En los últimos días el Presidente Iván Duque y militantes del partido de gobierno, Centro Democrático, encabezados por Álvaro Uribe Vélez, han señalado ampliamente, por medios convencionales y digitales, la existencia de un macabro plan para desestabilizar la democracia colombiana este 21 de noviembre.

Estrategia anarquista, pactada en el Foro de São Paulo, que busca trasladar a Colombia el fenómeno que ya impacta a diversos países de la región suramericana. Escenario político en el que se triangulan ‘fake news’, la creciente protesta social y el estrecho margen de acción, frente a la oposición, que dejaron las elecciones del 27 de octubre, en el territorio nacional.

Quince meses de gobierno, 465 días en la Casa de Nariño, son más que suficientes para evaluar la gestión de un mandatario y percibir si tiene el temple para corregir el rumbo de acción que, hasta ahora, conduce al país a un caos de inusitadas proporciones.

En la contienda electoral del 17 de junio de 2018 muchos tenían claro que quien ganaba en las urnas era un novel político que, con su escasa experiencia administrativa y gubernamental, requería rodearse de un gabinete competente que le permitiera estructurar un horizonte que desmarcara al país de la administración Santos y delineara planes de acción para recuperar la confianza institucional, afrontar la crisis social y superar la polarización nacional, frente a la implementación de los Acuerdos de Paz.

Complejo escenario que, pasados los días, deja un balance preocupante de desaprobación que colinda el 69% y aproxima a Iván Duque Márquez a ser catalogado como uno de los peores presidentes de la historia democrática colombiana, incluso por encima de Andrés Pastrana Arango. La apuesta por tener un equipo ministerial conformado, en su mayoría por mujeres, con experiencia técnica, distante a la política y próximo al sector privado, no ha sido la mejor estrategia para afrontar, lo que los uribistas llaman, la “funesta herencia” del gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Lejano a la mermelada, las fórmulas clientelistas y las malquerencias del sistema político tradicional, que distan de la transparencia y eficiencia, el gobierno sucumbe en la incompetencia y falta de preparación para gobernar un país complejo como Colombia.

Matices sociales y políticos agudizan el entorno de Iván Duque Márquez al frente de la presidencia. Un crecimiento económico limitado, que trae consigo importantes tasas de desempleo acompañadas de una devaluación constante, confluye con los fracasos políticos en el Congreso –objeciones a la JEP, reforma política y jurídica, mociones de censura–, y los desacertados pasos en las relaciones internacionales, elementos que atizan la protesta social de grupos indígenas, estudiantiles y sindicales. Fractura del orden público que acrecienta el conflicto armado con disidencias de las FARC y grupos al margen de la ley, no solo en las zonas rurales sino en las grandes capitales colombianas.

Testaruda obsesión, de “querer tapar el sol con un dedo” y negarse a ver la realidad que aqueja al colectivo social colombiano, conlleva a salvaguardar irrestrictamente lo indefendible, incompetentes ministros como Gloria María Borrero o Guillermo Botero, por solo mencionar algunos, que desde sus carteras, de justicia y defensa respectivamente, coincidieron en desproporcionados desatinos de la política gubernamental. Destacados patriotas que, más que lecciones de vida para emular, dejan al país profundas preocupaciones por las acciones de proceder en el ejercicio de sus funciones y la prepotencia que los caracterizó como servidores públicos.

Salidas en falso del mandatario que al interior del país, y en el contexto internacional, merman la credibilidad y esperanza en el nombre de Iván Duque Márquez. Errores “involuntarios y de buena fe” que llevan a la nación a observar perpleja cómo se presenta un informe, de presencia guerrillera colombiana en Venezuela, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), plagado de imprecisiones, o se oculta al país la muerte de menores en un bombardeo de la fuerza pública a disidencias de las FARC. Panorama expedito que brinda los argumentos ideales a la oposición para poner al Presidente contra la pared en el Congreso.

