Colombia se prepara para afrontar el Paro Nacional del 21 de noviembre convocado por organizaciones sindicales y sociales, llamado al cese de actividades que busca hacer oposición y alzar una fuerte voz de protesta contra lo que han denominado el ‘paquetazo’ del gobierno de Iván Duque Márquez.

Reforma pensional, laboral y tributaria, fumigaciones aéreas, devaluación, incremento del desempleo, inseguridad, corrupción, inequidad entre muchos otros temas son el estandarte que llevan a las calles el inconformismo de la sociedad colombiana.

Legítima protesta social que se desdibuja y pierde sentido en los hechos conexos a la manifestación pública; vandalismo y excesos naturalizados en las marchas que se han vivido, los días jueves, en algo más del último mes. Convergencia de intereses ciudadanos infiltrada por delincuentes que desde el anonimato y su actuar encapuchado irrumpen la cotidianidad de la vida ciudadana.

Las palabras y los argumentos sucumben ante las piedras y los desmanes que solo afectan a la población que está al margen de las marchas: ese comerciante que debe soportar los vidrios rotos y grafitis en sus locales, el empleado que ve en peligro su vida por ataques como el que ocurrió en el Icetex el pasado 27 de septiembre, o quien va en el transporte público y queda encerrado en medio del enfrentamiento, por solo mencionar algunos.

Violencia social que parte de grupos al margen de la ley, “incautos manifestantes”, y destella esquelas de acusaciones a la fuerza pública que en “labores de inteligencia” no ha quedado muy bien parada ante la opinión pública. Desatención social que se convierte en crisis de grandes proporciones y enciende las alarmas ante lo que está ocurriendo en diversos países de Iberoamérica, conexidad del manto negro de la Revolución Bolivariana trasladada, al escenario local, por la migración desesperada e indiscriminada del pueblo patriota.

Elementos de acción comunes que llaman a reflexionar en lo que está pasando, el origen de la protesta y las desmedidas reacciones que desmitifican el verdadero sentido de la proclamación popular.

Chile es el ejemplo palpable, por estos días, de un descontento desbordado que colinda con hechos terroristas orquestados: destrucción e incendio del metro de Santiago –estaciones y trenes– e innumerables saqueos de supermercados, inmuebles, locales, bodegas, oficinas y farmacias.

Polarización ideológica que impregna el entramado social y desde arengas populistas y tendenciosas, trasladadas de las redes sociales a las calles, se lucha contra un modelo neoliberal que ubica a esta nación como un ejemplo político, económico y social de Latinoamérica.

Confluencia de una minoría delincuente con una amplia masa de estudiantes y trabajadores que sucumbe en la complicidad ante los desproporcionados desmanes destructores de los vándalos agitadores.

Idiotas útiles que cegados por el calor del momento, las ‘fake news’ y la falta de sindéresis conllevan al país a un caos de grandes proporciones, desestabilización burocrática que propende por la dimisión de un gobierno democrática y legítimamente elegido.

Confrontación de intereses que se lleva por delante a un sinnúmero de chilenos, los mismos por los que dicen estar en pie de lucha, que desde la desesperación ven el detrimento de la Paz y evidencian la impotencia que produce el no poder volver a la normalidad para sacar a flote sus hogares y resurgir de las cenizas que dejaron las protestas.

Escenario convulsionado que no está distante de los desmanes, muertos y pérdidas millonarias que dejaron las protestas indígenas de Ecuador, divergencia política y social que está cimentada en las diferencias ideológicas de Lenín Moreno y Rafael Correa.

Doce días de movilizaciones centraron el foco de las manifestaciones en las políticas económicas del gobierno y las afugias de aquellos que recibieron el apoyo y auxilio populista de las corrientes de izquierda que comandaron por varios años el Palacio de Carondelet. Confluencia de actos vandálicos que mostraron al mundo impresionantes disturbios, excesos policiales y actos de represión que llevan a preguntar si el fin justifica los medios.

Tensión política, económica y social que agudiza la polarización ideológica del país suramericano que transita una ruptura en la visión de la construcción de nación entre el caudillo, exmandatario de izquierda, y el ungido que después de elegido se constituyó en el férreo opositor.

