Esta semana, Transparencia Colombia señaló que el país ha perdido más de 17 billones de pesos en dos años en temas conexos a la corrupción, hecho que parece haber pasado desapercibido para medios, instancias sociales y entes gubernamentales.
Todo indica que nos encontramos en el marco de una sociedad que naturalizó y legitimó hechos de abuso de poder; se hace pedazos el concepto ético de actuación y moral del ser al interior de un colectivo.
El sacar provecho económico, a cualquier instancia o ventaja, aprovechando la posición privilegiada en un momento determinado hace parte del accionar diario en los escenarios sociales de la nación. El estudio “Así se mueve la corrupción: una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 – 2018” denota que los actos se presentan en el entorno nacional, pero se acrecentan de manera preocupante en la circunscripción municipal y departamental.
El contexto político nacional e internacional señala que este eje del contexto social es el que mayores problemas de corrupción presenta. Los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht han dejado a la luz pública impresionantes casos de actuación y legislación en beneficio propio, “olla podrida” que en el mundo ha dejado ex–mandatarios pagando penas carcelarias, juicios en curso, ex–presidentes que optan por quitarse la vida, funcionarios destituidos y un sinnúmero de hechos más. Circunstancia que en Colombia aún no muestra resultados efectivos porque parecen existir intereses particulares por ocultar información y bloquear o ralentizar la acción del aparato judicial.
El fenómeno de la corrupción no está circunscrito a colores, ideologías, creencias o pensamientos políticos; hace parte de las corrientes de centro, derecha e izquierda, ha estado presente en las dictaduras y las democracias. Alberto Donadio en su texto “El Uñilargo: La corrupción en el régimen de Rojas Pinilla” nos esboza los hechos vivenciados en el último régimen militar de nuestro país, pero así mismo existen un sinnúmero de escritos que nos traen a la memoria histórica de la nación hechos del frente nacional, los nexos del poder con el narcotráfico, la contratación estatal, por solo mencionar algunos.
Macro–poder legislativo que se traslada al micro–poder local, la falta de transparencia y la ausencia de instituciones de control sólidas abren espacio para que desde la autoridad pública se obtengan ventajas ilegítimas. Las circunstancias particulares de Bogotá en los últimos años permiten reseñar casos como el carrusel de la contratación, la crisis de las basuras, las losas de Transmilenio, entre otros. Asuntos de cohecho, peculado, concusión y celebración indebida de contratos que han dejado multimillonarios saldos de detrimento patrimonial. Robos y sobornos que han salpicado al Palacio de Liévano, el Concejo de la ciudad, entidades distritales y enredan a políticos y contratistas.
Crisis de un sistema político, niveles de corrupción en el que actores tienden a utilizar sus cargos para su propio beneficio o para devolver favores a las personas que colaboraron en sus campañas políticas. Iceberg que en su punta vergonzante, en los municipios colombianos, encumbra casos de compra de votos, ambición personal que denota un micro–ejercicio de “todo vale” distante de componentes éticos, valores y principios morales.
Corrupción que no solo está en la política, el entramado judicial también tiene casos para reseñar. Los falsos testigos, los falsos positivos, la selección y el direccionamiento de las tutelas, ocultamiento de datos, uso abusivo de información privilegiada, favorecimiento a personas o instituciones en procesos judiciales, el “cartel de la toga”, son hechos que denotan la descomposición de agentes jurídicos implicados en chuzadas y demás hechos al margen de la ley. Estamento social en el que nuevamente prima la ley del más fuerte y el uso de posición privilegiada en beneficio propio.
Degradación social que también se traslada a la salud, la educación, el transporte y la infraestructura. Hechos de corrupción administrativa, privada, judicial, política y estatal que se inserta al sector económico que reporta pérdidas anuales superiores a los recursos buscados por la última reforma tributaria del gobierno de Juan Manuel Santos. Pérdidas económicas que se desvían a los bolsillos particulares y cubrirían la inversión faltante en sectores sociales.
Si bien es cierto se buscan medidas administrativas dirigidas a prevenir y combatir este flagelo, no es menos cierto que los dirigentes nacionales fueron incapaces de hacer frente a la consulta anticorrupción y su posterior proceso para establecer un estatuto que propenda por erradicar la descomposición de la esfera social. Nosotros como ciudadanos somos cómplices de esta epidemia al seguir apostando por elegir a una clase política y administrativa que se niega a cambiar y acrecenta a pasos agigantados los hechos de corrupción; convivimos y aceptamos como normales hechos que distan del adecuado ejercicio del poder público.
La corrupción en nuestro país es sistemática, para acabarla tenemos que aportar todos. El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude no son la vía adecuada para lograr lo que nos proponemos; las prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como la mordida a los agentes de tránsito, el colarse en el transporte público, dádivas o coimas para evitar una clausura son ejemplos claros de una expresión anómala del entramado social.
Es momento de repensar la educación superior, el componente ético es fundamental en la formación de los profesionales de nuestro país. Perdimos las bases estructurales de nuestra esencia como comunidad, es bien sabido que la ética y la moral están en todas las esferas curriculares, pero protagonistas de la corrupción de encumbradas Universidades Públicas y Privadas dejan en evidencia que en algo se falla en los componentes pedagógicos.
La educación básica y secundaria debe retomar ejes formativos de cultura, urbanidad e historia, componentes que convergen con los valores del hogar que constituyen la identidad de un ser que se integra a un componente social. Entramado cultural de un país como Colombia que parece dejar de lado el ser el país del Sagrado Corazón para venerar a la santa corrupción.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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