La petición de extrabajadores, empresarios y ciudadanía cesarense de que el Gobierno reactive las minas ‘La Jagua’ y ‘Calenturitas’, operadas anteriormente por el Grupo Prodeco, es cada vez más constante.
Organizaciones sindicales y fundaciones radicaron un derecho de petición a la Agencia Nacional de Minería (ANM), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, para que reinicie la explotación de carbón en estas zonas de La Jagua de Ibirico.
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La ANM aceptó la renuncia de Prodeco a los títulos mineros en esta parte del país en 2021, cuando las actividades a cielo abierto de esta filial de la compañía suiza Glencore iban hasta el 2035.
El oficio también fue enviado a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Trabajo, así como a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, con alrededor de 12.000 firmas que respaldarían la solicitud, según anunciaron.
La fundación ‘Trabajamos Juntos’ es una de las organizaciones que apoya la reapertura de las minas; su director, Jammer Trillos, dijo a EL PILÓN que la razón del reclamo “es que hay en el limbo 20.000 empleos entre directos e indirectos”.
El extrabajador de la empresa Drummond agregó que el Gobierno “no tiene voluntad” para solucionar este problema jurídico, socioeconómico, ambiental y social en el centro del Cesar.
“El mismo Gobierno es apático a las explotaciones mineras. El Cesar no se puede dar el lujo de dejar enterradas millones de toneladas de carbón cuando es un departamento pobre y dependiente de esta actividad”, expresó el abogado en formación.
Alexander Salazar, uno de los líderes de la recolección de firmas, dijo a este diario que “la medida cautelar es contra Prodeco para que cumpla con los pasivos ambientales y sociales, pero no impide la reapertura con otro operador”.
De acuerdo con Salazar, junto con otros ciudadanos contemplan interponer una acción de tutela “para que la honorable Corte Constitucional ordene la reapertura de las minas”.
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El miembro de la cooperativa Cooagrominería agregó que la “congelación” de la reanudación estaría afectando derechos constitucionales como el de el mínimo vital, es decir, la garantía de que las poblaciones tengan las condiciones básicas e indispensables para la supervivencia “digna”.
EL PILÓN entrevistó al presidente de la ANM, Álvaro Pardo, sobre el particular el pasado 9 de diciembre, y el funcionario aseguró que “no hay una decisión definitiva”.
El contrato de Prodeco con la nación está en fase de liquidación, pero falta que la empresa cumpla con algunas obligaciones ambientales y sociales.
“La única forma de liquidar los contratos es que la empresa esté al día en todos los aspectos que exige la ley. El contrato dice muy claramente que Prodeco tiene que entregar las minas en condiciones operativas”, explicó Pardo.
No obstante, el economista puntualizó que el Gobierno “está estudiando opciones sobre qué hacer con esas minas”, pero que los anuncios al respecto serían cuando culmine el proceso con la saliente empresa extractiva.
“Lo más importante para el Gobierno es llegar a un gran acuerdo con todas las comunidades y trabajadores que se han visto damnificados con la devolución de los títulos de Prodeco para encontrar caminos que nos permitan ir rompiendo la dependencia al carbón y buscar alternativas productivas que le generen ingresos y tranquilidad a los habitantes del departamento del Cesar”, fue la conclusión del especialista en Derecho Minero-Energético.
Susana Muhamad, jefa de la cartera nacional de Ambiente, fue una de las tres ministras que asistió al Diálogo Social ‘Corredor de Vida del Cesar’ el 21 de diciembre en La Jagua de Ibirico.
La noche anterior al evento, esta casa editorial también le preguntó a la politóloga sobre el futuro de las minas que dejará Prodeco, y la funcionaria afirmó: “Fuimos muy claros en que tenemos un problema jurídico porque hay una medida cautelar que no permite abrir la mina”.
Muhamad aseveró que mientras todo eso se resuelve, la propuesta de la administración central es “empezar ya a trabajar para reactivar la economía de la región”.
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