El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La Procuraduría General de la Nación emprendió una indagación preliminar dirigida a funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, cuya identidad aún no ha sido establecida, por posibles anomalías en los procedimientos de cesión y traspaso de vehículos registrados entre 2022 y 2025. El hecho que despertó el interés del órgano de control está relacionado con denuncias sobre traspasos vehiculares realizados sin el consentimiento de los propietarios o el traslado de automotores a manos de individuos desconocidos, hechos que pondrían en entredicho el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos para este tipo de trámites. Según información publicada por El Espectador, el objetivo de la investigación es determinar si realmente existieron esas irregularidades al interior de la entidad distrital.
En este escenario, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción se concentró en la revisión y verificación de los controles implementados por las autoridades competentes, con el propósito de identificar si existieron fallas al prevenir o detectar irregularidades en los procesos de traspaso. Este tipo de controles son esenciales para enfrentar posibles fraudes o malos procedimientos en la transferencia de vehículos, una de las operaciones más frecuentes en el sector de movilidad urbana de Bogotá.
Como parte del proceso de investigación, la Procuraduría ordenó la recopilación de pruebas y la solicitud de información relevante a las entidades involucradas. Este procedimiento busca esclarecer los hechos bajo examen y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse, dependiendo de los resultados obtenidos en la fase indagatoria. El paso siguiente se fundamentará en la verificación documental y testimonios que permitan desenmarañar el alcance de la supuesta vulneración institucional.
El contexto de este caso también permite entender la importancia del traspaso vehicular, un trámite esencial en cualquier compraventa o cesión de automotores. Tal como lo explica El Espectador, el traspaso es la operación legal mediante la cual se oficializa el cambio de propiedad ante los organismos de tránsito, constituyéndose en la garantía jurídica entre vendedores y compradores.
Para efectuar este procedimiento, las normas establecen que todas las partes —sean personas naturales o jurídicas— deben estar inscritas adecuadamente en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), un requisito crucial para validar la titularidad de los automotores. La certificación en RUNT garantiza la identificación fidedigna de los actores involucrados y la trazabilidad legal de las transferencias vehiculares.
Los pasos para llevar a cabo un traspaso vehicular incluyen la presentación del documento de identidad original, la diligencia de un formulario de solicitud y la entrega de un contrato de compraventa que debe cumplir con las regulaciones civiles y mercantiles vigentes. Además, organismos como la Secretaría de Hacienda verifican el pago de impuestos y multas asociadas tanto al comprador como al vendedor, mientras que la incorporación de información sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y la revisión técnico-mecánica, cuando aplique, en el sistema RUNT, también son requisitos indispensables. Estas medidas refuerzan la transparencia del proceso y buscan blindar a los propietarios ante posibles irregularidades o fraudes.
¿Qué pasos debe seguir una persona si descubre que su vehículo fue traspasado sin su consentimiento?
Esta inquietud surge tras la revelación sobre posibles traspasos irregulares investigados por la Procuraduría General de la Nación. El hecho de que un automotor cambie de propietario sin la autorización del titular representa una situación de vulnerabilidad jurídica para cualquier ciudadano.
Comprender las rutas legales y administrativas disponibles ante esta circunstancia no solamente es relevante para quienes han sido afectados, sino también para quienes deseen prevenir futuros inconvenientes con la titularidad de sus vehículos registrados en organismos como el RUNT.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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