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La reciente denuncia del delantero Avilés Hurtado tras la derrota 3-1 del Deportivo Cali ante Águilas Doradas en la Liga BetPlay 2025-II expuso una delicada situación dentro del fútbol profesional colombiano. Hurtado acusó al propietario del club antioqueño, Fernando Salazar, de ingresar sin autorización al estadio Alberto Grisales, escenificando lo que describió como amenazas verbales hacia los jugadores del Cali durante un partido disputado a puerta cerrada. Este tipo de conductas, según lo manifestado por Hurtado, no solo contravienen la ética deportiva, sino también las normativas que regulan la presencia de directivos en este tipo de eventos, lo que agrava el contexto alrededor de lo sucedido.
El episodio pone en entredicho la transparencia y el cumplimiento de las normas dentro del fútbol nacional. Hasta el momento, ni Águilas Doradas ni Deportivo Cali han ofrecido una respuesta oficial, mientras que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), autoridad encargada de regular el torneo, tampoco ha dado declaraciones al respecto. Tal silencio institucional contribuye a la incertidumbre y aumenta la expectativa pública sobre posibles sanciones disciplinarias. Este ambiente de dudas refuerza la necesidad de mecanismos efectivos que garanticen el respeto y la justicia dentro de las competencias deportivas, como sugieren los lineamientos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), que subrayan el deber de los clubes de salvaguardar la integridad y el respeto entre participantes.
Ampliando el contexto, informes de la FIFA y estudios en gestión deportiva hacen énfasis en que cualquier forma de intimidación, ya sea de parte de directivos o terceros, debe ser sancionada de manera contundente para proteger la equidad de la competencia. Dentro de Colombia, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor tiene atribuciones claras para investigar y sancionar amenazas o interferencias durante los partidos. Sin embargo, sucesos como el presuntamente protagonizado por Salazar evidencian posibles lagunas en la regulación o en su correcta aplicación, lo que abre el debate sobre la necesidad de fortalecer estos controles.
Por otra parte, la postura del entrenador Alberto Gamero, quien prefirió no involucrarse en polémicas y limitar sus comentarios a lo deportivo, ilustra una estrategia común en el medio para evitar distracciones fuera de la cancha. Pero también pone sobre la mesa la importancia de la denuncia y la visibilización de conductas inapropiadas para favorecer transformaciones genuinas, tal como indica la literatura académica sobre el tema.
Lo sucedido invita a repensar la cultura del fútbol colombiano, donde tensiones entre dirigentes y actores del juego pueden derivar en conflictos que afectan tanto el rendimiento como el bienestar de los deportistas. Expertos consultados por medios reconocidos como El Espectador subrayan la urgencia de profesionalizar la gestión y fortalecer el rigor de las sanciones para evitar la normalización de hechos semejantes. Sin aún respuesta institucional, la presión mediática podría marcar un punto de inflexión en la gobernanza del fútbol nacional, y este caso servir de precedente para exigir mayor transparencia y responsabilidad de los dirigentes.
¿Qué consecuencias podría enfrentar un dirigente que profiera amenazas durante un partido?
En el contexto del fútbol profesional colombiano, las amenazas o intimidaciones por parte de dirigentes durante encuentros deportivos están contempladas en los reglamentos disciplinarios de la Dimayor. Si las investigaciones concluyen que hubo conductas antideportivas, como las denunciadas por Avilés Hurtado, las sanciones pueden ir desde multas económicas y suspensión temporal de las actividades directivas, hasta la exclusión del dirigente de eventos oficiales. Estas consecuencias buscan proteger la integridad del deporte y establecer límites claros sobre el comportamiento aceptable de quienes ocupan cargos de autoridad en los clubes.
La relevancia de estas medidas disciplinarias radica en el papel central que cumplen los directivos en la construcción de una cultura de respeto y equidad en el fútbol. Cuando no se responde de manera adecuada a incidentes de amenaza o intimidación, se corre el riesgo de que se repitan situaciones similares, afectando tanto el ambiente competitivo como la confianza de jugadores y aficionados en las instituciones deportivas.
¿Por qué se juegan partidos a puerta cerrada en la Liga BetPlay?
Los partidos a puerta cerrada se disputan sin la presencia de público en las tribunas, normalmente como resultado de decisiones disciplinarias. Esta medida la impone la Dimayor para garantizar la seguridad, ya sea por incidentes previos que involucraron a las hinchadas, infracciones al reglamento, o para prevenir disturbios en encuentros considerados de alto riesgo. De esta manera, la autoridad busca proteger tanto a los protagonistas del juego como al entorno, minimizando posibles factores de alteración del orden público en escenarios deportivos.
El caso mencionado en el artículo, donde el partido entre Deportivo Cali y Águilas Doradas se jugó bajo esta modalidad, refleja el interés de las ligas en mantener la disciplina y la seguridad dentro de los estadios. Sin embargo, también plantea retos adicionales en la gestión, como el control del acceso de personal no autorizado y el cumplimiento estricto de protocolos, para que la sanción tenga el impacto esperado sobre quienes infringen las reglas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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