A los colombianos, raza a la que le gusta disfrutar de unos ‘guaros’ para celebrar bautizos, grados, primeras comuniones, cumpleaños y hasta velorios, se les podría complicar el brindis en Cundinamarca por cuenta de la revocatoria del permiso de expendio de esa marca en el departamento.
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Si bien la Gobernación de Cundinamarca había otorgado la licencia de venta del licor de Caldas por 10 años, en 2016 y, posteriormente, lo adicionó en 2019, decidió unilateralmente revocarla de manera sorpresiva.
Esa jugada haría que se dé una disminución de recursos al departamento de Cundinamarca, por el pago de impuestos al consumo y derechos de explotación del aguardiente Amarillo. A su vez, la marca caldense dejaría de ganar en 2023 unos 55.000 millones de pesos por concepto de ventas, y se dejarían de vender al menos 5 millones de unidades, según apuntó textualmente Portafolio en un artículo.
Batalla legal entre licoreras de Caldas y Cundinamarca, por el aguardiente Amarillo
En ese mismo medio, se pronunció Andrés Elías Borrero, gerente general de la Industria Licorera de Caldas (ILC). La compañía encargada de la producción del aguardiente Amarillo, anunció que instaurará demandas contra la decisión adoptada por la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria adscrita a la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, a través de la Resolución 797 del 6 de junio de 2023.
Borrero dejó en claro que se impondrán demandas de nulidad a la medida y que la compañía que dirige tiene en mente recurrir a la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras acciones legales, para que la marca caldense pueda seguir comercializándose en la capital.
Cundinamarca también perdería dinero por esta cuestionada medida, puesto que por la venta de Aguardiente Amarillo de Manzanares, la ILC le transfirió cerca de 35.000 millones de pesos, entre 2019 y 2022, al departamento por el pago del impuesto al consumo y derechos de explotación.
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