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Durante más de 90 días, el Ministerio de Agricultura y los gremios arroceros han estado en conversaciones sobre la necesidad de mantener o no el incentivo al almacenamiento al grano. Mientras que el Gobierno plantea que dicho mecanismo no sirvió como instrumento para planificar las siembras, los industriales y productores aseguran que es la única herramienta para tener un precio justo, al menos en el corto y mediano plazo.
La polémica comenzó la semana pasada, luego de que, tras el Consejo Nacional de Arroz, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, anunció que era necesario avanzar en la implementación del plan de ordenamiento productivo para hacer el desmonte definitivo del incentivo al almacenamiento del arroz.
(Vea también: Gobierno da buena noticia de fin de año a agricultores: aún pueden inscribirse a beneficio)
Mojica anunció que, de cara a lograr una intervención articulada, el Mininisterio de Agricultura dispuso de cerca de $ 20.000 millones para poder ayudar a apalancar la cosecha y el excedente que se advierte especialmente en la región de los Llanos Orientales.
Durante 2022 se destinaron $ 25.000 millones para el incentivo al almacenamiento arrocero, y se pagaba $ 31.800 por tonelada de arroz paddy seco o sus equivalentes en arroz blanco. Según Andrés Valencia, exministro de Agricultura, la idea con esta decisión era almacenar 200.000 toneladas para productores de arroz y más de 20.000 toneladas adicionales para los productores de semilla”.
Aunque ambas partes han estado abiertas al diálogo, las reacciones no se hicieron esperar, y Fedearroz aseguró que esta problemática amenaza la estabilidad del empleo rural en 216 municipios, la generación de ingreso para 500.000 familias y la soberanía alimentaria del país.
De hecho, el pasado martes 26 de junio la organización Dignidad Agropecuaria Colombiana (DAC) convocó a los actores del sector a manifestarse ante la “ausencia de política pública diferente al incentivo del almacenamiento que pueda solucionar la situación coyuntural de comercialización con precios justos, ligado a una lentitud angustiante del MinAgricultura”.
Óscar Gutiérrez, director de la DAC, dijo que “le solicitan al Gobierno garantizar un incentivo al almacenamiento que le permita a los productores no perder plata. Ese costo alguien lo tiene que pagar y pedimos que ayuden con ese incentivo. Hagamos una política estructural que permita resolver esa estacionalidad”.
Desde La Guajira, la jefa de la cartera dijo que, junto a Fedearroz e Indoarroz, acordaron activar de manera permanente la mesa de fijación de precios piso para guardar el excedente de las cosechas, luego de “dos semanas de analizar la situación, y atendiendo a los llamados de los gremios”.
Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, dijo que “si el Idema hubiera comprado parte de la cosecha del arroz cuando fue liquidado habría costado $125.000 millones, pero con el incentivo al almacenamiento solo fueron $7.000 millones”.
La historia detrás del mecanismo de pago al almacenamiento de arroz
El incentivo al almacenamiento fue una herramienta que nació a mediados de 1990, cuando fue desmontado el Instituto de Mercadeo Agropecuario (Idema) y que reemplazó las funciones de dicha entidad.
La función de este incentivo es simple: sacar del mercado el excedente temporal que se genera por la estacionalidad de la cosecha.
Con este mecanismo, el Gobierno le paga a quien guarde el arroz, en este caso los industriales, cooperativas y algunas personas que lo guardaban en el momento de la cosecha grande, que es entre agosto, septiembre y octubre.
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