Como era de esperarse este 9 de julio no compareció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Seuxis Paucías Hernández Solarte, ‘Jesús Santrich’ a cumplir con la diligencia de indagatoria en el marco del proceso que se le sigue, en el alto tribunal, por delitos relacionados con el narcotráfico. Artimañas jurídicas, sumadas a la desaparición de Santrich desde el 30 de junio, se tejieron para demostrar, una vez más, que parte de los máximos líderes de las FARC no están dispuestos a hacer frente a los requerimientos de la justicia.

Pese al esfuerzo, de sectores de izquierda e independientes al Gobierno, por desmitificar la imagen que tiene una amplia mayoría de los colombianos frente a los integrantes de las FARC, el tiempo y los hechos han ratificado que no eran infundadas las críticas y desconfianza que existían frente al proceso de la Habana. Es claro que no todos los integrantes del Estado Mayor Central de las FARC tenían un compromiso firme y verdadero con la voluntad de Paz expresada en el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, firmado el 24 de noviembre de 2.016 en Bogotá.

La desconfianza con las FARC y sus negociadores está latente desde el 4 de septiembre de 2.012, cuando iniciaron oficialmente los diálogos de Paz. Es dificil creer en un grupo que en otras oportunidades ha sobrepasado los límites –negociaciones para un eventual proceso de Paz del Caguan, 7 de enero de 1.999 a 21 de febrero de 2.002– sumado a los negocios ilegales, extorsión, secuestro, reclutamiento de menores, ataques sanguinarios, ejecuciones y demás hechos al margen de la ley que golpearon a los colombianos, en el ejercicio de la “política” con armas practicada por este grupo desde 1.964.

Para los colombianos, las FARC están conexas a un concepto de violencia, aborrecimiento y rencor, no a una ideología política con proyecto y programas sociales. Las acciones de quienes integraran el ala militar de esta organización, mientras estuvo al margen de la ley, lejos de un compromiso con lo acordado han delineado un camino de disidencia, clandestinidad, reagrupamiento y alzamiento en armas que bastante daño hace a quienes sí conmulgaron con lo pactado y desde el Congreso y las zonas de reincorporación alzan su voz para la implementación de lo negociado en la Habana.

Lo hasta ahora visto deja claro que esa convicción de que lo firmado no puede ser modificado y los acuerdos son para cumplirlos solo es vigente siempre y cuando se mantenga la impunidad, y un perdón y olvido sin pago de penas y consecuencias por parte de los máximos dirigentes de las FARC. Los propios excombatientes y negociadores en la Habana se han encargado de deslegitimar los acuerdos; Miguel Botanche Santillana, ‘Gentil Duarte’, y Édgar Mesías Salgado Aragón, ‘Rodrígo Cadete’, fueron los primeros en dar un paso al costado, no acatar lo pactado, regresar a la clandestinidad y el reagrupamiento de las disidencias guerrilleras.

De manera particular cada uno se distanció de lo firmado, fijó sus posturas y se desligó del proceso. Duarte y Cadete se posicionaron en la zona del Guaviare, Guainía y Caquetá sembrando zozobra y violencia con los frentes disidentes armados; confrontación tímida con las Fuerza Militares que trae consigo la baja de algunos combatientes, pero a su vez deja en evidencia el creciente grupo de actores del conflicto armado que no están dispuestos a acudir a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), perdiendo los beneficios otorgados a los exguerrilleros.

Desacato en el que han caído hombres como Henry Castellanos Garzón, ‘Romaña’ –reconocido por las pescas milagrosas–, y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, ‘El Paisa’ –célebre por la bomba del Club El Nogal–, notables ejes que de victimarios ahora pasan a fungir de victimas con supuestas amenazas a su vida. Rebuscados argumentos de desconfianza en la justicia y falta de garantías que desvían la atención de los rumores sobre delincuencia y el alzarse nuevamente en armas. Sujetos prófugos a los que se les reactivan las órdenes de captura y buscan resguardo al auxilio permisivo y cómplice de un gobierno al margen de nuestra frontera.

