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Luego de una audiencia de imputación que necesitó tres sesiones, 11 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani) no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía sobre los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos e interés indebido en celebración de contratos.
El ente acusador los señala por avalar irregularmente varios otrosíes que ampliaron la polémica Ruta del Sol II.
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“Ello por cuanto, según lo informado a este estrado judicial, los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, Ani, y el interventor, en ejercicio de sus funciones, impusieron sus voluntades de forma dolosa para proyectar, revisar, aprobar e incorporar cuatro otrosíes que modificaron sustancialmente el contrato de concesión”, precisó la jueza 34 de garantías.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, entre 2013 y 2015 los 11 imputados “actuaron desconociendo las normas contractuales”, señaló la juez. Con ello, presuntamente se favoreció la adición del tramo Ocaña (Norte de Santander)-Gamarra (Cesar) a la Ruta del Sol.
Los imputados tuvieron, según las autoridades, injerencia en la aplicación de los otrosíes 3, 6, 7 y 9. Tales documentos significaron una mera añadidura en el tramo vial, aunque, como indicó la jueza, “en realidad era una obra que no tenía el mismo objeto de la Ruta del Sol”, por lo que tenía que iniciarse otro proceso de licitación.
El tramo Ocaña-Gamarra ha sido de los que más ha llamado la atención de la justicia dentro del caso Odebrecht. Por ejemplo, el 6 de julio de este año, la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, recibió formalmente su imputación por la misma vía.
Álvarez-Correa, quien no aceptó cargos, dio el aval para que se acreditasen los otrosíes 3 y 6 aunque, como se argumentó en julio y en la audiencia de hoy, debía adelantarse un nuevo proceso de contratación.
Además, se debía buscar autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica (Conpes), algo que no hicieron la exministra ni los imputados de la ANI y de lo que se llamó la atención este martes.
Para dar apariencia de legalidad a ese incumplimiento, el otrosí número 6 estableció una cláusula de ejecutoria. Con ella se dijo, en términos simples, que el tramo Ocaña-Gamarra cumplía con los requisitos del Conpes y Confis porque originalmente la Ruta del Sol los cumplía.
“Los otrosíes 3 y 6 habilitaron claramente la adición de un nuevo proyecto sin tener en cuenta que este proyecto se encontraba localizado en un corredor vial diferente a la Ruta del Sol”, apuntó el fiscal del caso, Andrés Mauricio García.
En la imputación de hoy contra los exfuncionarios de la Ani, también se tuvieron en cuenta los otrosíes 7 y 9, con los que se modificó el contrato de concesión 001. Con ellos, se cambió la forma de pago “en claro beneficio del concesionario Ruta del Sol, desconociendo los parámetros contractuales que generaron la génesis del contrato 001”, dijo la togada de garantías.
El propósito, presuntamente, fue “habilitar un flujo de caja para el concesionario, soportado en excedentes de responsabilidad, porque, al parecer, no contaban con un soporte válido”.
La forma de pago se cambió en dos ocasiones, justo en el momento en que el concesionario “estaba presentando atrasos en la obra”, de acuerdo con análisis técnicos. Aun así, los imputados avalaron que se le diera “oxígeno al flujo de caja”, con lo que “se apartaron de su deber como servidores públicos y dirigieron su voluntad a favorecer los intereses del concesionario en contra de los intereses del Estado en cabeza de la Ani”, añadió la jueza al explicar la imputación de la Fiscalía.
Los 11 imputados se intervinieron como parte del comité contractual de la Ani, del que eran asesores. Además, “esta actuación, presuntamente irregular, fue avalada por el interventor de la obra”.
De acuerdo con la Fiscalía, las características del sector Ocaña-Gamarra “no corresponden al contrato de concesión”, porque se trató realmente “de un tramo completamente diferente a la Ruta del Sol”, insistió la directora de la audiencia.
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En la lista de 11 imputados se encuentran Camilo Mendoza Rozo, vicepresidente de gestión contractual de la ANI y experto adscrito a la presidencia de la misma Agencia, donde estaba Luis Fernando Andrade, quien actualmente se encuentra en juicio por el escándalo de Odebrecht y se le imputará un nuevo cargo por enriquecimiento ilícito.
Además, están María Clara Garrido, exvicepresidenta administrativa y financiera; Beatriz Eugenia Morales, exsubgerente de estructuración y adjudicación; César Augusto Peñaloza, exgerente de proyectos; Yasmina del Carmen Corrales, exsupervisora del contrato de concesión; José Andrés Torres, exingeniero de proyectos y exgerente de proyectos, parte del despacho de la presidencia de la Ani, entre otros.
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