Transcurridos cuatro meses desde su posesión, aumenta la preocupación sobre el rumbo de la Fiscalía, mientras la opinión pública discute si podemos estar ante el peor Fiscal General que ha tenido Colombia.
El actual fiscal fue elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna elaborada por el presidente Duque con características similares: dos candidatos y una candidata que ejercían cargos gubernamentales, de la entraña del partido de gobierno, sin idoneidad y experiencia en el ejercicio del derecho penal, sin compromiso con los derechos humanos y la defensa del Acuerdo de Paz. El propio Duque había derogado el decreto 450 de 2016 que establecía un concurso público para la selección de esta terna. El hecho de que Barbosa se presentará a sí mismo como amigo personal del presidente, ya dejaba bastantes dudas sobre si iba a ejercer con independencia e imparcialidad este cargo.
Existen por lo menos tres situaciones recientes que reafirman los temores sobre el talante de quien dirige el ente investigador. La primera, las investigaciones por la llamada “ñeñepolítica”, relativas a la posible compra de votos en la campaña del presidente Duque.
Hace aproximadamente un mes, la Fiscalía ordenó la captura de dos agentes de la Dijin que participaron en la interceptación de comunicaciones al ‘Ñeñe Hernández’ que dieron origen a la investigación, lo cual de manera inmediata suscitó la pregunta de ¿Por qué esta línea investigativa si avanza y otras de esta investigación no? Existiendo una relación tan cercana con el presidente y habiendo participado en su campaña, ¿No debió el fiscal Barbosa declararse impedido desde el inicio?
La segunda tiene que ver con la imputación que hizo la Fiscalía como “acceso carnal abusivo en menor de 14 años” a la violación sexual de que fue objeto una niña Embera Chamí por parte de siete soldados adscritos al Batallón San Mateo del Ejército Nacional en el Resguardo Dokabu, municipio de Pueblo Rico, Risaralda.
El fiscal Barbosa defendió públicamente la agilidad y el contenido de la imputación que omite el elemento “violencia” en la caracterización de la conducta. Esta indebida tipificación ignora la violencia explícita con que se desarrollaron los hechos, la comisión de otras conductas como secuestro o desaparición forzada y elementos de contexto como el número de soldados que atacaron la niña, la relación de poder y uso de armas involucradas en los hechos. La posición de la Fiscalía producto del afán inmediatista, revela falta de sensibilidad étnica y de género, ausencia de conocimientos jurídicos y de compromiso con el reconocimiento de las víctimas de violencia sexual.
Ello ocurre en un contexto en el que se conoce que la violencia sexual cometida por miembros de la Fuerza Pública no es una situación aislada sino una práctica recurrente que no ha sido suficientemente visibilizada y sancionada. La tipificación de la Fiscalía contribuye al silenciamiento de la gravedad de la conducta cometida.
Y la cereza del pastel. Se hizo de público conocimiento que mientras la mayoría de colombianas y colombianos respetaban el aislamiento preventivo obligatorio en razón de la pandemia del COVID-19, el fiscal se fue con su esposa, hija y una amiga de su hija a San Andrés en un fin de semana festivo, haciendo uso de recursos públicos.
Además de que el fiscal no ha justificado encontrarse en alguna de las excepciones al aislamiento, tampoco queda clara la necesidad de su presencia en la isla, si no es la persona que instruye directamente la investigación que ameritaba la presencia de la Fiscalía allí.
Este episodio hizo inevitable recordar que en el mes de mayo, el fiscal anunció una investigación contra la alcaldesa de Bogotá Claudia López por salir a hacer mercado con su esposa violando la medida de confinamiento, en ese momento el fiscal señaló que “nadie puede estar por encima de la ley”. Parece que esta máxima no aplica en su caso.
En otras latitudes, esta semana se hizo público que David Clark, Ministro de Salud de Nueva Zelanda, renunció por haber violado la cuarentena, a pesar de que su país ha mostrado resultados positivos en la contención del virus.
El fiscal Barbosa, como acto de dignidad y respeto con la ciudadanía, debería seguir este ejemplo, pedir perdón a los colombianos y colombianas, y ponerse a la orden de las investigaciones penales y disciplinarias que deben iniciarse. Pero no va a pasar, porque él, sin ningún asomo de humildad y capacidad autocrítica, se ha defendido diciendo que primero es padre que fiscal. Así como ha señalado con soberbia que “estamos haciendo la mejor Fiscalía en la historia”.
Una lección importante de este ejercicio, es que se requiere modificar el sistema de elección del fiscal. Es el pedido que han realizado por años organizaciones de derechos humanos, centros de pensamiento y sectores de la academia. Una administración de justicia independiente e imparcial es un derecho humano y un indicador de funcionamiento del sistema democrático. El cargo de Fiscal General no puede ser una vacante que suplan los amigos del Presidente de turno.
Columnas anteriores
El coronavirus y la minería amenazan la salud del pueblo wayuu
La erradicación forzada, un error más que comete el Gobierno de Duque
Paz territorial se consolida con garantía de derechos, no con militares extranjeros
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
.svg)
