El panorama político nacional esboza el difícil camino de un gobernante que no cuenta con el caudal político que lo respalde y acompañe. La inexperiencia gubernamental del mandatario, la polarización del país, la nula relación con la oposición, los fatales errores en la selección ministerial y cargos administrativos, el establecimiento y funcionamiento de las relaciones internacionales y las derrotas políticas en el congreso, impactan y ponen en jaque, casi mate, al estado social de derecho.
El entramado social observa perplejo los hechos de los últimos días que denotan que nos encontramos en un “cuello de botella” bastante complicado.
Las elecciones del 17 junio de 2018 delinearon un escenario complejo para quien se impusiera en dichos comicios. La profunda división ideológica, las radicalizadas posiciones frente al proceso de paz con las FARC y la composición del órgano legislativo permitían entrever el estrecho margen de acción con que contaría el nuevo presidente. La astucia de un “zorro” político era indispensable para apaciguar las aguas.
Antes de la posesión presidencial ya se cuestionaban lineamientos que apostaban por congraciarse con diversos sectores del ecosistema social, giro de 180º en la forma de hacer política primando lo técnico y el diálogo sobre la gestión estratégica de las necesidades del ejecutivo.
Conformación de un equipo de trabajo que dejaba dudas en la idoneidad de los nombres y las carteras que ocuparían; los días fueron ratificando las preocupaciones que trajeron consigo un costo político que pasa “factura de contado” a un jefe de estado que carece de vehemencia y respaldo en sus acciones.
Nueve meses y diez días, 283 días de gobierno, han sido más que suficientes para ver que el país se le salió de las manos a Iván Duque; perdió su credibilidad y el pulso con los sectores sociales y políticos nacionales e internacionales. Incapacidad gubernamental que acrecentó la violencia, corrupción y enfrentamientos radicalizados y encumbrados por el desgobierno en el que se encuentra Colombia. Un gobernante sin apoyo del Congreso difícilmente logra dar paso y vía libre a sus iniciativas, solución a los problemas sociales de una nación.
Los ministros no han tenido la fuerza y trascendencia necesaria para defender en el Congreso las apuestas y transformaciones fundamentales propuestas por el Gobierno. En el legislativo sucumbieron la reforma política, la reforma tributaria y pensional, la reforma a la justicia y otras iniciativas; enmiendas que requerían no solo del músculo político del partido del presidente sino de la vocería y liderazgo de cada una de las carteras ministeriales.
Los acuerdos políticos hacen parte del ejercicio democrático con los partidos de oposición, apoyo a proyectos diametralmente opuestos a las ideologías de la administración estatal con base a la equidad y el beneficio general.
Confrontación directa de la radicalizada oposición con la política de gobierno que tuvo su punto cumbre desde el momento en que el ejecutivo interpuso las objeciones a la JEP; pulso de proporciones mayores entre quienes apoyaban irrestrictamente el proceso de paz y quienes se encontraban en la orilla del No en las elecciones del Plebiscito por la Paz del 2 de octubre de 2016. Escenario que denota ausencia de consensos con los distintos sectores y acrecienta las grietas de la sociedad colombiana con el proceso del Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, con las FARC.
Confrontación institucional que tiene en el limbo el ordenamiento jurídico colombiano y propició un choque de trenes entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Colectivo judicial al que se traslada no solo la división política del ejecutivo y el legislativo sino la radicalización ideológica de la sociedad colombiana que se debate entre los que están con la paz y aquellos que cuestionan seriamente una reincorporación a la vida pública sin que reconozcan sus delitos, dejen de delinquir, paguen unas penas y se sometan a la ley; perdón y olvido sin consecuencias y reparación.
Convulsionado entorno local que alterna con la errada política internacional de un gobierno que apuesta por intervenir en el conflicto venezolano y querer ganar protagonismo en el gobierno estadounidense; mira la paja en el ojo ajeno sin considerar la viga en el propio.
