En un fuerte pronunciamiento, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dejó clara su postura tras lo acontecido este domingo, en el juego entre Atlético Nacional y América de Cali, cuando integrantes de ‘Los Del Sur’ protagonizaron fuertes desmanes en el estadio Atanasio Girardot.

En un extenso comunicado, la entidad rectora salió en apoyo del ‘Rey de Copas’ y arremetió contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, a quien le recordó que no puede escudarse de brindar seguridad a sus ciudadanos, a propósito de la negativa del alcalde de prestar el escenario.

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Este es el comunicado:

“El Presidente de la Dimayor y los clubes del FPC rechazamos las declaraciones emitidas por las autoridades de Antioquia, en las cuales responsabilizan a nuestro club afiliado Atlético Nacional S.A. por los hechos vandálicos y de violencia”, reseñó la Dimayor en su dura misiva.

Para la Dimayor, es “inaceptable que se responsabilice a los clubes del fútbol profesional y a sus dirigentes por el actuar de vándalos que, por portar una camiseta, no representan los valores de una institución, ni poseen vinculación alguna con la misma”, por lo que pidió mesura a las autoridades.

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“Menos aún resulta admisible que por la fuerza, el hostigamiento, las amenazas y buscando una afectación económica al club, se pretenda incidir en las decisiones de naturaleza administrativa que atañen a quienes han sido designados legítimamente para tal efecto”, agregó la entidad.

Desde la perspectiva de la organización, presidida por Fernando Jaramillo, no se puede admitir que los equipos deban ceder ante las manifestaciones de los violentos y, con ello, “permitir que incidan ilegítimamente para beneficio particular en las decisiones administrativas de un club profesional”.

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Esto, según la Dimayor, sería desconocer los fundamentos de la Constitución Política y “coadyuvar incluso en la realización de conductas que se catalogan con incidencia penal“. Por lo anterior, no existe para el ente ninguna razón de peso que avale lo acontecido en el escenario deportivo.

“Es evidente que tal justificación no debe encontrar cabida ni anuencia por parte de ninguna autoridad pública en el marco de un estado social, democrático y de derecho como el nuestro”, recalcó la entidad, en su pronunciamiento oficial tras los enfrentamientos que dejaron 89 heridos.

Sobre el particular, recordó que Atlético Nacional advirtió su preocupación sobre manifestaciones violentas en el pasado y la ausencia, de acuerdo con la organizadora del FPC, de “medidas preventivas contundentes que evitaran que los hechos presenciados el día de ayer tuvieran lugar”.

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En especial, las intimidaciones que estaban llevándose a cabo en las redes sociales en contra del presidente del club, Mauricio Navarro, y su vicepresidente, Benjamín Romero, desde que inició la temporada; por temas como fichajes, abonos y otras decisiones de resorte administrativo.

“Desde la Presidencia de la Dimayor se remitieron comunicaciones a las autoridades competentes a fin de actuar de manera conjunta y permitir la realización del encuentro deportivo”, refirió la entidad, que espera que de parte de los gobernantes locales se tomen, de una vez y por todas, cartas en el asunto.

Es claro, según la Dimayor, que las “obligaciones relativas a seguridad y orden público se encuentran en cabeza de las autoridades administrativas y de policía del nivel nacional y local y, por tanto, no se pueden trasladar a los clubes de fútbol profesional”, como pretende hacerlo Quintero.

Esto, basado en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, luego del estudio de los artículos 52 y 62 del Código de Policía, en el que se especifica que “la ley no puede delegar o transferir a los particulares, la función pública” para garantizar las condiciones mínimas de convivencia.

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Por último, aplaudió el gesto de Nacional y América de llegar a un acuerdo para reprogramar el partido en el mes de mayo, debido a las apretadas agendas de ambos en la Liga y la Copa Libertadores. Así podrán afrontar, por el momento, sus otros cotejos a nivel local y continental.

“Con ello evitaremos que las pretensiones de los violentos se materialicen, pues la violencia jamás será admitida por nuestra institución como un mecanismo válido para ejercer presiones indebidas frente a nuestros afiliados”, finalizó en su comunicación la Dimayor.

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