La movilización, que reunió alrededor del 2.04% de la población nacional, deja diversas variables a las cuales prestar atención: cuestionamientos sobre la efectividad de este tipo de actos, costo-beneficio para la economía nacional, real identificación de la mayoría de colombianos con las consignas de quienes convocan a este acto público.
De entrada, es bastante discutible generalizar peticiones en un evento al que asiste una minúscula proporción de los connacionales, sinónimo de apatía o distanciamiento frente a los motivos que llaman a la protesta.
Sindicatos, centrales obreras, comunidades indígenas, negritudes, campesinos y estudiantes hacen un llamado a protestar por el Plan Nacional de Desarrollo planteado por el gobierno Duque. A decir de ellos, el paro nacional de 2016 dejó unos acuerdos que no se han cumplido por parte de la administración central y ahora se profundizan con la propuesta rectora de la Presidencia de la República.
Lo primero es preguntar si son tantas las falencias de los acuerdos de hace 3 años por qué solo hasta ahora se manifiestan y no se dijo nada al ex-presidente Santos y su grupo de trabajo; otro punto es reseñar que lo que ahora se somete a aprobación del legislativo es el resultado de un programa gubernamental que fue elegido por más del 21% de los colombianos que representan al casi 54% de los que sufragaron en las elecciones de junio de 2018.
Si bien es cierto que estos 261 días de Iván Duque al frente de la máxima magistratura del país deja serios interrogantes frente a su idoneidad e inexperiencia para el cargo, no es menos cierto que deja entrever una seria intención de dar un giro de 180º en la forma de hacer política –sin mermelada y compromisos sobre posibilidades concretas de cumplimiento–.
Estrategia de mandato que hace frente a los obstáculos propios de la clase política tradicional y el contexto nacional de un país profundamente polarizado en los discursos bizantinos de izquierda y derecha, como el propio Duque los califica. Contexto de confrontación ideológica que se traslada del escenario legislativo y ejecutivo a los sectores rurales y urbanos del entramado colombiano.
Sería no apropiado pensar que en 8 meses se destruyó la Paz firmada por el gobierno Santos, que las objeciones a la JEP han despertado un clima de violencia que trae consigo el asesinato y persecución de líderes sociales, así, como las diversas manifestaciones de violencia que hemos presenciado en los últimos meses.
Es claro que existió y ha existido una mala planificación de lo que sería el posconflicto, las secuelas de los reductos de grupos al margen de la ley y el qué hacer con los descontentos que dejó el acuerdo tanto en las filas de las FARC como en la población nacional.
Panorama de bifurcación que plantea serios debates en las vertientes sociales del país. Escenario perfecto que lleva a cada corriente a pescar en rio revuelto y tratar de sacar beneficios de toda índole en cada una de las circunstancias que se presentan.
En diciembre los estudiantes universitarios lograron un acuerdo con el gobierno nacional que aumentó en 4.5 billones de pesos los recursos para la educación superior pública durante el cuatrienio, solución consensuada para mitigar las necesidades de un sector golpeado por la desatención de administraciones anteriores y el coletazo del programa “Ser Pilo Paga” que tampoco tuvo protesta alguna en su momento.
Hoy, 4 meses después, se suman a una protesta sin razones claras y objetivas, en busca de congraciarse con movimientos que los respaldaron en su momento dicen sospechar de un incumplimiento no causado por parte de la presidencia Duque; el problema está en que olvidaron que los argumentos y el dialogo fueron más válidos que las piedras y las papas bombas que volvieron al escenario educativo.
A los estudiantes se sumaron los maestros agrupados en Fecode, que piden el cumplimiento de un pliego de condiciones radicado en el Ministerio de Educación, no acordado y firmado a la fecha, que lucha por recursos para la educación pública, mejoras en la atención médica de los profesores, entre otros. Protesta que desconoce la grave situación del sistema de salud que se ofrece a los docentes desde hace muchos años a la merced de sincretismos políticos y no propiamente de los últimos 8 meses de gobierno.
Escenario que deja al margen 45 encuentros de diálogo entre educadores y la administración pública que busca pactar un acuerdo en el margen de acciones que se puedan cumplir, enfoque diametralmente opuesto a negociaciones anteriores.
Por su parte las comunidades indígenas, negritudes y campesinos llegaron a este paro nacional tras el acuerdo del último mes de marzo con la minga indígena del Cauca. Intereses comunes en la distribución de territorio, políticas agroindustriales, explotación minera, reducción de la violencia rural, respeto a la libertad y los derechos humanos.
Confrontación rural, degradación de la seguridad democrática, que trajo consigo la infiltración de actores armados en zonas del país donde son perseguidos y desaparecidos los líderes sociales, y propician enfrentamientos de la población con la fuerza pública. Protesta totalmente justificada que opta por las vías de hecho antes que explorar el diálogo y fijar acuerdos en la refundación de un país en el marco de la paz.
Por último están las centrales obreras que a lo largo de la historia han demostrado que su protesta está presente porque sí o porque no, porque se dice blanco o negro. Nunca están de acuerdo con absolutamente nada. Su eje de acción está en el Plan de Desarrollo, que no se alínea con el pensamiento socialista propio de los sindicatos, y el querer poner nuevamente en la palestra pública temas no acordados con administraciones gubernamentales anteriores.
Convergencia de intereses, propios y ajenos, que señalan incumplimientos a pactos firmados en protestas anteriores y concertan un ambiente propicio para otra gran marcha el próximo 1 de mayo, día internacional del trabajo.
Intereses particulares y comunes incapaces de reconocer el escenario de un país en crisis y las multimillonarias pérdidas que deja un paro nacional. Perjuicios que se trasladan al bolsillo de todos nosotros y que acrecientan no solo las diferencias sociales sino que profundizan la violencia entre unos y otros en las zonas urbanas y rurales.
Como colombianos debemos tomar ejemplo del proceso de paz con las FARC que planteó en el marco del diálogo la solución política y negociada a divergencias en el plano político, económico, social; visión de una nación.
Ejercer el derecho a la protesta es totalmente válido, pero respetar el derecho al discernimiento también lo es; encontremos puntos de acuerdo que nos permitan avanzar y crecer como país. Colombia con múltiples riquezas naturales y estupendas oportunidades requiere que sus habitantes se reconozcan como sociedad y desde sus acuerdos y desacuerdos proyecten la reconstrucción de un proyecto de vida que le permita progresar en el escenario mundial.
Esa nación en paz que en el marco del ejercicio democrático dejó las armas y la imposición de argumentos por la confrontación respetuosa de ideas y la concertación de políticas en pro del bien común.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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