Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por Santiago Avila   Nov 29, 2023 - 1:55 pm
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Este jueves, la Cancillería decidirá si concilia o no con la empresa Thomas Greg & Sons, que reclama una indemnización de $ 117.000 millones por los perjuicios que le habría generado el Gobierno al declarar desierta la licitación de pasaportes. En dicho proceso, la firma era la única oferente, razón por la cual el Gobierno optó por abrir uno nuevo, argumentando la necesidad de transparencia.

Aunque los asesores del canciller Leyva y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado recomiendan conciliar con Thomas Greg, él opina lo contrario, pues asegura que ese no es el deseo del presidente Gustavo Petro. Incluso, según Caracol Radio, Leyva habría dicho que si la demanda se pierde y él debe responder, seguramente para ese momento ya estará en la tumba.

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El presidente Petro se refirió al tema en su cuenta de X y aunque no habló directamente de la decisión de conciliar, se mostró firme en la decisión de declarar como desiertas ese tipo de licitaciones.

Las licitaciones de un solo proponente no van en mi administración. Si alguien gana que sea por competencia, en esta administración no hay derechos heredados”, dijo.

Según Petro, la orden fue abrir un nuevo proceso licitatorio “limpio y sin fórmulas que lleven a un solo proponente predeterminado”. Sobre este punto cabe resaltar que, según la Cancillería, ya hay 19 firmas que buscan participar en el proceso, las cuales debieron entregar ayer sus cotizaciones.

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El viceministro Francisco Coy ya les entregó los anexos confidenciales necesarios. Entre las empresas interesadas están Sonda, Sertacen, Graphic Security Systems Corporation, Imprimarie Nationale, FMA Secure Limitada, INCM, Cadena, Thales Colombia, Rolland Impresores, Intexus, Data File, Veridos, Muehlbauer, Accesos, Holográficos, la Imprenta Nacional de Colombia y Thomas Greg.

Cabe recordar que esta última empresa también maneja actualmente la elaboración de los pasaportes y visas, ya que, tras el vencimiento del último contrato y la declaración desierta de la licitación, el Gobierno declaró urgencia manifiesta y firmó un acuerdo con ellos hasta el 2 de octubre de 2024.

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