Este jueves se cumplió una jornada más de protesta por parte de los estudiantes de las universidades públicas y privadas colombianas, casi 20 días de manifestaciones por brotes, evidentes y escandalosos, de corrupción en la Universidad Distrital, así como los abusos de autoridad por parte del Esmad. La comunidad académica alza su voz por una educación de calidad, urge la investigación amplia y profunda a lo ocurrido, en la institución capitalina y las marchas de días anteriores, y que se tomen acciones contundentes contra los implicados.

Si bien es cierto que el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia garantiza como un derecho fundamental la protesta social, no es de menor calado que esa facultad de reunión y manifestación pública debe ser pacífica y alejada de todo desmán que afecta a decenas de ciudadanos que nada tienen que ver con la protesta. Dicotomía de una sana expresión popular frente a la seguridad y el orden político, jurídico y constitucional que se rompe con las acciones de “supuestos infiltrados” que desvirtúan el propósito e impacto que debería tener la expresión de las capas jóvenes de la población colombiana.

Escenario de desmanes, disentimientos, reclamos, rechazos, movilizaciones que de la protesta pacífica pasan a las vías de hecho y activan propuestas políticas de regular la protesta social en Colombia; derecho esencial que cruza la delgada línea que lo separa de la violencia social y colinda con el peligroso control estatal más allá de lo establecido en el artículo 37 de la Constitución, el Código de Policía y demás disposiciones vigentes. El discrepar y expresarlo al gobierno es propio de un estado social de derecho, lo divergente está en esa mezcla del sentir estudiantil y el vandalismo que invisibilizan las razones por las cuales se está protestando.

La movilización convocada el pasado 10 de octubre, por parte de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles –Acrees–, y que buscaba conmemorar un año de la gran marcha nacional en defensa de la educación superior, pero a su vez exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados en diciembre de 2018, la lucha contra la corrupción y la defensa de la garantía constitucional a la protesta, es aprovechada por agentes externos para contaminar el propósito y pescar en río revuelto. La comunidad universitaria debe ser consciente que su ideal está distante de las intenciones sindicales de los integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT–, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación –Fecode– y demás grupos y sectores sociales que se sumaron a las manifestaciones en las calles del país.

Convergencia de actores que desde sus propósitos particulares desdibujan el sentido de la convocatoria y propicia fisuras que son aprovechadas por infiltrados externos que exaltan acciones vandálicas que deben ser aisladas de la pacífica protesta social. Hechos violentos que en las movilizaciones de estudiantes, como ocurrió en las marchas campesinas e indígenas a comienzos de 2019, propician desórdenes en las vías del país –bloqueos, agresiones–, disturbios que traen consigo ataques indiscriminados a buses –intermunicipales, SITP o Transmilenio–, acciones incendiarias contra instituciones estatales como Icetex; uso de la fuerza que en confluencia con artefactos explosivos deja daños materiales y personas heridas.

Desmanes preocupantes y reprochables que se suman a la gran inquietud que genera el pasar de las piedras a las bombas molotov al interior de las universidades públicas, encapuchados que infringen la ley y se refugian en la impenetrabilidad de las instituciones educativas por parte de las autoridades públicas. Malandrines que, fungen como universitarios, se perpetúan en las aulas de clase y adoctrinan pensamientos, al margen de la ley, en contra del estamento institucional; sujetos que desde el esguince de la autonomía universitaria evaden responsabilidades y violan los reglamentos, códigos y protocolos del alma máter.

Distante a las normas básicas de la convivencia ciudadana, se aprecia violencia y daños al entorno social conexos a grupos o colectivos alejados del respeto a la ley y la autoridad. Protagonistas de la protesta que se confrontan con un estado incapaz de garantizar las manifestaciones y controlar los brotes de desestabilización; ineptitud de las fuerzas del orden que conduce a la represión y el abuso de autoridad. Señalamientos a la Policía y el Esmad que corresponden a desmanes y contra infiltraciones sin sentido que conllevan a incrementar la polarización, incertidumbre y desconfianza ante el estado y sus cuerpos de seguridad.

Extralimitación de funciones y poderes que más que aislar a los vándalos confunden y deslegitiman la institucionalidad frente a los estudiantes y gran parte del entramado social. La policía y el Esmad no se pueden constituir, como los insurgentes, en los peores enemigos de la protesta social; los estamentos de la fuerza pública están llamados a conservar el orden, proteger y garantizar la seguridad ciudadana de aquellos que dañan los bienes públicos y privados de los colombianos.

Degeneración de fuerzas que conlleva a preguntarse si es sano que la inteligencia de los organismos del orden solo tengan como argumento la provocación y agitación para identificar los orígenes y propósitos de los encapuchados. Es momento de pasar del linchamiento público a acciones concretas con las directivas universitarias para poner coto a quienes tienen como único propósito en la vida instalarse de manera permanente en las aulas universitarias, aquellos que solo buscan incautos ideológicos que se pongan en pie de lucha por una causa que ni ellos mismos entienden; la inconformidad por la sola inconformidad.

Los representantes estudiantiles están llamados a hacer propuestas con argumentos, debatir con palabras y no con acciones de hecho alejadas del propósito coherente de seres pensantes y en formación. Flaco favor se le hace a la protesta social al minimizarla y reducirla a acciones violentas y sin sentido que llaman a la represión, antes que llamar a paros o huelgas interminables que solo perjudican al cuerpo estudiantil, hay que tomar una bandera estructural de cambio que emule la fuerza de los movimientos de estudiantes de los años 90.

Como gestores de convivencia es momento de llamar a la calma a todos los flancos implicados en esta diatriba que convoca a la protesta social. Las conversaciones coherentes y sensatas son el mejor argumento para indicar y evidenciar cuáles son los incumplimientos a lo acordado, las omisiones de respuesta y las deudas que tiene el gobierno con una educación de calidad. No se puede olvidar el adagio popular que señala que una sociedad sin educación es fácil de engañar y manipular, pues está destinada al fracaso.

Escucha el podcast que complementa esta columna aquí.

Sígueme en Instagram en @andresbarriosrubio y en Twitter en @atutobarrios.

Columnas anteriores

Ética vs corrupción, esa es la cuestión

¡La justicia cojea, pero llega! Eso sí, depende de…

¿El pueblo votó berraco y desinformado? ¡El tiempo y los hechos dicen que no!

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.

LO ÚLTIMO