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Valledupar ha iniciado la instalación de 15 Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito (SAST), como parte de una estrategia orientada a reforzar la seguridad vial en la ciudad. Entre estos sistemas, destacan dos cámaras de fotodetección instaladas en puntos estratégicos: una en la calle 16 con carrera 12, frente al Banco Av Villas, y otra cerca del Colegio Nacional Loperena, ambas ubicadas en áreas urbanas de alto flujo vehicular. Estos dispositivos detectan hasta ocho tipos de infracciones, incluyendo estacionamiento indebido, obstrucción de vías, conducción sin casco y el cruce de semáforos en rojo. Según lo reportado, las sanciones por estas violaciones se sitúan en un rango que va desde aproximadamente $604.000 hasta más de $1.200.000 pesos colombianos.
La incorporación de la fotodetección en Valledupar se enmarca en la tendencia nacional e internacional de emplear tecnología para mejorar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en ciudades como Bogotá y Medellín, el uso de cámaras de fotodetección ha contribuido a la reducción de los incidentes de tránsito en un 20% en las zonas monitorizadas, como se evidenció en su informe de 2023. Estas cifras respaldan la expectativa de una mejora sustancial en la seguridad vial mediante la identificación y sanción de conductas de riesgo.
Sin embargo, la implementación de estos sistemas ha generado inquietudes entre los usuarios de la vía, en especial entre quienes dependen del transporte para su sustento. Según testimonios recogidos por El Pilón, un alto porcentaje de motociclistas, particularmente en el sector del Loperena, circulan con documentos vencidos o sin las condiciones técnicas requeridas, una realidad que podría traducirse en un notable incremento de multas para un segmento de la población cuyo ingreso mensual apenas alcanza el salario mínimo legal vigente.
Esta situación cobra relevancia si se tiene en cuenta que, según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia realizado en 2024, el 70% de los accidentes de tránsito en el país involucran vehículos con irregularidades administrativas o técnicas. Por ello, especialistas recomiendan que la instalación de cámaras se acompañe no solo de sanciones, sino de campañas educativas y facilidades para que los conductores regularicen su situación, evitando agravar la carga económica sobre los sectores vulnerables.
Por cuestiones legales y técnicas, la operación de estos sistemas exige una rigurosa observancia de la Ley 1843 de 2017, que regula en Colombia el uso de dispositivos electrónicos para el control del tránsito. Esta ley establece la necesaria señalización de las cámaras, el respeto a la distancia de advertencia y el derecho de defensa de los conductores sancionados. La ANSV y el Ministerio de Transporte recalcan que el equilibrio entre prevención y sanción es esencial para la efectividad y legitimidad de estas medidas.
En términos de innovación, las cámaras Doppler seleccionadas para Valledupar cuentan con sensores capaces de medir velocidad y detectar infracciones instantáneamente. Sin embargo, la real eficacia del sistema dependerá del adecuado mantenimiento, calibración y capacitación de los operadores para evitar errores o controversias legales, como lo ha señalado la Contraloría General de la República en sus informes más recientes. Así, Valledupar da un paso hacia la modernización de su sistema de control vial, aunque enfrenta desafíos de tipo social y técnico cuya atención es clave para alcanzar los objetivos de equidad y seguridad.
¿Cómo pueden los conductores conocer si han sido sancionados por una cámara de fotodetección?
Una de las grandes preocupaciones de los conductores es saber si han sido registrados infringiendo alguna norma. Esto se justifica por las severas consecuencias administrativas y económicas que suponen las multas. En el contexto de la instalación de fotomultas, la Ley 1843 de 2017 determina el derecho de los ciudadanos a ser notificados de cualquier infracción, por lo que los sistemas y autoridades deben garantizar mecanismos claros y accesibles de consulta.
Además, en ciudades que han implementado cámaras de fotodetección, los procesos de notificación y consulta suelen estar formalmente regulados y dependen de la adecuada articulación entre la Secretaría de Tránsito local y los operadores tecnológicos autorizados. Una notificación oportuna no solo facilita el derecho a defensa, sino también contribuye a la transparencia y confiabilidad del sistema ante la ciudadanía.
¿Qué implica la calibración de las cámaras de fotodetección y por qué es relevante?
La calibración de los equipos de fotodetección es un proceso técnico fundamental para asegurar que las cámaras midan correctamente variables como la velocidad o el paso de los vehículos durante el control de infracciones. La Ley 1843 de 2017 y las directrices del Ministerio de Transporte exigen que los equipos se verifiquen periódicamente para evitar errores en las mediciones o en la identificación de infracciones.
Un sistema bien calibrado refuerza la legitimidad de las sanciones y mitiga el riesgo de controversias legales que se presentarían en caso de fallas técnicas. Este aspecto es frecuentemente destacado por entidades de control y organizaciones de usuarios, ya que un registro incorrecto puede afectar injustamente a los conductores y poner en entredicho la validez del sistema de control de tránsito implementado.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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