Quizás quien más carece de autoridad moral en este asunto es Luciano Marín Arango, ‘Iván Márquez’, quien luego de ser actor principal en el cierre y firma del acuerdo diluyó su protagonismo y ahora funge como víctima de la falta de garantías estatales. Con la mayor desfachatez ha manifestado, en material fílmico, que fue un error dejar las armas antes de lograr la reincorporación política, aquella de la que hacen uso desde el legislativo a donde llegaron a las curules prometidas sin lograr los sufragios necesarios y pagar sus deudas con la justicia. Discurso incendiario que incentiva a los desmovilizados, que aún están al margen de la ley, a reagruparse y continuar en pie de lucha armada. Todo esto sin mencionar los nexos de su sobrino, Marlon Marín, con el caso de ‘Jesús Santrich’ y la conexidad con actos de narcotráfico que son investigados por la justicia colombiana y norteamericana.

Controvertidos hechos que generan profundas grietas en este proceso de posconflicto, pero no igualan la estocada casi mortal que propina Seuxis Paucías Hernández Solarte, ‘Jesús Santrich’. Icónico excombatiente que desde su discapacidad visual y dotes histriónicos se escuda para generar diferentes sentimientos y reacciones en el entramado social colombiano. Hombre que se aprovechó de todas las garantías y beneficios brindados por el sistema jurídico nacional y puso en jaque a la Corte Constitucional, la JEP, el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Fiscalía que pecaron de inocencia y sobre su escasa reputación ahora recae la huida de este excombatiente y negociador. Responsabilidad compartida y hasta ahora silenciosa de la izquierda colombiana y la Comisión de Paz del Congreso.

A la fecha van más de 1.000 sujetos que han incumplido con las obligaciones del acuerdo y perdieron el derecho a comparecer ante la JEP. Disidencias que ahora son objetivo militar del Ejército, combatientes que no renuncian a su derecho a la rebelión y desde clandestinidad con las armas quieren minar el compromiso de un grueso grupo de militantes, de rangos medios y bajos, de las FARC que se encuentran en las zonas de reinserción dedicados al desarrollo de proyectos productivos y a espera de colaborar con la justicia.

Convergencia revolucionaria y pacifista que mantiene en el imaginario colectivo la idea de que las FARC no han jugado limpio en este proceso, que el paradigma de armas y una fortuna escondidas y la continuidad en negocios ilegales por debajo de la mesa no estaban distantes de la realidad. Los señalamientos del Centro Democrático contra el Plebiscito por la Paz, la objeciones a la JEP por parte del Gobierno y los diferentes cuestionamientos de uno y otro sector al proceso de la Habana hoy ratifican que no se estaba mintiendo a los colombianos en la urgente necesidad de ajustar el “mejor acuerdo posible” pactado por el Nobel Juan Manuel Santos y el Jefe del Equipo Negociador por parte del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle Lombana.

El palo en la rueda y el principal enemigo del Acuerdo de Paz es el ala militar de las FARC, a la fecha se encuentra en la clandestinidad y profugo gran parte del otrora Estado Mayor Central de las FARC, que ha incurrido en graves errores. El Estado colombiano sin falsedades y artimañas está abriendo camino a la adecuada y justa implementación de lo acordado en la Habana; es momento que los excombatientes asuman su responsabilidad y carga de reparación a las víctimas y el Gobierno fije acciones para blindar de garantías a exguerrilleros y líderes sociales comprometidos con el anhelo de paz de los colombianos.

Acciones como las de ‘Iván Marquez’, ‘Romaña’, ‘El Paisa’, ‘Gentil Duarte’ y ‘Jesús Santrich’ piden la acción inmediata del Estado y las Fuerzas Militares; la justicia debe entrar en acción, operar con todo el peso de la ley y valorar cada una de las pruebas que los implican en los delitos que los pueden conducir a la extradición que tanto le temen. Como lo afirmó el senador de las FARC, Carlos Antonio Lozada, “estamos ante una traición política y moral” que le hizo profundo daño al Acuerdo de Paz  y debe tener implicaciones jurídicas y políticas implacables.

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