Convergencia de intereses locales con bolivarianos que pasaron de los argumentos a la zozobra del narcoterrorismo denunciado por el mandatario Lenin Moreno. Incongruencia del socialismo del siglo XXI que se aferra al poder y las prebendas económicas que tanto critican a las corrientes de derecha, afán inconmensurable por adelantar las elecciones y retornar desesperadamente a la presidencia ecuatoriana, sin cumplir las citas y deudas pendientes con la justicia nacional.

Solidificación presidencial que raya la dictadura como ocurre en Bolivia con Evo Morales, discutida designación popular en las urnas que cuestiona la legalidad y legitimidad del resultado electoral. Sufragio que convulsiona a una nación ávida de cambio, escenario expectante de lo que sería una segunda vuelta el 15 de diciembre y ahora se traduce en la solicitud de renuncia inmediata del mandatario del país suramericano y el llamamiento a nuevas elecciones. Protesta indígena que toma la fuerza por las manos y se confronta con estamentos nacionales e internacionales a través de marchas, vigilias, asambleas, bloqueos de calles y cabildos.

Músculo de mando político, con acción restringida, que divide al pueblo y lo confronta entre sí para pescar en río revuelto. Táctica política al mejor estilo argentino con Cristina Fernández de Kirchner que ahora vuelve al poder por interpuesta persona. Desestabilización social que agudiza la emergencia alimentaria producto de la crisis económica –devaluación del peso y súper inflación– que atraviesa la nación del cono sur tras el desfalco que sufrió en su paso por la ideología recalcitrante de izquierda, conexa al entramado bolivariano.

Desgaste gubernamental con medidas insuficientes y tardías que son evidenciadas por la prensa en el ejercicio de sus funciones, actor incómodo para algunos regímenes que buscan acallar su voz como sucede en Nicaragua con Daniel Ortega. Uso desmedido de la fuerza que busca adoctrinar la visión de una sociedad, al antojo del mandatario de turno, violando el sagrado derecho a la libertad de expresión. Control y vigilancia del ejercicio periodístico que es violentado con la amenaza e intimidación propia del control de contenidos en pro de una supuesta estabilidad política y económica de la nación centroamericana. Represión social que propende por el sostenimiento de una ficticia democracia al mejor estilo cubano y venezolano que prolonga su agonía.

Aires de prepotencia y ánimo independentista que no convoca al grueso de una población que como Cataluña y otras regiones de España llaman a las coherentes y pacíficas protestas ciudadanas que no escapan a los conatos boicoteadores. Enfrentamientos que desvían la atención sobre el verdadero origen de la protesta, tensión ideológica que reprime las ideas populares ajustadas a la constitución; derecho a la libre expresión y pensamiento que dejan en evidencia un desgaste del sistema político y gubernamental en Iberoamérica.

Entramado social iberoamericano que llama a Colombia a preguntarse qué tan cierta es la infiltración bolivariana en la desestabilización nacional, marchas que ponen de manifiesto su desacuerdo con el gobierno del presidente, Iván Duque Márquez. Protesta social que en palabras de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, está impactada por encapuchados que han llegado de Venezuela; acusaciones hasta ahora sin pruebas, pero que toman fuerza en el imaginario nacional. Destrucción del sistema democrático que trasciende los problemas de la gente para imponer una ideología y agenda que fracasó en el país vecino como se puede abstraer del hambre, destrucción y miseria que propicia la migración indiscriminada que impacta al continente suramericano.

Antes que caer en el juego de los caudillos revolucionarios con ansias de poder, al que quieren llegar por la fuerza, es momento de fortalecer el sistema democrático que ha caracterizado a los colombianos por años.

Lejanos al apoyo de la causa y el fraccionamiento de la sociedad se debe pensar en la construcción colectiva de un ideario que reconstruya la nación desde la profunda crisis en la que la ha sumido la clase política tradicional. Los ejemplos están claros y cercanos en el vecindario, si no se hace algo pronto y concreto se pasará de un sueño memorable a la peor de las pesadillas. Protesta social sí, con propuestas y argumentos, construcción de país distante de las acciones de hecho que polarizan y dividen al colectivo social.

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