Este 20 de junio culmina la primera legislatura del Congreso de la República, año de trabajo que deja más deudas que ítems para resaltar. El 20 de julio de 2018 tomaron posesión los 108 Senadores y 171 Representantes encargados de acompañar los cuatro años de la administración de Iván Duque; convergencia política que debía viabilizar la agenda legislativa del nuevo Gobierno y acompañar la implementación de los acuerdos de paz.
El Capitolio Nacional se constituyó en un estamento bastante polarizado y con inminentes retos políticos por afrontar. Enconados debates y diatribas ideológicas entre gobiernistas, independientes y oposición rodearon la reforma política, la ley estatutaria al sector TIC, los proyectos anticorrupción, la regulación del fracking, la reforma a la justicia, el plan nacional de desarrollo, las objeciones a la JEP, el tema pensional, el sistema de regalías, la reforma tributaria y demás iniciativas parlamentarias.
Un novel gobernante, Iván Duque, apostó por una relación entre el ejecutivo y el legislativo centrada en el diálogo y no en las coimas tradicionales entre los gamonales políticos de las regiones y el Gobierno de turno.
Ánimo de renovación y cambio que obstaculizó la consolidación de mayorías que permitieran sacar avante las iniciativas del gobernante y propició la consolidación del brazo opositor que congregó los pensamientos de izquierda y conquistó el apoyo de independientes que no lograron mantener las acostumbradas cuotas políticas.
El tan llamado Congreso de la renovación y la transparencia en aras de la Paz y la anticorrupción ha demostrado a lo largo de este año que en el legislativo han existido, existen y existirán intereses particulares y partidistas que primarán sobre el interés colectivo de la sociedad colombiana. Elegimos a “ilustres” cabildantes que si no hacen parte de la vergonzosa lista de ausentismo parlamentario, son combinados de piedra o se preocupan más por su impacto mediático; antes que las plenarias parecen tener más importancia los debates y programas de opinión en radio y televisión en los que son colaboradores habituales y logran posicionarse en el imaginario del electorado nacional.
Los hechos restan cada vez más la, ya maltrecha, credibilidad de la rama legislativa colombiana. Los nuevos miembros del Senado y Cámara sucumbieron en la intolerancia e irrespeto democrático, entraron en la tradicional maquinaria incapaz de gobernar bajo el respeto por las diferencias, reconocimiento de la pluralidad propia de la sociedad y el Capitolio Nacional. La primera legislatura que ahora termina no tramitó ni un solo proyecto de ley que apueste por la implementación y cumplimiento de los Acuerdos de Paz, se enfrascó en las objeciones a la JEP y se olvidó de lo verdaderamente importante para el postconflicto, las víctimas.
El Congreso, en su accionar, deformó en el tránsito legislativo la iniciativa de reforma política, instancia que tenía por objetivo no solo mejorar y dinamizar el ejercicio democrático sino atacar la corrupción. Las maniobras políticas primaron, del proyecto se extrajeron los puntos de mayor potencial por medidas banales que traían consigo favorecimientos a la clase parlamentaria. Fractura de la columna vertebral de la reforma que conllevó a que el propio gobierno, en cabeza de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, determinara hundirla para reformularla y presentarla en la próxima legislatura.
La desidia parlamentaria raya en exceso, desde el legislativo se dio la espalda a los más de 11 millones de colombianos que el 26 de agosto de 2018 votaron la consulta anticorrupción, el Congreso, con su accionar, se encargó de hacer agonizar los proyectos de ley que se presentaron en esta materia.
Nuestros “honorables legisladores” con múltiples evasivas se negaron a hacer frente al fenómeno de la corrupción, y como era de esperarse “misteriosamente” fue archivada la reducción o congelamiento del salario propio y de otros servidores públicos; así como la supresión de la casa por cárcel a los corruptos.
Los recursos del erario no solo sufrieron impacto con los onerosos salarios de los congresistas; el Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado contra el tiempo, el conocido “pupitrazo” apareció para establecer el alza en los aranceles a los textiles y confecciones provenientes del exterior, la financiación de Electricaribe, y avalar el resurgimiento de polémicos artículos alineados con las pensiones. Gravámenes que perjudican a gremios, comerciantes y consumidores; los ciudadanos nuevamente somos quienes debemos sentir en el bolsillo las consecuencias de la corrupción, el detrimento y falta de acciones legislativas. El ahorro de costos y la optimización de recursos no hacen parte del lenguaje parlamentario.
El recorte al gasto público y políticas de austeridad no fueron propiamente las bases estructurales de la discusión de la Reforma Tributaria aprobada en esta legislatura. La baja gobernabilidad de la administración Duque y el limitado margen de maniobra para aglutinar las mayorías parlamentarias conllevaron a que Senadores y Representantes trasquilaran la reforma fiscal propuesta, bombardearan la política económica para hacer frente a los exorbitantes compromisos adquiridos por la administración Santos, el desfinanciado presupuesto y la maquillada crisis financiera que asumió el equipo económico el 7 de agosto de 2018.
Es claro que el Senado y la Cámara de Representantes no se mueven sin incentivos –mermelada, dádivas, tajadas burocráticas–, un trato benévolo que afile la maquinaria legislativa y de vía libre a las iniciativas del ejecutivo. De ahí que este primer año se considere una pérdida total del tiempo. La administración Duque tras sus múltiples derrotas en el legislativo comprendió que si quería un mínimo margen de acción debía emplear “dulces dietéticos” que permitieran descongestionar sus apuestas políticas. Tres proyectos (Plan Nacional de Desarrollo, Reforma tributaria y Ley TIC) son un balance paupérrimo para los órganos del poder, pero a su vez para la sociedad colombiana.
La voluntad política de los cabildantes parece estar concentrada en la ley del menor esfuerzo. No se tramitan las iniciativas del Gobierno, pero tampoco se conocen proyectos de las bancadas que propendan por promover el empleo en el país, aprovechamiento del sistema de regalías para la solución de los problemas sociales en las regiones colombianas, reformas necesarias al imperfecto acuerdo de la Habana, entre muchos otros temas de vital importancia para el País.
La doble moral es el harakiri de un ente estatal que se hunde en medio de las incongruencias y la presencia de miembros incómodos que, como en la época de Pablo Escobar, hacen que el flagelo mafioso, violento y terrorista se apodere de esta Institución. El Capitolio símbolo de polarización, arrogancia y negligencia se menoscaba en su pésima imagen y credibilidad en el entramado social. Es hora que los congresistas asuman su compromiso y responsabilidad con el electorado, fijen metas, proyectos y acciones que permitan recomponer el camino político, económico, jurídico y social de Colombia.
Por ahora se cierra un primer año de legislatura en el que el Congreso como los malos estudiantes ha dejado varias tareas pendientes y se queda en nivelación de objetivos para el siguiente periodo. Necesitamos Senadores y Representantes que depongan esos aires de pubertad que les hacen reclamar de manera airada independencia de poderes, pero reclaman fuertemente el acompañamiento, auxilio y protección económica del ejecutivo. En las urnas fueron elegidos para gobernar, prestar un servicio en pro del interés colectivo; ojalá que estas vacaciones legislativas sirvan para la reflexión y que el 20 de julio inicie una nueva legislatura diametralmente opuesta a la que ahora termina.
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