El ministro de Sanidad, Olivier Véran, dijo en la emisora France Info que “es un gran día para nuestro país”, “un día histórico”, y prometió que se van a preparar rápidamente los textos de aplicación para que se puedan concebir los primeros bebés bajo la nueva legislación “antes del fin del año 2021”.
Sin embargo, ese objetivo podría quedar comprometido por el recurso de oposición que tienen la intención de presentar parlamentarios conservadores de Los Republicanos y de la UDI ante el Consejo Constitucional.
El Ejecutivo ha calculado que la autorización de la reproducción asistida para parejas de lesbianas o mujeres sin pareja evitará que unas 2.000 cada año dejen de ir a países vecinos como España para una inseminación artificial, que hasta ahora no era posible en Francia. Únicamente se contemplaba para las parejas heterosexuales.
Esos tratamientos, además, serán reembolsados por la Seguridad Social.
La nueva normativa abre también la puerta a que las personas nacidas por reproducción asistida puedan conocer la identidad de los donantes de los gametos, que hasta ahora tenían la prerrogativa de decidir si querían mantener el anonimato.
En cualquier caso, Francia mantiene la prohibición de los vientres de alquiler.
El debate
En la última votación en la Asamblea Nacional, 326 diputados se pronunciaron en favor del proyecto de ley que ha dado lugar a 496 horas de debate, mientras que 115 lo hicieron en contra.
Lo apoyaron la inmensa mayoría de los parlamentarios del partido del presidente francés, Emmanuel Macron, La República en Marcha (LREM), pero también los centristas del MoDem, los socialistas y la Francia Insumisa del izquierdista Jean-Luc Mélénchon.
Por el contrario, se opusieron el grueso de los diputados de las formaciones conservadoras, empezando por Los Republicanos (LR), e igualmente la extrema derecha de la Agrupación Nacional (RN), incluida su líder, Marine Le Pen.
La tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, que había sido una de las promesas electorales de Macron, se había iniciado en 2019, pero el proceso había quedado aplazado por la crisis de la covid.
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