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La norma vigente no indica cuáles son los conjuntos residenciales en Colombia que deben poner ascensores; sin embargo, hay una serie de requisitos que, en caso de presentarse el proyecto, deben cumplir las distintas administraciones.
Lo primero que establece la norma es que la instalación de un ascensor en un edificio se considera una mejora necesaria, al tiempo que también se concibe como una adición que altera las zonas comunes y la estructura de la propiedad horizontal.
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En todo caso, los conjuntos residenciales en Colombia que deban poner ascensores deben contar con la aprobación del proyecto, incluidos los planos, la capacidad energética y la infraestructura, por parte de la Asamblea General de Copropietarios.
Dado lo anterior, y al tratarse de una obra que afecta bienes comunes, así como del aumento de la cuota de administración o del pago de una cuota extraordinaria, es necesario el voto del 70 % de los coeficientes de copropiedad del edificio.
Requisito infaltable para los conjuntos residenciales en Colombia que deben poner ascensores
Para la consecución de la mejora, la ley obliga a que todos los copropietarios, incluso aquellos que votaron en contra o que viven en los primeros pisos, paguen, pues esa es la lógica de la propiedad horizontal.
Los conjuntos residenciales en Colombia que deben poner ascensores también cuentan con un marco normativo a través de la Ley 1287 de 2009 y el Decreto 1077 de 2015, que fomentan la eliminación de barreras arquitectónicas.
De esta manera, se recuerda que la instalación de ascensores en edificios antiguos se ejecuta con el fin de mejorar el acceso de personas con movilidad reducida o adultos mayores.
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Finalmente, para la adecuación, es obligatorio tramitar ante una Curaduría Urbana una licencia de modificación o ampliación, pues la estructura del edificio será intervenida.
Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.
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