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La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) expresó un rechazo contundente frente a la reforma tributaria propuesta en Colombia, al advertir que las nuevas medidas afectan de manera directa la movilidad y la economía de una amplia parte de la población, con especial énfasis sobre la clase media. De acuerdo con declaraciones de José Yesid Rodríguez Hernández, presidente ejecutivo de ADITT, el incremento, calificado como desproporcionado, del precio de la gasolina provoca un aumento en los costos del transporte, lo que a su vez eleva el costo de los alimentos y de la canasta básica familiar. Esta preocupación se profundiza en un momento en que el sector de transporte intermunicipal enfrenta dificultades estructurales agravadas por la inflación y la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.
Según el Ministerio de Transporte de Colombia, cerca de 750.000 taxis y vehículos turísticos cumplen una función central en el desplazamiento diario de campesinos, estudiantes y turistas. Por este motivo, cualquier encarecimiento de los combustibles impacta de manera directa tanto la movilidad como el acceso a servicios esenciales. Los especialistas del sector coinciden en que, más allá del impacto fiscal, una reforma de esta naturaleza tiene efectos concretos sobre millones de ciudadanos cuya calidad de vida depende del acceso a sistemas de transporte asequibles.
Estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia advierten que el ajuste al precio de la gasolina genera un efecto multiplicador en el costo del transporte de mercancías, trasladándose rápidamente a los precios de los alimentos en contextos urbanos y rurales. Dicha dinámica, según el análisis académico, contribuye al aumento de la pobreza multidimensional, lo que restringe oportunidades y limita derechos sociales en segmentos ya vulnerables. Por tanto, sectores expertos consideran que la reforma puede poner en riesgo la estabilidad económica de las familias, sobre todo las que ya enfrentan condiciones desfavorables.
En el escenario del debate público, la afirmación del presidente Gustavo Petro, al indicar que "los pobres no usan gasolina", ha sido puesta en duda por varios analistas y entidades del sector transporte. El Observatorio de Movilidad Sostenible de la Universidad del Rosario sostiene que, en diversas regiones del país, la gasolina continúa siendo fundamental para mantener la conectividad y el empleo local, abarcando a la mayoría de los estratos económicos.
Frente a este panorama, especialistas han propuesto opciones para disminuir el impacto del alza en los combustibles sin perjudicar la movilidad ni el presupuesto de las familias. Entre las posibles estrategias, destacan la modernización del parque automotor, la adopción de tecnologías más limpias y la focalización de subsidios hacia sectores vulnerables, como el transporte rural y el agrícola, según sugiere un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este enfoque buscaría equilibrar la necesidad de recursos fiscales con consideraciones de justicia social y energética, evitando el aumento de la pobreza y asegurando el acceso a servicios básicos.
El llamado de ADITT al Congreso para rechazar disposiciones que puedan deteriorar la movilidad y el bienestar representa una petición urgente por políticas públicas que integren perspectivas económicas, sociales y ambientales. Articular soluciones desde una visión multidimensional resulta prioritario para que Colombia pueda enfrentar estos retos sin agravar desigualdades históricas y estructurales. Así, la discusión sobre la reforma tributaria revela la complejidad de diseñar políticas en entornos de desarrollo, donde la recaudación debe equilibrarse con la protección social y el acceso equitativo a servicios esenciales.
El rechazo de gremios como ADITT pone de manifiesto la necesidad de replantear estrategias fiscales para no comprometer áreas sensibles como el transporte intermunicipal, considerado un bien esencial para la dinámica social y económica del país. El diálogo constante entre sectores y la evidencia técnica y académica son elementos que pueden contribuir a la construcción de una reforma más justa y sostenible para Colombia.
¿Cómo afecta el aumento de los combustibles al transporte intermunicipal en Colombia? Este interrogante surge ante la preocupación de los diferentes actores del sector frente a los incrementos en los precios de la gasolina, que impactan los costos operativos de taxis, buses y vehículos turísticos. Conforme a los análisis citados, dicho aumento incide en la estructura de tarifas y puede reducir significativamente el acceso de sectores populares y rurales al transporte, limitando su movilidad cotidiana y oportunidades de empleo o estudio. El asunto cobra dimensión nacional, ya que el transporte intermunicipal representa un componente fundamental en la conectividad del país; por ello, cualquier ajuste en los precios repercute en una amplia cadena que abarca desde alimentos hasta servicios esenciales, profundizando las brechas económicas existentes.
¿Qué significa "pobreza multidimensional" en el contexto colombiano? El término "pobreza multidimensional" se utiliza para describir una situación en la que las personas enfrentan carencias simultáneas en varios ámbitos esenciales de la vida, no solo ingresos bajos. Según lo explicado en estudios referenciados, la inflación y el alza de combustibles pueden derivar en una pobreza multidimensional al encarecer el acceso a bienes y servicios indispensables, como el transporte, la alimentación o la educación. Comprender este concepto permite dimensionar que el impacto de las reformas va más allá del bolsillo, ya que puede restringir oportunidades de desarrollo y bienestar integral, agravando condiciones de exclusión en los sectores más vulnerables de Colombia.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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