En los últimos días Colombia ha sido escenario de un duro enfrentamiento político entre el partido de gobierno y la oposición, discrepancia ideológica, conceptual y de concepción y proceder, que conlleva a que algunos acusen a la corriente de derecha de querer asfixiar a la izquierda, o quien tenga ideas contrarias a la administración de Iván Duque.

Si bien la Ley 1909 del 9 de julio de 2018 reglamentó y dio vía libre al Estatuto de la Oposición y brindó algunos derechos a las organizaciones políticas independientes, también es cierto que sus acciones deben estar ajustadas a la ley y cumplir con los lineamientos de la democracia en nuestro país.

El conflicto, propio del entramado político colombiano, nos traslada a la Constitución de 1991 que en sus artículos 40 y 112 apostó por establecer la oposición como un derecho fundamental que contará con protección del Estado y las autoridades nacionales.

Reglamentación que traía consigo varios propósitos: mediar en las divergencias liberales y conservadoras propias de la época, allanar el camino de la reinserción del M19 a la vida pública, y la participación, activa, de la izquierda colombiana en el contexto electoral. Democracia, en toda la extensión de la palabra, que legitima el derecho a pensar y opinar de forma diferente sin llegar a la estigmatización.

Clima político divergente que radicalizó las posturas, de unos y otros, al tiempo que hacía frente al convulsionado contexto social y proceso electoral de los años 80 y 90 que dejó el asesinato de líderes de las corrientes de derecha, centro e izquierda –Rodrigo Lara Bonilla, Luís Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, por solo mencionar algunos–. Nexo de la clase política y actores al margen de la ley que agudizaron las diferencias ideológicas, acrecentaron las desigualdades sociales, fortalecieron la violencia urbana y rural en un País con un conflicto armado de muchos años, y dejaron en evidencia profundos casos de corrupción en el contexto público y privado.

Andrés Barrios Rubio

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Desgaste democrático que desdibujó los pilares de los partidos tradicionales y condujo a la conformación de nuevos movimientos políticos que se congregan ante la figura y el discurso de un caudillo. Nuevo milenio que trajo consigo “nuevas formas de hacer política”, pero a su vez radicalizó los extremos de la derecha y la izquierda. Una política dinámica en la que hoy se dice blanco y mañana negro, se es conexo a una visión del Estado, pero al momento de conveniencia se alinea al otro extremo sin siquiera sonrojarse o preocuparse por establecer un plan de transición.

Polarización ideológica que se traslada a la sociedad bajo la necesidad de una seguridad, democrática y de igualdad social. Fundamentalismo político que confronta la postura de erradicación armada del conflicto y la posición de quienes optan por una salida negociada. Punto máximo de la radicalización que salió a flote el 2 de octubre de 2016 con el plebiscito por la paz, punto divergente de un acuerdo del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC en temas cruciales del campo, la justicia y el narcotráfico.

Escenario en el que 50.21% de los votantes, conexos al partido de oposición del momento, alzaron su voz en contra de lo pactado en ejes claves: perdón y olvido sin que medie la justicia, participación política sin pago de penas carcelarias y sin importar la manifestación del pueblo en las votaciones.

División política y social de un país que se traslado a las urnas en 2018, primero en las elecciones legislativas en el mes de marzo y luego en los sufragios del ejecutivo en el mes de junio. Escenario político en el que los candidatos de todas las corrientes atizaron el ambiente entre el sí y el no al plebiscito por la paz, y no en construir un consenso desde las diferencias.

Panorama político que dejó nuevamente con la victoria a la corriente opositora al proceso de paz, pues luego de coaliciones y jugadas estratégicas, de unos y otros, logró escaños importantes en el Congreso y obtuvo la Presidencia con el 54.03% de los votos.

Diatriba política en la que parece todo vale con el fin de lograr los intereses particulares del cacique de turno. Ajedrez político en el que se establecen jugadas maestras para conseguir el objetivo trazado sin importar las consecuencias, afán de protagonismo que olvida los límites de la ley.

