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El Ministerio de Hacienda de Colombia ha convocado a los gobernadores de todo el país a una reunión programada para el lunes 19 de enero. Esta cita, que tendrá lugar desde las 8 de la mañana en la sala Antonio García Nossa en la sede del ministerio en Bogotá, tiene la finalidad de abordar las inquietudes surgidas tras la reciente declaración de emergencia económica decretada por el Gobierno nacional, según lo informó el propio ministerio.
El encuentro fue motivado luego de que 17 gobernadores comunicaron públicamente su negativa a implementar el Decreto 1474 de 2025, instrumento legal mediante el cual se formalizó la emergencia económica. De acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos (FND), entre los mandatarios que expresaron su rechazo se encuentra Juan Miguel Galvis Bedoya, gobernador del Quindío, quien resaltó la relevancia de los temas discutidos en la reciente reunión de los gobernadores asociados en la FND.
Según Galvis Bedoya, los temas centrales abarcaron los cambios tributarios estipulados en el citado decreto, como el incremento del impuesto al consumo para licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado; asimismo, se revisó el impacto sobre los peajes, las concesiones viales y la situación del sistema de salud. El mandatario explicó que estas decisiones no solo afectan los ingresos tributarios departamentales –de los cuales casi la mitad proviene de este gravamen– sino también la financiación de sectores esenciales como salud, educación y deporte en las regiones.
En un documento dirigido a la opinión pública, los gobernadores manifestaron que la eventual afectación a sus ingresos representa un riesgo para la estabilidad de estos servicios regionales. Particularmente, el Decreto 1474 de 2025 determinó que el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) para licores, vinos y aperitivos, sin incluir a la cerveza, aumentara del 5 % al 19 %, encareciendo así estos productos para los consumidores. Además, estipuló un componente ad valorem del 30 % sobre el precio al público para bebidas como whisky, aguardiente, brandy y ron, con consecuencias directas en la economía de los departamentos y de la ciudadanía.
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, enfatizó que la posición de los mandatarios no obedece a actos de desorden, sino a la defensa de recursos fundamentales asignados constitucionalmente a las entidades territoriales. Alertó sobre la disminución de rentas por contrabando y elevó la preocupación por la sostenibilidad financiera del régimen subsidiado de salud, tomando como ejemplo la caída del 40 % en la renta de su departamento.
En respuesta a las preocupaciones, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, sostuvo que el decreto respeta la autonomía tributaria y garantiza que los recursos seguirán destinándose a educación, deporte y salud. Guevara citó un estudio del Banco Mundial de septiembre de 2024, que concluyó que los incrementos impositivos no ponen en riesgo las finanzas departamentales.
Por otro lado, la posibilidad de eliminar los peajes fue objeto de inquietud por parte del gobernador Galvis Bedoya, quien opinó que tal decisión podría afectar gravemente al Eje Cafetero, especialmente considerando las deudas pendientes del Gobierno central y los casi treinta años de sostenimiento de las vías regionales por concesión. También subrayó la importancia de estos recursos para municipios de Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac) como Génova, Pijao y Salento.
Finalmente, el gobernador insistió en la necesidad de una regulación racional de tarifas y concesiones, en vez de medidas improvisadas que pondrían en peligro el desarrollo regional. El debate entre el Gobierno nacional y los mandatarios locales se mantiene abierto y será el eje central de la reunión del próximo lunes, de la cual se esperan definiciones sobre el futuro de las finanzas territoriales y los servicios públicos en las regiones.
¿Qué implica la figura de emergencia económica decretada por el Gobierno nacional?
La declaratoria de emergencia económica es una herramienta prevista en la legislación colombiana que permite al Ejecutivo tomar medidas excepcionales y temporales para afrontar situaciones que amenacen gravemente la estabilidad económica del país. Esta figura habilita la expedición inmediata de decretos con fuerza de ley, aplicables a temas fiscales y financieros considerados urgentes.
En el contexto actual, los gobernadores cuestionan si el uso de la emergencia económica para modificar elementos estructurales como los impuestos a licores o los peajes responde a una verdadera situación de gravedad nacional o si, por el contrario, termina desbalanceando la autonomía tributaria regional y afectando recursos esenciales para la prestación de servicios a las comunidades.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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