El Gobierno nacional extenderá la declaratoria de emergencia económica, luego de que este viernes se cumpla el primer mes de vigencia de la medida adoptada mediante el decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Con esta decisión, el Ejecutivo mantiene la facultad excepcional de expedir decretos con fuerza de ley, incluidos aquellos que contemplen la creación o modificación de impuestos.
La normativa vigente permite que la emergencia económica se prolongue hasta por 90 días, plazo dentro del cual el Gobierno puede adoptar medidas extraordinarias para atender la situación fiscal. Hasta ahora, la administración ha expedido un decreto que declara la emergencia, otro que establece nuevos gravámenes a sectores como juegos de suerte y azar en línea, licores, patrimonio e hidrocarburos, y una disposición adicional para aumentar las tarifas de energía.
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Según lo expuesto por el Gobierno, con estas decisiones se espera recaudar cerca de 12 billones de pesos. Esta cifra queda por debajo de los 16 billones que se proyectaban obtener mediante la reforma tributaria que no prosperó en el Congreso, lo que explica la insistencia del Ejecutivo en acudir a las facultades excepcionales que brinda la emergencia económica.
El decreto que dio origen a la declaratoria expuso múltiples razones para justificar la medida. Entre ellas figuran la obligación de acatar un auto de la Corte Constitucional relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, así como la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana ante alteraciones del orden público y el aumento del riesgo por atentados contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos en el contexto electoral.
La medida ha sido objeto de críticas y ya el vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, confirmó que el pasado 21 de enero la entidad remitió a la Corte Constitucional el concepto técnico solicitado sobre el decreto de emergencia. Zuluaga precisó que el documento no evalúa la legalidad del acto, sino que expone la magnitud de la crisis de caja.
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