En la madrugada de este jueves los colombianos tuvieron la oportunidad de ver o escuchar el grave pronunciamiento de Luciano Marín Arango, ‘Iván Marquez’; en compañía de Seuxis Pausias Hernandez, ‘Jesús Santrich’; Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, ‘El Paisa’; José Manuel Sierra Sabogal, ‘Aldinever Morantes’; Henry Castellanos Garzón, ‘Romaña’; y otros guerrilleros; mensaje grabado de 32 minutos en el que se victimizan y manifiestan verse obligados a retomar las armas. Claro y flagrante incumplimiento a los acuerdos de Paz firmados entre el gobierno y las FARC, y que nuevamente abre el debate frente a la verdadera voluntad de paz por parte de los insurgentes.

Con la consigna “mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer” los hoy integrantes de la nueva guerrilla colombiana manifiestan estar en pie de lucha por la paz traicionada, esa misma que los integrantes del ala militar de las FARC han torpedeado en múltiples oportunidades y han llevado a catalogarlos como los peores enemigos de los acuerdos de paz.

Quienes hoy fungen como mansos hombres, alzados en armas, contra la opresión, desde el amparo del derecho universal se arropan en las banderas y el legado de Manuel Marulanda y Simón Bolívar como eje político y social en el entramado rural colombiano; discurso ambigüo e incoherente que a parte de captar incautos incorpora una línea estratégica de acción conjunta con el ELN.

Las imágenes, difundidas por los insurgentes a través de su canal en YouTube, sustentan su decisión al esgrimir argumentos conexos a un desarme ingenuo a cambio de nada; el crimen indiscriminado de líderes sociales y exguerrilleros; la trampa, traición y perfidia del gobierno ante cambios unilaterales en lo acordado en la Habana; supuestos montajes judiciales e inseguridad jurídica que los condujo al monte; hechos que solo miran la viga en el ojo ajeno, pero desconocen la del propio.

Si bien el Nobel de Paz, Juan Manuel Santos Calderón, y su equipo negociador siempre han sostenido que lo pactado es imperfecto, “el mejor acuerdo posible”, y que la implementación, prevista a 15 años, tendría múltiples crisis y “sapos” que se debían tragar, no es menos cierto que existen límites inegociables e intraspasables en el marco de lo coherente y racional.

Colombia, desde cada una de sus corrientes ideológicas –izquierda, centro, derecha– ha manifestado sus opiniones frente a lo acordado, derecho a la libre opinión que alejado de volver trizas los acuerdos fija posturas frente a una carta abierta y sin condiciones que piden los guerrilleros, y de una u otra manera fue otorgada por el equipo negociador de la Habana.

Beneplácito que encontró oposición en el famoso Plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016, escenario en el que se dijo que el triunfo del NO estuvo sustentado en una campaña de desinformación que “emberracó” a los colombianos y permeó el voto en las urnas, “violencia psicológica” en palabras del Consejo de Estado, que hoy los hechos demuestran que no estaba alejada de la realidad.

Lo que muchos catalogaron como mentira o tergiversación, orquestada de Álvaro Uribe y el Centro Democrático, estuvo rodeado de mitos y señalamientos infundados que hoy toman relevancia, narrativa de crisis que demuestra su validez en las acciones de los actores del proceso. La exacerbación del miedo y la indignación de la sociedad colombiana están más que vigentes al comprobar que pasan de “agache” las violaciones cometidas, por los agentes al margen de la ley, ante la inoperancia y beneplácito de la JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz, gran culpable del escenario que hoy trasegamos, se ha hecho la de la “vista gorda” ante acciones masivas y sistemáticas de sujetos que a su antojo se apartan de los acuerdos, infringen la ley, y siguen resaltando la impunidad que acompaña a los sujetos de este proceso. Autores de crímenes atroces, miembros guerrilleros que tras sus conductas punibles no reciben el castigo que merecen; amnistía, indulto o principio de oportunidad desde el que se burlan de la justicia y las víctimas. Procedimiento sancionatorio, en el marco de un conflicto armado, que no resarce a quienes fueron impactados por las acciones de las FARC, responsabilidad social que en el marco de la ley se ajuste a un proceso con sentencias, condenatorias o absolutorias, desde las evidencias probatorias.

