En los últimos días, la indignación invadió a Colombia tras conocer el grado de descomposición que se vive ante el asesinato de María del Pilar Hurtado en la localidad de Tierralta al noroeste en el Departamento de Córdoba. Un hecho más de desplazamiento, en esta oportunidad desde Puerto Tejada al sur del País en el Departamento del Cauca, que involucra denuncias de casas de pique, el clamor de madres para ver crecer y educar a los menores lejos del conflicto, y el asesinato de una mujer al frente de sus hijos.
Mas allá de la discusión del asesinato constante de líderes sociales, o el debate en este caso de si María del Pilar Hurtado era o no una líder social desplazada que por necesidad se dedicaba al reciclaje y estaba conexa a la invasión de unos lotes para sobrevivir, hay un trasfondo en lo que verdaderamente ocurre en nuestra sociedad. Los índices de homicidios y violencia en Colombia encienden las alarmas nacionales e internacionales, Colombia es un País en posconflicto que no sabe cómo implementar los acuerdos de Paz con las FARC, deshacerse del conflicto armado más antiguo del continente, y dejar de reportar los índices más altos de desplazamiento por violencia en América Latina.
Los análisis y reacciones de la clase política y los medios de comunicación parece que tendieran al sincretismo; es decir, a reducir a un común denominador los hechos y homogenizar de esta manera el grueso de los contenidos ligados al conflicto social en el que Colombia está inmersa. Pugna de opinión que circunda la construcción de realidad, en el imaginario colectivo, a través de un marco selectivo de valores y normas interconectado con prejuicios ideológicos. Hecatome humanitaria que, como lo señala el ex–jefe del Equipo Negociador con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, no se circunscribe a un solo Gobierno, pero sí a la contribución política de cada uno de los sectores que son actores de este posconflicto.
Políticos oportunistas, de oposición e independientes al gobierno, escudados en la Comisión de Paz del Congreso, se valen de la sugestividad de una masa agitada y dolida para operar sobre ella. Aprovechan la reacción ante determinadas situaciones y circunstancias para exaltar la presunción de la realidad social colombiana fuera de contexto y desde la diversidad de opiniones que son resultado de las perspectivas, experiencias y recuerdos. Marco selectivo de valores y normas concentrado en los prejuicios ideológicos y normativos que generan conflictos de opinión a través de las noticias, testimonios, entrevistas y demás material periodístico que es emitido por los medios de comunicación como escenificación del relato de los hechos.
Alzamiento de ONGs y organismos multilaterales por encima de la tranquilidad y mesura que es destacado en busca de la acción; la clase política parece necesita de una sociedad inmersa en el conflicto y la polarización ideológica para seguir siendo elegida y desviar la atención sobre lo verdaderamente importante: la vida, la paz y convivencia en comunidad, desde el respeto por las diferencias, de los connacionales. Las acciones y hechos que nos rodean evidencian una sociedad que se estimula así misma produciendo problemas que exigen soluciones inmediatas y a su vez incitan nuevas dificultades que reclaman otras resoluciones, todo para seguir en un embrollo cíclico.
El enconado, largo y bastante controvertido Proceso de Paz en la Habana, catalogado por el Nobel, Juan Manuel Santos, y sus negociadores como el mejor acuerdo posible, dejó importantes puntos de fuga que ubican a Colombia en la hecatombe social en la que se encuentra. El País está sumido en ajustes de cuentas por un dominio territorial que se ciñe al negocio del narcotráfico, zonas cocaleras que convergen con grupos disidentes que están traficando, secuestrando, extorsionando y asesinando. Vacios políticos, jurídicos y procedimentales bajo los que se fundamentaron el No al plebiscito, las objeciones a la JEP.
Los criminales se están tomando la justicia por sus manos, disidentes de las FARC, paramilitares, Bacrim, autodefensas y demás grupos al margen de la ley aprovechan la ausencia del Gobierno y las fuerzas militares en frentes del territorio nacional. La situación pide enfrentar con firmeza y decisión las acciones al margen de la ley, demostrar la articulación de políticas estatales y la gestión del Estado para combatir la violencia que tanto azota al entramado social colombiano desde mediados del siglo pasado.
Homicidios que impactan a la sociedad colombiana por distintos factores, no solo a los líderes sociales. Connacionales que en la década de los 80 hicieron frente a los coletazos guerrilleros del M–19 y los carteles del narcotráfico donde las tasas de asesinatos pasaron de 10.909 en 1.981 a 28.284 en 1.991; en la década de los 90 afrontaron el paramilitarismo y la violencia guerrillera de las FARC que tuvo su punto más álgido en 2.002 donde se reportaron 28.777 muertes. Peligro social que tuvo una reducción constante hasta 2.017 cuando los crímenes reflejaron el deceso de 11.373 colombianos, cifra que se revierte en el proceso de implementación del acuerdo de paz en 2.018 incrementando a 12.130 victimas.
Las cifras son contundentes, es claro que en muchos momentos en Colombia se han silenciado los homicidios, no se les ha dado una visibilidad contundente para generar reacciones y fijar acciones de corte tajante. Más que culpar de estos hechos al Estado, y el gobernante de turno, hay que quitarles las etiquetas de izquierda, centro o derecha y unirnos para sacar avante un proyecto de País. La real paz se conseguirá llegando al perdón, un perdón sin impunidad que permitirá fundir el odio que ha dejado cruentas acciones a victimas injustificadas, personas alejadas de un conflicto armado cuyo único pecado es vivir en una zona en disputa por grupos al margen de la ley.
Inequidad social que pide a gritos que la justicia caiga con todo su peso sobre los autores materiales e intelectuales de esta violencia, no se siga protegiendo a los criminales desde las altas esferas de la rama jurídica colombiana; los “honorables” congresistas cumplan con su función, legislar contra la corrupción, la implementación de un sistema democrático alejado de la impunidad y la aprobación de políticas de inversión que respondan a las necesidades de cada uno de los sectores poblacionales del País. Un Gobierno que tenga presencia en cada uno de los rincones del territorio nacional, sin mirar el espejo retrovisor, hay que hacer frente a la realidad de un País inmerso en los problemas de administraciones no adecuadas que acallaron y ocultaron la profunda crisis social, política, económica que se traduce en violencia.
Debemos pasar de los discursos oportunistas, las marchas y explosiones de manifestaciones en redes sociales que no pasan de ser momentáneas y producto de una tendencia. Es momento de repensarnos y replantearnos como actores sociales, en las manos de todos está el cambiar el rumbo de Colombia, no podemos seguir en las manos de una clase política que para defender sus intereses polariza el País en discursos que desde izquierda, centro y derecha destilan odio y rencor. Más que victimizar a alguien en particular y despretigiar a la fuerza pública y el Gobierno debemos tomarnos en serio los asesinatos y la descomposición social, reconocer la problemática colombiana para darle una pronta solución y demostrar al mundo que podemos ser una sociedad que minimizó la delincuencia y acabó con los homicidios producto del conflicto armado.
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