La obra magna de la justicia colombiana, el caso ‘Santrich’, novela que tuvo su final de temporada en los últimos días, dejo en el ambiente serias incógnitas sobre la idoneidad y el ecuánime papel de la rama judicial en el país. Bofetada a los colombianos de bien que ven impotentes cómo el aparato judicial menoscaba la poca credibilidad que le queda. Las cortes distan de ser los honorables tribunales de otrora.
El talante e independencia que debería acompañar a los órganos judiciales se ve mancillado por los intereses personales, políticos e ideológicos de quienes ostentan el poder jurídico colombiano. Instituciones comandadas por “honorables togados” que a su interior prefieren estancar el quehacer de las altas cortes antes que consensuar la elección de sus dignatarios o los sustitutos de quienes por líos jurídicos, cumplimiento de periodo o renuncia, por otros motivos, deben abandonar el cargo.
Componendas políticas que generan rencillas entre salas y tribunales que bajo leguleyadas buscan boicotear acuerdos previos en pro de cargos e intereses o beneficios propios “non sanctus”. Tajadas burocráticas en juego que dejan acéfalo el ejercicio de la justicia en el país. Entramado de causalidad que inevitablemente conduce a hacer referencia al tan nombrado, y por algunos ya olvidado, “Cartel de la Toga”, encumbrado caso de corrupción alejado de toda base estructural del concepto de justicia. Disfuncionalidad de la rama judicial que resta credibilidad a sus decisiones ajustadas a la norma.
Lucha de poder y jurisdicción jurídica en la que jueces, fiscales y magistrados dejan en evidencia que Colombia está condenada a repetir su historia, no se ha aprendido de los errores del pasado. Hoy transcurridas dos décadas está más válida que nunca aquella frase que se atañe a Álvaro Gómez Hurtado en los años 90 “hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en la que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales“. Desvergüenza de instancias desproporcionadas que vincula no solo a las cortes sino a un organismo independiente adscrito al poder judicial como la Fiscalía General de la Nación.
Instancias garantistas que concentran su mirada selectiva sobre algunos casos puntuales y desvían la atención sobre problemas que los tocan de una u otra manera. La Fiscalía General de la Nación pondera el mejor ejemplo de los cuestionamientos y el conflicto de intereses, a lo largo de dos años y nueve meses diferentes sectores enfocaron sus críticas y ataques en los impedimentos de Néstor Humberto Martínez, al frente de este ente, y las investigaciones del caso Odebrecht o las indagaciones por corrupción contra el empresario Carlos Mattos, procesos en los que el ex–fiscal tenía nexos en su ejercicio profesional como abogado.
Administración de justicia, desde la Fiscalía General de la Nación, que con nexos políticos y jurídicos encarnó nobles batallas investigativas de éxito contra casos muy sonados en el escenario colombiano, emprendió ingentes esfuerzos contra los cultivos ilícitos y encabezó importantes acciones contra el crimen organizado. Legado jurídico que contrasta con las enconadas confrontaciones públicas con el acuerdo de paz y la Jurisdicción Especial de Paz; enfrentamiento que constituyó a ‘Jesús Santrich’ como un ícono de la libertad producto de las profundas zanjas de discernimiento que existen entre el ente acusador, la JEP, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado.
Disputas jurídicas en las que cada instancia muestra su músculo de acción, mide fuerza a través de interpretaciones jurídicas y actúa conforme a la ley, así las evidencias y pruebas digan lo contrario y se esgrima el ocultamiento de las mismas en medio del proceso. Diatriba palpable en el caso ‘Santrich’ donde se le confiere un fuero legislativo al “honorable representante”, contrario a funcionarios o servidores públicos de elección popular que no pueden posesionarse en sus cargos si tienen vigente una medida de aseguramiento en su contra.
Es decir, ¿la firma del acuerdo de paz dio vía libre a la impunidad? Todo parece indicar que los actores de las FARC pueden estar tranquilos en sus acciones, pues la rama jurídica está dispuesta, al igual que la rama legislativa, a desconocer lo inimaginable e ignorar los vicios o puntos de fuga que dejaron los acuerdos de paz y necesitan una corrección inmediata; todo bajo el discurso de la necesidad de implementar un acuerdo imperfecto y el temor de retornar al conflicto más antiguo del continente.
Lo que ocurre en las altas esferas de la justicia –Cortes y Fiscalía– entabla una inseguridad jurídica en la que los secuestradores, violadores, terroristas, narcotraficantes, ladrones a mano armada y demás criminales parecen tener licencia para delinquir y nadie puede tocarlos.
Los jueces navegan entre las interpretaciones jurídicas contradictorias, que están consignadas en las jurisprudencias, y traen consigo decisiones inexplicables como la casa por cárcel para Jenny Ambuila y Elba Chará, hija y esposa de Ómar Ambuila, detenidas por el escándalo de corrupción al interior de la Dian en Buenaventura; o la excarcelación del enfermero Diego Hurtado que conduciendo borracho mató a un motociclista e intentó huir del lugar de los hechos; el caso Yuliana Samboní; por solo mencionar algunos de los más cercanos.
Inequidad jurídica que contrasta con el delito de vender o comprar empanadas en la calle y la exhorbitante multa que ello conlleva, las acciones por robos menores en supermercados o establecimientos de comercio, las sanciones a los colados en Transmilenio, entre otras, contravenciones a la ley que deben ser castigadas, pero distan notablemente en sus penas y sanciones de los notables casos de corrupción. La justicia parece estar ligada no a las pruebas y agravantes del hecho sino a los contactos políticos, económicos y sociales del implicado en el delito; las relaciones con las que se cuenta para dar trámite a los procesos en el tiempo y la complejidad necesaria para salir del lío.
Gran reto asume la nueva Ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, que debe sacar avante la reforma a la justicia, la modernización del aparato judicial, y liderar esfuerzos para combatir el narcotráfico. Esta interlocutora de la rama judicial debe demostrar que a diferencia de su antecesora, Gloria María Borrero, es la persona idónea para rescatar a la justicia del escollo y desprestigio en el que se encuentra.
El cambio de la justicia empieza no por las instituciones sino por las personas que hacen parte de ella. La Ministra Cabello Blanco requiere de liderazgo y convicción para hacer frente a la transformación de un aparato judicial del que ella era parte y protagonista hasta hace pocos días.
Es necesario saldar los temas pendientes que generan un choque de trenes entre los entes administradores de justicia y no brindan la credibilidad necesaria de la rama legislativa a los connacionales. Todo parece indicar que una máxima de la justicia colombiana es ¡el que la hace, no la paga!, es decir, que ¡ser pillo vale!
Columnas anteriores
Medios y periodismo, la crisis de una unión indisoluble
Bogotá la ciudad referente de… ¿detrimento?
Oneroso costo de la gobernabilidad
Del Sagrado Corazón a la santa corrupción
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
.svg)
