucional un tiempo prudente para evitar un impacto económico negativo en las finanzas del país. Esta solicitud surge a causa del traslado de más de 110,000 afiliados desde las administradoras privadas hacia Colpensiones, lo que según Asofondos podría tener efectos fiscales y financieros graves, como lo informó Blu Radio.
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De acuerdo con Asofondos, “una transferencia inmediata a Colpensiones de cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados podría provocar una masiva liquidación de activos con efectos fiscales y financieros graves”. Esta situación, podría provocar un alivio fiscal temporal y liberar fondos presupuestales para otros usos en el corto plazo, pero a largo plazo podría amenazar la sostenibilidad del sistema pensional y la estabilidad fiscal, como lo mencionó su presidente Andrés Velasco en la citada emisora.
La Ley 2381 de 2024 establece un Sistema de Protección Social Integral que combina protección para vejez, invalidez y muerte, además de ser un sistema colectivo sostenido por los aportes de trabajadores, empleadores y fondos públicos. Esta ley, que inició oficialmente el primero de julio de 2025, con ciertas restricciones, busca mejorar y ampliar la cobertura del sistema de pensiones colombiano.
Es importante resaltar que mientras se debaten las implicaciones de la entrada en vigencia de la ley, existen más de 110,000 usuarios que se beneficiarían de un fallo a favor por parte de la Corte. Sin embargo, Asofondos solicita que el proceso sea gradual y ordenado para evitar desequilibrios financieros, al evitar una transferencia masiva de recursos entre los Fondos Privados de Pensiones y Colpensiones.
En ese sentido, Velasco también aclaró lo que pasará con el pilar solidario o bono pensional de 230.000 pesos que el Gobierno dará a más de 3 millones de viejos en Colombia. El funcionario explicó si eso depende o no de la aprobación de la reforma pensional.
“Con respecto al pilar solidario hay que hacer una claridad que ese es un programa del Gobierno, eso no está en el ámbito pensional, por lo tanto no depende de la reforma, el bono solidario es un auxilio que se promete de 2 dólares al día para personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, que es 230.000 pesos al mes, eso cuesta 7 billones al año, 6 de esos 7 corresponden al presupuesto general de la nación y un billón depende de un fondo de solidaridad que se crea con las cotizaciones que hacemos las que tenemos altos ingresos. El bono es una decisión del Gobierno y del trámite del presupuesto en el Congreso, Prosperidad tiene 10 billones de pesos asignados”, indicó en el informe periodístico.
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