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La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) ha encendido una señal de alerta frente al proyecto de decreto promovido por el Gobierno nacional que busca reprogramar las vigencias futuras, un mecanismo financiero clave para la viabilidad de los grandes proyectos viales estructurados bajo Asociaciones Público-Privadas (APP). Según lo expuesto por la CCI, la medida no solo amenaza la viabilidad financiera de iniciativas fundamentales para el desarrollo nacional, como los proyectos viales de cuarta y quinta generación (conocidos respectivamente como infraestructura 4G y 5G), sino que además plantea preocupaciones profundas sobre la seguridad jurídica y la confianza del sector privado, elementos indispensables para la estabilidad y el crecimiento en este sector.
Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, ha calificado el proyecto de decreto como “ilegal e inconstitucional”. De acuerdo con sus declaraciones, la propuesta del Gobierno desconoce mecanismos y procedimientos consagrados tanto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto como en la ley que regula las APP, poniendo en entredicho su constitucionalidad y desestabilizando el marco que regula estos compromisos. Caicedo resalta que el decreto propuesto contraviene una reciente advertencia de la Contraloría General de la República, que explícitamente prohíbe cualquier modificación unilateral de las vigencias futuras pactadas en contratos de concesión, estipulación que resulta fundamental para preservar la estabilidad financiera de los desarrollos en curso, según lo documentado por la propia Contraloría.
Las vigencias futuras son compromisos presupuestales a través de los cuales el Estado garantiza recursos en años posteriores al actual, y son especialmente determinantes para los proyectos realizados mediante APP, modelo en el que la inversión privada depende de la garantía estatal de pagos futuros. La posible reprogramación unilateral de estas obligaciones representa un riesgo sensible: según la CCI, este giro inesperado podría minar la confianza de los inversionistas, generar incumplimientos contractuales, y dificultar la administración pública al restar transparencia en el manejo de los recursos. Además, tal situación podría desencadenar un detrimento patrimonial para el Estado y alejar a potenciales nuevos inversionistas, preocupaciones recogidas en informes recientes de la Contraloría General de la República y en opinión de expertos entrevistados por medios consolidados en el país.
Contextualizando el debate, existe consenso en la comunidad experta –según reportes de El Espectador y análisis del Banco Mundial– en que la certeza jurídica es piedra angular para atraer y mantener la inversión privada en infraestructura. La historia reciente en América Latina ha mostrado que las modificaciones intempestivas a compromisos presupuestales, sin sustento técnico y un aval jurídico transparente, perpetúan una barrera para el desarrollo de infraestructura de calidad. La CCI comparte esta visión y advierte que la aprobación del decreto dejaría un antecedente de inestabilidad contractual, con un impacto directo en la competitividad y el desarrollo económico de Colombia.
En el panorama fiscal actual, marcado por el impacto de la pandemia y crecientes presiones presupuestales, surgen explicaciones sobre el interés del Gobierno en revisar los compromisos a futuro. Sin embargo, voces de expertos en finanzas públicas, recogidas en medios como La República, puntualizan que cualquier ajuste debe sustentarse en criterios técnicos y en un diálogo abierto con los actores privados, evitando decisiones unilaterales que puedan ahondar en la desconfianza y las dificultades de liquidez.
Más allá de lo financiero y legal, la dimensión social y regional de este debate es particularmente relevante. Los megaproyectos viales bajo las redes 4G y 5G conectan regiones apartadas y son motores para el desarrollo local, la integración social y la generación de empleo, tal como lo evidencian datos recogidos por el DANE en 2023. El retraso o la paralización de estas obras, resultado podría esperarse de una reforma abrupta de las vigencias futuras, tendría consecuencias directas sobre la economía y el bienestar de numerosos territorios.
En suma, la propuesta del Gobierno para reprogramar las vigencias futuras confronta un delicado equilibrio entre poder fiscal, confianza inversionista y continuidad en el desarrollo del país. La CCI subraya que un camino viable requiere apego irrestricto a la legalidad, la transparencia y un diálogo efectivo entre el sector público y el privado, para resguardar el interés general y evitar impactos negativos sobre el andamiaje de la infraestructura nacional.
¿Qué son exactamente las Asociaciones Público-Privadas (APP) y cómo funcionan en Colombia?
El término APP refiere a un esquema de contratación en el cual el Estado y empresas privadas se asocian para desarrollar proyectos de infraestructura o servicios públicos. En Colombia, estas alianzas han sido clave para la modernización de la red vial, pues permiten que la inversión privada financie, construya y opere grandes obras, bajo la garantía de recibir pagos futuros del Estado durante la vigencia del contrato. Entender cómo operan las APP es fundamental para comprender el impacto de cualquier cambio en las reglas sobre vigencias futuras, y su relevancia para la sostenibilidad de este modelo de desarrollo.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias legales de modificar las vigencias futuras sin acuerdo entre las partes?
Modificar unilateralmente las vigencias futuras en contratos podría acarrear disputas legales de alto impacto entre el Estado y las empresas concesionarias. Según lo advertido por expertos y reportado por medios reconocidos, esta práctica puede resultar contraria a principios establecidos como la seguridad jurídica y el debido proceso. Las consecuencias incluirían la paralización de obras, litigios internacionales y demandas por indemnización, eventos que no solo afectan la ejecución de proyectos sino la reputación y confiabilidad del país frente a la inversión extranjera.
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