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Aisalud denuncia irregularidades en el reporte de deudas del sistema de salud
La directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud (Aisalud), Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, manifestó con preocupación que diversas Empresas Promotoras de Salud (Eps) han implementado mecanismos que les permiten evadir el registro formal de sus deudas con hospitales y centros médicos. Según sus declaraciones, muchas de estas entidades, si no todas, han buscado formas de ocultar la facturación pendiente y así evitar que sus obligaciones financieras con los prestadores de servicios médicos queden reflejadas de manera oficial. Esta situación no solo afecta el seguimiento contable, sino también la sostenibilidad de quienes garantizan la atención en salud.
Zuluaga detalló que algunas estrategias empleadas por las Eps implican la solicitud de códigos alternos no expedidos por el Ministerio de Salud, práctica que está expresamente prohibida. Según sus palabras, el deber de las Eps es remitir los registros de prestación de servicios únicamente utilizando los códigos oficiales que emite la autoridad sanitaria, con el propósito de que las transacciones sean transparentes y rastreables. Sin embargo, se han identificado casos como los de Pijao Salud y SOS, en los que se habrían tramitado códigos de forma independiente, lo que impide un adecuado control por parte de los organismos reguladores.
La situación se agrava con las devoluciones extemporáneas de facturación, una práctica señalada directamente hacia la Nueva Eps, que consiste en retrasar los procesos de devolución hasta puntos críticos, lo cual termina eliminando la obligación de pago a los hospitales. Este retraso en el reconocimiento de deudas repercute en la disminución de los recursos presupuestales disponibles, provocando que las instituciones prestadoras tengan dificultades para asumir el pago de obligaciones y para garantizar la continuidad de la atención médica.
Zuluaga advirtió que, de no recibir recursos frescos antes de finalizar el año, diversas Empresas Sociales del Estado (ESE) enfrentarán riesgo fiscal; sin flujo de dinero, ni certificación de disponibilidad presupuestal (CDP), los hospitales quedarán incapacitados para cumplir con proveedores y personal de salud. Incluso, alertó ya se presentan amenazas de no poder seguir entregando medicamentos ni pagar a los profesionales, un contexto que podría interrumpir la prestación de servicios básicos.
La gravedad de la situación se evidencia también en el Hospital San José de La Celia, dirigido por Juan Alejandro Monsalve. El gerente explicó que la falta de legalización de contratos con las principales Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) impide el recibo de giros y pone en vilo la operación hospitalaria. Monsalve enfatizó que este obstáculo, generado por prácticas dentro de las propias EAPB, puede llevar a la suspensión de servicios, reducción de personal, disminución de dispositivos médicos y fallas operativas. Frente a la ausencia de respuesta por parte de algunas Eps, la situación se agrava con derechos de petición sin contestar y la falta de interlocución efectiva.
Un panorama similar se vive en el Hospital Nazareth de Quinchía, donde el gerente Carlos Andrés Posada señaló que la negativa de las Eps a liquidar contratos de vigencias pasadas está atrapando recursos esenciales para el funcionamiento. Posada identificó consecuencias directas sobre los usuarios: demoras en remisiones, entrega de medicamentos y procedimientos ambulatorios, afectando sobre todo a pacientes crónicos y vulnerables. Adicionalmente, evidenció que los hospitales pequeños son los más golpeados, ya que dependen en su totalidad del flujo de recursos.
En respuesta a esta crisis, Aisalud hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que, antes de concluir el año, se cumplan los acuerdos pactados: pagos parciales y completos según la modalidad del servicio y la conciliación de contratos pendientes. La directora insistió que solo mediante la transparencia en las cuentas será posible mantener la prestación continua del servicio y evitar un colapso mayor en el sistema hospitalario.
¿Cuáles son las consecuencias concretas de la falta de pago de las Eps a los hospitales?
La permanencia de deudas sin registrar y la retención de recursos por parte de las Empresas Promotoras de Salud impactan directamente en la capacidad operativa de hospitales y centros médicos. De acuerdo con los testimonios recogidos en el reportaje original, la falta de flujo de efectivo obliga a limitar la contratación de personal, restringe la compra de insumos y equipos, y puede forzar la suspensión de servicios críticos. Estas consecuencias se agravan en instituciones pequeñas, cuya operación depende casi exclusivamente de la financiación recibida a través de estos contratos. Todo ello repercute, al final, en la atención al usuario: medicamentos retrasados, demoras en procedimientos y riesgos para quienes más necesitan el sistema público de salud.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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