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La creciente dependencia del gas natural importado se ha convertido en un motivo de preocupación para Bogotá, debido a sus efectos directos sobre las tarifas del servicio y su impacto en sectores estratégicos como el transporte público, la industria y el gas natural vehicular. Esta situación quedó en evidencia durante una reciente sesión del Concejo de Bogotá, en la que se examinaron datos presentados por la empresa Vanti y por TransMilenio, en el marco de una comisión accidental convocada para analizar el panorama actual y futuro del abastecimiento energético de la capital.
Uno de los aspectos centrales del debate fue la transformación progresiva en la composición del gas que consume la ciudad. De acuerdo con las cifras expuestas, en los próximos meses se incrementará de manera significativa la participación del gas importado en el suministro destinado a hogares y establecimientos comerciales. Mientras actualmente este tipo de gas representa cerca de una cuarta parte del total consumido, las proyecciones indican que superará el tercio del abastecimiento. No obstante, el escenario más complejo se presenta en el sector industrial, donde el gas de origen nacional, que hoy mantiene un peso mayoritario, pasará a ocupar un porcentaje marginal, lo que implicará una dependencia casi total de fuentes externas.
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El concejal Rolando González, ponente del debate, advirtió que esta transición genera múltiples riesgos, especialmente en el segmento del gas natural vehicular (GNV). Este combustible ha sido adoptado durante años por taxis, buses y vehículos particulares como una alternativa de movilidad más económica y con menores niveles de emisiones contaminantes. Sin embargo, las proyecciones muestran que cerca de la mitad del gas destinado a este sector será importado, lo que tendrá un efecto directo en el precio final que pagan los usuarios.
¿Cuánto subiría el gas para los vehículos en Bogotá?
Según lo expuesto en la sesión, el valor del metro cúbico de gas para el GNV podría alcanzar los $3.281, lo que representa un incremento considerable frente a los costos actuales. En términos prácticos, este aumento se traduciría en sobrecostos que podrían llegar hasta los $200.000 para los conductores, afectando de manera directa el presupuesto de miles de personas que dependen de este combustible para su actividad diaria.
El alza proyectada responde a la estructura del costo unitario del gas, que se compone principalmente de tres elementos: suministro, transporte y distribución. El componente de suministro será el más impactado, con incrementos superiores al 140 %, como resultado de la necesidad de adquirir gas en mercados internacionales, donde los precios están sujetos a variaciones externas. A esto se suma el aumento en los costos de transporte, que crecerán de forma significativa debido a las largas distancias que debe recorrer el gas importado desde los puntos de ingreso al país hasta Bogotá, un factor que termina reflejándose inevitablemente en la tarifa final.
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Las implicaciones fiscales de este escenario también generan inquietud. Bogotá cuenta con decenas de miles de vehículos convertidos a gas, así como con una parte relevante de la flota del Sistema Integrado de Transporte Público que opera con este combustible. En el caso específico del transporte masivo, los sobrecostos proyectados para 2026 representarían decenas de miles de millones de pesos adicionales, recursos que tendrían que ser asumidos por el Fondo de Estabilización Tarifaria, presionando aún más las finanzas distritales.
Ante este panorama, desde el Concejo de Bogotá se plantearon varias alternativas orientadas a mitigar los efectos del incremento en la dependencia del gas importado. Una de las propuestas principales es priorizar el suministro de gas para el transporte público, con el fin de garantizar la continuidad y estabilidad del servicio. Asimismo, se sugirió avanzar hacia un esquema de agregación nacional en el transporte del gas, que permita optimizar la logística, mejorar la eficiencia en el traslado desde la región Caribe hasta el centro del país y reducir los costos asociados a esta operación. Estas medidas, según se indicó, podrían contribuir a amortiguar el impacto económico sobre los usuarios y sobre las finanzas de la ciudad.
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