El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0929, que llevaba un tiempo debatiéndose ajustándose dentro del Gobierno, del que espera sea uno de los pasos para atender la problemática por el incremento de las tarifas de energía eléctrica en el país.

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El texto “define lineamientos de política pública para promover la eficiencia y la competitividad del servicio de energía eléctrica a nivel nacional”, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía.

“Avanzamos en la segunda fase del Pacto por la Justicia Tarifaria, con el objetivo de orientar la regulación y promover una efectiva competencia en los segmentos de mercado donde esto es posible. Estos lineamientos nos permitirán aumentar la eficiencia para el sistema eléctrico, de manera tal, que conlleve a precios justos para los usuarios” afirmó Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía.

Cabe destacar que para el 2022 se conoció cuál es la zona de Colombia que más caro paga el servicio de energía y la que menos, que fue Bogotá.

Así, el Ejecutivo pretende que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tome decisiones para “promover un aumento de la cantidad de energía que se adquiere mediante contratos para disminuir la exposición de los comercializadores a las variaciones de los precios de bolsa”.

También, para incorporar procedimientos técnicos que ayuden a “detectar abusos de posición dominante en el mercado donde participan generadores y comercializadores”.

Igualmente, se busca incentivar a usuarios y agregadores de demanda del mercado mayorista de energía para que “participen de manera activa ofertando servicios de respuesta a la demanda”, lo que, según el Gobierno, “reduciría el estrés de la red en las horas de alto consumo, y con ello, induciría reducciones en la tarifa”.

Así mismo, se abre la puerta a directrices para que los usuarios que no tengan comercializador cuenten con la prestación del servicio bajo esquemas que busquen una gestión eficiente y que haya participación ciudadana “en los procesos de diseño de la política pública y de expedición de la regulación”.

Desde que se publicó para comentarios, el decreto no terminaba de sonarle gremios, quienes llamaban a mantener la institucionalidad (en referencia a la Creg) teniendo en cuenta su impacto en los asuntos regulatorios y los resultados que ha tenido en otros aspectos en diferentes países.

“Aunque se pueda tener la intención de buscar soluciones al tema de las tarifas, el contenido del decreto podría tener un efecto contrario al propuesto, poniendo en riesgo, por un lado, la señal de abastecimiento y por otro la confiabilidad del mercado en el mediano plazo con medidas que son estructurales a una situación que es temporal y ajena al sector”, dijo en su momento Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen).

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Por su lado, Sandra Fonseca, de Asoenergía, había anotado que “para la demanda es una propuesta positiva. Sin embargo, es una norma general que da prioridades al regulador. Y los lineamientos deben implementarse con resoluciones específicas de la Creg, pero para el usuario final puede ser un gran paso si se implementa oportunamente (…)”.

Así mismo, la calificadora de riesgo Fitch Ratings consideró que el decreto será una “señal clara de que el nivel de intervención en los mercados regulados será alto”.

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