Atrás de una moción de censura, coherente y justificada, contra un ministro quedó en evidencia la mezquindad de los líderes opositores, ahora encarnada en Roy Barreras; ideologización en contravía de los intereses nacionales que mete el dedo en la llaga para priorizar la agenda política propia. Exaltación oportunista del dolor público al revelar lo acontecido en el campamento del disidente ‘Gildardo Cucho’, pero omitir el cuestionar que grupos al margen de la ley, los mismos que masacran poblaciones sin distingo de edad, estén reclutando, para su defensa, en una clara violación del Derecho Internacional Humanitario, menores que caen en combate en la lucha contra los insurgentes guerrilleros. Peligrosa incriminación a la fuerza pública que desvirtúa la verdadera razón de ser del ejército en el establecimiento del orden en el territorio colombiano.

Juego turbulento de Gustavo Petro, Iván Cepeda, Aida Avella, los congresistas de las FARC y demás líderes radicales de la oposición que alienta la desbordada manifestación popular en las calles, para que se emule lo visto en los últimos días en Ecuador, Chile y Bolivia. Desde las falacias, destruir y enfatizar las diferencias ideológicas, la desestabilización social enmarcada en acusaciones de incremento de la inseguridad, resurgimiento del conflicto interno, detrimento de la clase trabajadora, reforma laboral y pensional, pauperización del empleo juvenil, entre otros factores; la agitación popular exacerba odios y agudiza la polarización que quiere trasladar a Colombia la “Proclama de inconformismo en Iberoamérica”.

Las tensiones indeseables, entre los actores sociales colombianos, llaman a salir a las calles este 21 de noviembre para gestar un gran paro nacional que al servicio de grupos violentos y coadyuvado por la oposición cumpla con el propósito de bloquear y desestabilizar el gobierno de Iván Duque Márquez. Protesta social que conduzca al quebrantamiento de la institucionalidad y ayude a llevar al poder una figura social–demócrata–, en decadencia en el vecindario, gobernante de izquierda que, al igual que los de derecha, buscará reformar la carta democrática para perpetuarse en la presidencia y conseguir el beneficio propio.

Más que servir de idiotas útiles, los colombianos deben fijar distancia frente a los intereses particulares de la izquierda y derecha política del país, el escaso compromiso de ambos frentes ideológicos con el territorio y los habitantes denotan la necesidad de un liderazgo ciudadano que defienda los intereses de la población colombiana. El falso discurso de desarrollo y apetito económico de los gobernantes hastía con los montajes y verdades a medias que se difunden en los medios sociales. Colombia requiere concretar un gran pacto nacional que precise e impulse un acuerdo político que escuche el clamor popular.

Los 10.398.689 colombianos que sufragaron por el candidato que decía continuaría el legado del exmandatario Álvaro Uribe Vélez deben comprender que es imposible gobernar por interpuesta persona, de los tres huevitos que dejó, luego de su mandato, el jefe del Centro Democrático ya se quebraron dos, uno que estalló contra el piso Juan Manuel Santos Calderón –cohesión social– y otro que se está volviendo tortilla Iván Duque Márquez –confianza inversionista–. Queda uno,–seguridad– que se debe preservar ante todo, fuente de inspiración que llama a defender la democracia.

Señor presidente, llegó el momento de ponerse y amarrarse los pantalones, Colombia requiere que Iván Duque Márquez tenga carácter y firmeza para recomponer el camino; al mejor estilo de los técnicos de fútbol, lea el compromiso y realice los ajustes necesarios en la nómina. Nombres y rostros frescos, con experiencia técnica y bagaje político, deben llegar al ejecutivo para hacer frente a la compleja situación fiscal y financiera que impacta al colectivo nacional. Corrección de los desequilibrios sociales, dirección efectiva del gobierno para sobresalir en el ámbito regional e internacional con resultados que responden a las necesidades actuales del país.

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