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Canacol Energy, reconocida como el segundo mayor productor de gas en Colombia, ha dado un paso decisivo al solicitar la protección judicial contra acreedores, en virtud del Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA) de Canadá. Esta legislación federal facilita que compañías consideradas insolventes puedan reorganizar su estructura financiera bajo estricta supervisión de los tribunales. De acuerdo con el comunicado emitido por Canacol, el objetivo principal de esta acción es salvaguardar los intereses de todas las partes involucradas, así como asegurar la continuidad operativa de la corporación en un entorno marcado por la incertidumbre financiera.
La compañía detalló que la medida permitirá un periodo de calma ante las posibles acciones de sus acreedores, quienes, en el contexto actual, pueden reclamar pagos pendientes o buscar la recuperación acelerada de sus activos. Para fortalecer la transparencia y la gestión del proceso, la junta directiva nombró a la firma KPMG Inc. como monitor independiente, encargada de evaluar la reestructuración interna y de actuar como intermediario entre la empresa, los inversionistas y la corte respectiva, según la información proporcionada por la propia empresa.
Las circunstancias que condujeron a esta decisión fueron cuidadosamente analizadas por la junta directiva. Canacol enfrenta serias dificultades de liquidez, agravadas por la obligación de responder a pagos de deuda inminentes y un laudo arbitral adverso por 22 millones de dólares estadounidenses a favor de la compañía VP Ingenergía. Además, la reducción de la producción de gas natural, junto con el aumento notable de las cuentas por pagar, influyeron considerablemente en la determinación de buscar protección judicial, como se detalla en el informe corporativo.
Adicionalmente, Canacol manifestó que solicitará el reconocimiento de esta orden judicial en Estados Unidos a través del Capítulo 15 del Código de Bancarrota (Chapter 15), lo que refuerza el carácter transnacional del proceso. Del mismo modo, en Colombia buscará acogerse a la Ley 1116 de 2006, la cual regula la insolvencia empresarial en el país. Todo ello permitirá que la empresa mantenga la protección requerida en los mercados y jurisdicciones donde desarrolla actividades y mantiene obligaciones financieras.
Pese a la crisis, la dirección ejecutivo-operativa de la empresa continuará supervisando las operaciones normales, aunque bajo la vigilancia del monitor independiente. No obstante, la Bolsa de Toronto (TSX) y otros mercados bursátiles donde cotizan las acciones de Canacol han advertido sobre la posibilidad de iniciar revisiones para, eventualmente, retirar a la compañía de listado, situación que generaría mayor volatilidad para los inversionistas y afectaría la negociación de los valores emitidos por la firma.
Este recurso legal busca concederle a Canacol un tiempo valioso para entablar conversaciones con sus acreedores y estructurar un plan de recuperación que garantice la viabilidad de la empresa, así como la preservación de sus operaciones críticas en Colombia.
¿Qué implica el Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA) para las empresas?
El Companies’ Creditors Arrangement Act, conocido como CCAA, es una ley federal canadiense diseñada para permitir a las empresas insolventes reorganizar su situación financiera bajo supervisión judicial. Su relevancia radica en que otorga un margen de maniobra para negociar con acreedores mientras se mantienen protegidas las operaciones y activos esenciales de la empresa. El CCAA suele ser utilizado por grandes compañías con deudas importantes, ya que establece un marco ordenado para la reestructuración y puede comunicar confianza a los mercados internacionales, como en el caso de Canacol.
En el contexto empresarial, acogerse al CCAA significa asumir un proceso supervisado estrictamente, con la presencia de un monitor independiente que reporta tanto a la corte como a los principales acreedores. Si bien la protección inicial puede evitar demandas y ejecuciones inmediatas, la empresa debe presentar un plan de reorganización viable en un plazo determinado. El impacto sobre la continuidad operacional y la percepción de los inversionistas depende en gran medida de la transparencia y la eficacia en la gestión de este proceso.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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