La verdad, la justicia y la reparación a las víctimas es y seguirá siendo un eje importante del acuerdo, el dolor causado no puede quedar en la impunidad. La reparación no ha pasado de ser un ideal pactado en el papel, desprotección judicial que alcanza niveles de cambios de procedimiento e incongruencia de las instituciones jurídicas colombianas. En el marco del proceso quienes han ganado son los exguerrilleros desmovilizados quienes a través de subsidios mensuales acceden a sumas superiores a las que recibe un trabajador colombiano con salario mínimo, esto por no hacer referencia a los sueldos que reciben los “honorables congresistas” que llegaron al legislativo por las curules acordadas sin lograr los votos requeridos para ello.

Cinismo que raya la ira de los colombianos que atónitos escuchan a Luciano Marín Arango, ‘Iván Marquez’; desatar un nuevo conflicto armado en la base de una renegociación permisiva alineada con la impunidad, narcotráfico y actividades de lucro ilícito que se mantuvieron en un sector de las FARC. Participación política que, distante de un ejercicio democrático y ajustado al pago de unas penas, deja en evidencia una estrategia ideológica que, con la anuencia del Gobierno Santos, ahora impacta a la población desde el Congreso y la línea militar armada. Entramado táctico que es financiado con dineros incautados, pero también con aquellos que se escondieron, con el armamento que hoy exhiben, y se restaron a la educación nacional.

Las reglas de juego y la maquinaria estatal ahora piden al presidente, Iván Duque Marquez, amarrarse los pantalones y hacer uso de la mano fuerte y firme; es momento de relevar de su cargo al Ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, y la cúpula del Ejército, fijar una línea de acción con criterio de Estado que confronte este brote guerrillero y derrote militarmente o capture la disidencia que se separa de aquellos que, desde sus desacuerdos con lo ocurrido, apuestan por honrar lo pactado y continuar con su reincorporación a la vida civil.

La situación que ahora vive Colombia no se puede traducir en el regreso de la guerra y la victoria de Uribe, la incertidumbre que vive la paz está asociada a: las responsabilidades primarias del Gobierno; la desestabilización jurídica que produjo una entidad como la JEP, con amplios superpoderes, que dejó en libertad a Santrich antes que entregarlo a la justicia norteamericana que contaba con elementos suficientes para condenarlo por el delito de narcotráfico, luego de la firma del acuerdo; el liderazgo político de actores como Ivan Cepeda, Roy Barreras, Humberto de la Calle, entre otros, que desde discursos y acciones “diplomáticas” avivaron el proceder y reacciones de insurgentes que fungían de perseguidos por el Estado; la anuencia de ONGs internacionales que, distantes de la realidad colombiana, fustigan un proceder de las fuerzas militares y policiales para mantener el orden jurídico y social de la nación; polarización ideológica que confronta estamentos sociales y poblacionales que no están dispuestos a un perdón y olvido sin el pago de unas penas por parte de los antiguos militantes de las FARC.

Más que difamar a uno u otro sector, pretender borrar la memoria de los colombianos, y sustentar las mentiras de quienes anhelan tapar el sol con un dedo, y convencer a los colombianos de lo innegable, es momento de rodear al presidente, Iván Duque Marquez, para hacer frente a lo que él cataloga como una banda de narcoterroristas.

Fijar una postura internacional consecuente con gobiernos auspiciadores de la violencia, estamentos que allende nuestras fronteras permiten el reagrupamiento de grupos al margen de la ley, protagonistas del conflicto más antiguo del continente. De los colombianos depende la construcción de una Paz que parte desde el reconocimiento de los actores sociales y las diferencias que constituyen la cultura nacional. ¡Estamos en un momento en que las ordenes se cumplen o la milicia se acaba!

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