Jugada estratégica que desgasta cartas políticas con otros gobiernos e impone compromisos a corto, mediano y largo plazo. Escenario suramericano y norteamericano que denota la flaqueza del ejecutivo y agudiza el margen de maniobra y gobernabilidad de la administración de Iván Duque que es excesivamente limitada.
Quienes votaron por Iván Duque en las últimas elecciones desde la decepción, que les produce el pésimo gobierno que presenciamos, piden a gritos que el jefe de estado asuma los compromisos que adquirió en campaña. La defensa de la democracia, solución a la crisis social de sectores marginados del país, refundar los cuestionados ejes de acuerdo de reincorporación de las FARC a la vida pública, el fortalecimiento de las instituciones y la lucha frontal contra la corrupción son tareas pendientes.
Se requiere una reinvención inmediata de la administración Duque, establecer convergencias con los sectores ideológicamente distantes al gobierno y que vinculen a las regiones. Determinar el faro que guiará el derrotero de un Estado que será tripulado por un nuevo equipo ministerial; ‘modus operandi’ que fortalezca las instituciones nacionales y teja puentes entre las tres ramas del poder público. Gobernabilidad que, lejos de los índices de popularidad, reconozca que se falló en un primer intento de administración y deja en el ambiente aroma de inexperiencia y el sin sabor de no saber lo que se está haciendo.
Posturas serenas y coherentes como la del ex–fiscal Néstor Humberto Martínez y la ex–vice–fiscal María Paulina Riveros, en su renuncia irrevocable a sus cargos, plantean serias grietas en la Constitución, las leyes y normas sobre las que se sostiene el estado social de derecho colombiano. El caso Santrich se constituye en la piedra angular de la polarización de un país que ve cómo (en palabras de Álvaro Uribe) en la Habana se acordó un cogobierno.
Desafío inigualable al orden jurídico colombiano que ajustó la ley, estableció facultades, sin imponer límites para que un órgano como la JEP extralimite sus funciones en aras de posturas ideológicas nada conexas con las evidencias palpables. La propia división de la sala, y el salvamento de voto, presentados en este caso lo dejan a la luz pública.
Discursos tibios y pre–grabados como el de Iván Duque, el miércoles en la noche, denota el respeto del ejecutivo por las instituciones y acatamiento de las determinaciones judiciales, pero a su vez una fractura democrática que requiere de revisión de instrumentos que refunden la confianza de la población con la institucionalidad y sus gobernantes.
Si bien no es el momento de una Asamblea Nacional Constituyente, sí se requiere la fuerza de un Referéndum que desde el electorado alce la voz y fije posturas concretas ante el acuerdo de la Habana, las objeciones a la JEP y la fundamentación, alcance y límites de las ramas e instituciones del poder público. Reconocer el ajustado triunfo del No sobre el Sí en el Plebiscito del 2 de octubre.
Si bien defensores a ultranza de los acuerdos hablan de crisis y no de caos institucional, es imposible tapar con un dedo que nos encontramos en un escollo sumamente grave en la credibilidad de los colombianos frente al proceso de paz y el compromiso de las FARC con los mismos.
El vídeo completo que ahora se conoce, la confrontación de la propia sala de la JEP, la renuncia del Fiscal y el entorno del caso ‘Santrich’ permite abstraer que aquel 9 de abril de 2018 en el barrio Modelia de Bogotá no se estaba precisamente rezando El Rosario.
Hechos muy graves están circundando el entorno de la Casa de Nariño donde se espera que Iván Duque asuma el oneroso costo de la gobernabilidad. Es momento de dejar de lado los disensos, los colombianos requerimos de la convergencia de ideas y posturas que nos permitan refundar el ejercicio democrático. Reconocer que somos parte de una sociedad en post–conflicto, espacio de difícil reconciliación, pero que con verdadera justicia permite vislumbrar un futuro sereno y mucho mejor.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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