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Fiscales del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht imputaron a un grupo de exfuncionarios y a un contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y a un interventor por su presunta participación en actos irregulares detectados en cuatro otrosíes hechos al contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010, que tenía por objeto la construcción del tramo II de la Ruta del Sol.
La Fiscalía afirmó que imputó a estas personas, de acuerdo con su rol y posible participación en los hechos investigados, los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Los procesados no aceptaron los cargos.
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“Los elementos de prueba dan cuenta de que actuaron de manera colectiva y avalaron los estudios de conveniencia, sustentación, valoración y presentación de actas de convalidación de los otrosíes N°3 del 15 de julio de 2013, que contrató los diseños para el tramo Ocaña – Gamarra; N°6 del 14 de marzo de 2014, que incorporó la obra Ocaña – Gamarra y cambió la forma de pago; N°7 del 14 de mayo de 2014, que también modificó en dos partes la forma de pago; y N°9 del 4 de diciembre de 2015, que varió cinco aspectos relacionados con el desembolso del dinero”, afirmó el organismo.
Y agregó que, con estas actuaciones, los exfuncionarios, contratista y el exinterventor habrían desconocido el objeto del contrato de concesión original y permitieron que se incluyera una nueva vía que no tenía relación ni conexión física con el proyecto ‘Ruta del Sol II’.
De esta manera, según el ente acusador, al parecer, fueron vulnerados principios esenciales como planeación, transparencia, selección objetiva, responsabilidad y economía, pues se encontró que fueron destinados en favor del concesionario contratista, del cual hacía parte la multinacional brasileña Odebrecht, $3.177 millones para los estudios y diseños de la obra Ocaña – Gamarra. Estos dineros fueron asegurados con vigencias futuras sin las autorizaciones del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
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“Asimismo, está acreditado que se ocasionaron perjuicios al Estado, en el entendido de que se incrementó el presupuesto original y fueron girados anticipos para brindar flujo de caja al concesionario”, anotó la Fiscalía.
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Los investigados son Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno; María Clara Garrido Garrido, exvicepresidente Administrativa y Financiera; Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de Estructuración; Yasmina del Carmen Corrales Paternina, exsupervisora del contrato de concesión; José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carreteros; Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros; David Leonardo Montaño García, experto GGC2; Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual; Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero (contratista); César Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos; y Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.
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