Caso particular que nos traslada a la elección de Antanas Mockus como Senador, lista electoral de la Alianza Verde sustentada en la figura imponente del pedagogo y ex–alcalde de Bogotá que por si solo consiguió más de 540 mil votos, lo que representa el 41.3% de los sufragios de dicho partido; golpe de opinión que arrastra varios de los 9 escaños logrados en el senado y deja serios cuestionamientos sobre las intenciones que se tenían con la selección de él como cabeza de lista.

Andrés Barrios Rubio

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Polarización, conflicto y enfrentamiento en el ADN de la sociedad colombiana

Es claro que Antana Mockus se ha constituido como una figura de ejemplo ciudadano y transparencia, pero no es menos cierta la aseveración del vocablo latino “Dura lex, sed lex”, dura es la ley, pero es la ley.

Por más que lo quieran ver como una falta menor y alejado de cualquier tufillo de corrupción, la candidatura de Mockus violó el régimen de inhabilidades; el numeral 3º del artículo 179 de la Constitución Política prohíbe expresamente que quien se postula a un cargo público intervenga dentro de los seis meses anteriores en la celebración de contratos con entidades públicas.

Para nadie era un secreto que, en noviembre de 2017, Antanas Mockus seguía apareciendo como representante legal de la entidad sin ánimo de lucro Corpovisionarios. Jugada en falso que aprovechó el ala del gobierno y deja fuera del juego una ficha clave de la oposición.

Falla de cálculo táctico que se complementa con un segundo alfil de la oposición representado en Ángela María Robledo, importante actor y estratega de la izquierda colombiana que incurrió en doble militancia; circunstancia que nuevamente nos traslada al vocablo latino “ignorantia juris non excusat o ignorantia legis neminem excusat”, el desconocimiento o ignorancia de la ley no exime del cumplimiento de esta.

Si bien es cierto, la señora Robledo llegó a la Cámara de Representantes en el marco del Estatuto de la Oposición que concede dicho escaño a la formula vicepresidencial del candidato perdedor en las elecciones, no es menos cierto que el artículo 107 de la Constitución Política determina que quien pertenezca a una corporación pública y quiera participar en las siguientes elecciones por otro partido debe renunciar a su curul con 12 meses de antelación a la fecha de inscripciones; ella renunció a la Alianza Verde el mismo día que se inscribió como fórmula de Gustavo Petro.

Errores estratégicos que impactan el ego de la oposición que conquistó algo más de 8 millones de electores en el mes de junio de 2018 y lastiman la democracia sustentada en un estatuto que brinda voz y acciones legítimas a quienes están en el ángulo diametralmente opuesto a quienes ejercen el poder.

Si bien la oposición es importante para el ejercicio político nacional porque permite ver desde otros puntos y perspectivas las situaciones, no es menos relevante que el ejercicio de la democracia se construya dentro del marco de la ley; hoy son unos los que gobiernan y otros los que se oponen, pero en la dinámica de la política todo cambia y mañana los papeles se pueden invertir. La ley es la misma para todos, los recursos están para usarlos y las pruebas cuando son irrefutables traen sus consecuencias.

Es claro que nos encontramos en un punto neurálgico de nuestra historia, apostamos por dejar atrás 70 años de confrontaciones armadas con la guerrilla y lo hicimos a través de un proceso de paz que no nos satisface a todos. No hay acuerdo perfecto, pero de las divergencias podemos construir el camino que nos conduzca a la armonía de una democracia que tiene diferentes voces y enfoques para afrontar los problemas.

La oposición más que poner zancadillas y torpedear al cabildante de turno debe aprender de la inocencia de sus acciones, la astucia para sacar ventaja de ciertas circunstancias, la intransigencia para negociar y permitir avanzar las políticas estatales y dejar atrás el papel de victimización en el que fundamenta sus actuaciones. ¡Colombia somos todos!

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.