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Pasados casi tres meses desde que la Cancillería declaró desierto el proceso de licitación para la elaboración de pasaportes en Colombia, cuyo valor era de $599.000 millones, este jueves se desarrollo la audiencia de conciliación solicitada por Thomas Greg y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el proceso se pospuso y se retomará el 15 de diciembre.
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Durante la audiencia, en la que no participó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Thomas Greg propuso retirar como pretensión la suma de $ 10 mil millones de indemnización por consecuencia de los perjuicios y el daño reputacional, “siempre y cuando que la Cancillería y su fondo rotatorio acceden a revocar el acto administrativo que declaró desierta la licitación de pasaportes y permiten la ejecución del contrato por la Unión temporal como único oferente con puntaje favorable”, dijo la Procuraduría.
Según el ente de control, la multinacional propuso otras variables que, cuantificadas sumarían $3.710 millones de a favor de la Cancillería, distribuidos en un grupo de bienes de activos que a la fecha se encuentran en comodato y que tendrían que ser retornados por el Ministerio a la Unión Temporal, consecuencia de la ejecución y cumplimiento de obligaciones del contrato al declararlo desierto, por una suma de $ 12.388.404.
La segunda variable, de acuerdo con la Procuraduría, pretende otorgar un mes de servicio de formalización sin costo alguno. “Es decir si se autoriza la ejecución del contrato se entregaría un mes del servicio. De acuerdo con Thomas Greg, el promedio de formalizaciones que se hacen por mes es de 45 mil, y cada una está tasada en $7.973 pesos, lo que sumaría $358.785.000”, declaró.
El Ministerio Público declaró que en la propuesta también se incluye habilitar de manera permanente la planta de contingencia ubicada en Miami, ofrecimiento que se da por la alta demanda de pasaportes que existe en Estados Unidos. “Permitir la operación de dicha planta tiene un costo de $3.000 millones”, indicó.
Por último, para que la Cancillería pueda tener una mayor disposición de documentos de identificación de los ciudadanos colombianos en el exterior, ofrecen 5000 libretas adicionales a las pactadas en el contrato, por $339.175.000.
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Por su parte, la Cancillería dispuso llevar dicha propuesta al Comité de Conciliación del Ministerio y su fondo rotatorio, en el cual se debatirá la posibilidad de estudiar este camino para una conciliación.
La Procuraduría consideró que “se evidencia ánimo conciliatorio e instó a las partes a que con su apoyo, continúen en la búsqueda de fórmulas de arreglo, y recordó su deber constitucional velar porque el acuerdo no vaya a afectar el patrimonio público ni el orden jurídico, ni los derechos ni las garantías fundamentales”.
A su vez, señaló las labores de vigilancia preventiva que hizo la Procuraduría a la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores en el trámite y expedición de pasaportes en desarrollo del Contrato, que cursa en la Delegada Disciplinaria, así como el pronunciamiento de advertencia que hizo hace más de 4 meses la Contraloría General de la República.
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