Estos trabajos muestran que incluso un pequeño aumento de una sola unidad de material particulado de PM 2.5 aumenta el riesgo de problemas respiratorios que pueden ser fatales para pacientes con este coronavirus. A esta preocupación, se suman informes internacionales que muestran que las minas alrededor del mundo son un punto crítico para la propagación de esta pandemia.
Las personas que sufren mayores afectaciones y altos niveles de mortalidad por el virus del COVID-19, son quienes sufren enfermedades respiratorias preexistentes como es el caso de varias comunidades wayuu de La Guajira, especialmente el Resguardo de Provincial, ubicado a tan solo un 1 km de los tajos mineros de Carbones del Cerrejón. Esto es supremamente grave si se tiene en cuenta que, según se demostró en la reciente decisión judicial de la Corte Constitucional T-614 de 2019, las historias clínicas de la comunidad wayuu de Provincial y un informe de la Secretaría de Salud y Sanidad Pública Municipal de Barrancas revelan que existe una preocupante incidencia negativa y recurrentes afecciones en el funcionamiento del sistema respiratorio de los integrantes de esta comunidad.
Luego de un extenso debate probatorio y argumentativo, la sentencia de la Corte comprobó las serias afectaciones a la salud a las que antes de la pandemia ya estaba expuesta la comunidad wayuu, entre las que se incluyen enfermedades como: “riesgo de alteraciones a nivel celular, cáncer, neumonías bacterianas no especificadas, neumocosis, bronquitis crónica, fibrosis masiva, asma mixta, asma bronquial, laringitis obstructiva aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), infecciones agudas no especificadas de las vías respiratorias inferiores y otras infecciones agudas de “sitios múltiples de las vías respiratorias superiores e inferiores”.
Desde el año 2014, un informe sobre la crisis humanitaria en La Guajira elaborado por la Defensoría del Pueblo en Colombia señaló que según declaraciones de las autoridades locales del municipio de Barrancas (lugar donde se ubica el Resguardo de Provincial): “el problema ambiental más relevante del municipio es la contaminación por emisiones de polvo a causa de la explotación de las minas de carbón del Cerrejón, las cuales afectan la salud de los habitantes.”
En ese orden, ante la nueva evidencia científica sobre la caracterización de los riesgos de la pandemia es urgente y prioritario que en aplicación del principio de precaución se suspendan los tajos mineros aledaños a la comunidad de Provincial, que permitan adoptar medidas proporcionales y evaluaciones necesarias para conjurar el riesgo de muertes y daños graves contra este pueblo indígena. El Estado Colombiano está en la obligación de proteger y adoptar medidas eficaces en favor de esta comunidad, en particular de sus niños y niñas, antes que seguir profundizando los niveles de vulnerabilidad y el deterioro en su salud por causa de la explotación minera.
Aunque la Corte Constitucional le ordenó a la empresa reducir las emisiones de material particulado, lo cierto es que la comunidad denuncia una histórica debilidad e ineficacia de las medidas de manejo y control para “mitigar” los daños que les ha dejado la explotación minera que les acorrala y que es su “mal vecino”.
En particular, la sentencia de la Corte ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social del Estado colombiano crear una brigada de salud con la finalidad de: (i) hacer una valoración médica de los integrantes del Resguardo Indígena Provincial; (ii) construir un perfil epidemiológico de la comunidad; y, (iii) informar los resultados obtenidos a la Comisión Técnica y a las E.P.S que tengan como afiliados a integrantes del resguardo, para que realicen los tratamientos correspondientes a que haya lugar.
El mismo Tribunal destacó la importancia de esta brigada, en los siguientes términos, (…) “podrá ser útil para la identificación de los riesgos y las medidas que deben adoptarse para asegurar la satisfacción de los derechos fundamentales de la comunidad” . Lo anterior quiere decir, que si la situación en materia de salud pública para esta comunidad indígena era dramática antes de la emergencia generada por el COVID-19, es aún más dramática a causa de esta emergencia sanitaria para el Resguardo de Provincial, en tanto no se ha adelantado ningún preparativo en materia de salud pública ante la pandemia.
Es de recordar, que ya la Corte había advertido que la compañía Carbones del Cerrejón incumplió el estándar internacional de debida diligencia exigido por la Declaración de Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, también denominados “Principios Ruggie”. También resaltó que las autoridades colombianas de control ambiental no han adoptado las medidas suficientes para proteger a la población indígena, a pesar de la existencia de varias sentencias que han advertido sobre el grave riesgo que representa la explotación minera a cielo abierto.
A la crisis sobre la calidad del aire se suma la generada por la privación a una garantía efectiva del derecho al agua. La empresa Carbones del Cerrejón niega sistemáticamente cualquier responsabilidad por la violación del derecho al agua de las comunidades indígenas aledañas a los tajos de su explotación minera. Sin embargo, es innegable la incidencia de la operación minera en las transformaciones dramáticas del sistema hídrico de su territorio en los últimos 30 años.
En visto de todo lo anterior, mujeres y algunas autoridades tradicionales han presentado ante Naciones Unidas una petición urgente para que su caso sea evaluado y se realice un pronunciamiento y llamado para que el Estado Colombiano ordene la suspensión de los tajos mineros que aumentan los riesgos, más cuando desde inicios del mes de junio se de 2020 se han reportando los primeros casos de contagio de trabajadores de Carbones del Cerrejón y en el municipio de Barrancas aledaño a la comunidad.
Si la capacidad hospitalaria en Colombia es deficiente de manera general, para la población del pueblo wayuu que habita en La Guajira, el segundo departamento más pobre del país, la situación es aún más precaria. La presencia de estos factores hace que la pandemia pueda ser mortal para los wayúu, una etnia milenaria en grave peligro de extinción.
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