La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció una fuerte sanción contra cinco equipos del fútbol profesional colombiano y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), luego de comprobar que implementaron prácticas que restringieron la libre competencia y afectaron la movilidad laboral de varios futbolistas.
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Los clubes implicados son Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado F.C. y Atlético F.C., los cuales, según la entidad, acordaron mecanismos que desincentivaron la contratación de jugadores entre equipos rivales. La investigación de la SIC reveló tres conductas que configuraron esta práctica anticompetitiva.
En primer lugar, los equipos intercambiaron comunicaciones internas en las que informaban detalles laborales de jugadores específicos, como la vigencia de contratos, supuestas faltas disciplinarias o solicitudes de terminación. Dichas comunicaciones, que contaban con conocimiento de la Dimayor, compartían información que no debía circular entre competidores en un mercado de libre competencia.
El segundo patrón identificado por la Superintendencia fue el uso de expresiones como “pacto de caballeros”, “llamado ético” o “solidaridad de gremio”, con las que los clubes buscaban disuadir a otros equipos de contratar a ciertos futbolistas. Para la autoridad, estos términos servían como un acuerdo informal para limitar la negociación y contratación libre de los jugadores, sin que existiera una violación legal del reglamento deportivo.
El tercer punto clave fue el papel de la Dimayor, que, como entidad agremiadora, participó en la remisión y conocimiento de estas comunicaciones, legitimando con su aval las acciones que restringieron la competencia. Según la SIC, su intervención permitió que las conductas tuvieran mayor impacto en el mercado laboral del fútbol profesional masculino.
La investigación concluyó que este intercambio de información entre clubes configuró un desincentivo a la movilidad y contratación de jugadores, afectando su derecho a negociar libremente sus condiciones laborales. La SIC resaltó que, aunque las controversias laborales pueden presentarse en el fútbol, existen canales formales para resolverlas sin recurrir a acuerdos que limiten la competencia.
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Finalmente, la entidad enfatizó que proteger la libre competencia no solo garantiza un mercado justo, sino también la dignidad y los derechos de los jugadores, quienes deben tener la posibilidad de mejorar sus salarios, crecer profesionalmente y elegir su futuro sin restricciones ilegítimas.
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