Los hechos de los últimos días, sumado a lo acontecido en diversos temas de impacto y trascendencia local y nacional, dejan en evidencia que el sistema legislativo colombiano requiere una reforma de forma y fondo que recupere su ya inexistente credibilidad. El principal pecado de los juristas colombianos está quizás en haber perdido independencia e imparcialidad a la sombra de intereses políticos, económicos y sociales, en la esfera personal de cada uno de ellos.
La justicia, al igual que el periodismo, perdió el norte y su razón de ser, en el entramado social colombiano, en el momento en el que sus intereses encontraron convergencia con los de aquellos a quienes debía investigar.
Proceso 8.000, FARC–Política, Para–Política, Odebrecht, Cartel de la Toga, Agro Ingreso Seguro, Reficar, Interbolsa; así, como el bien sonado caso de Saludcoop, los dineros de la educación pública y los maestros, el ‘yo te elijo tú me eliges’, entre otros casos, poco a poco atomizaron la escasa confianza y respeto de los colombianos en el aparato judicial –Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía, Comisión de Acusaciones del Congreso, JEP, Juzgados, etc.–.
Procesos conexos a destacados nombres como Carlos Mattos, Gustavo Palacino, Francisco Ricaurte, Victor Maldonado, Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Juan Manuel Santos, Ernesto Samper, Nestor Humberto Martínez, Luís Carlos Restrepo, María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Árias, Seuxis Pausias Hernández, Luciano Marín, Iván Cepeda, entre muchos otros, están asociados a prestigiosos abogados que en el imaginario colectivo ya gozan de amplio reconocimiento por sus maniobras dilatorias, manipulación de testigos, atestiguantes falsos, escenarios de complot y complicidad, beneficios económicos y judiciales; divergentes factores que sumen el concepto de justicia en la corrupción, mediocridad y miseria en el que hoy se encuentra.
Descomposición jurídica y procesal que impone un rigor diferencial en los procesos investigativos, esos mismos que, por ejemplo, son llevados por un fiscal anticorrupción que luego termina preso por corrupto. Ambiente conexo desde el que se propicia la impunidad, se abre camino a la fuga de implicados antes de recibir condena, se pagan penas en conocidos “resort” y no en instituciones penitenciarias. Burla y parálisis del esquema jurídico con el amaño de excusas permitidas en la ley: defensores que se enferman, cambios de abogado a días de la diligencia con el consecuente desconocimiento del estado del proceso, alegatos de falta de garantías, y demás acciones que, al mejor estilo circense, distraen a los actores del proceso y apuestan por el vencimiento de términos; aquello que algunos no dudan en calificar como una total payasada.
Confabulación entre jueces o magistrados, defensores y acusados que sacan a flote las falencias de un sistema que deja a corruptos en libertad, ladrones que son capturados en flagrancia y salen de los juzgados, alegres y campantes, sin pagar un solo día de cárcel. Bandidos y caraduras que hacen esguinces a la ley y de victimarios pasan a víctimas, icónicos delincuentes que demandan al estado para que les pague del erario una millonaria compensación por el trauma y linchamiento mediático que sufrieron los “inocentes” imputados.s
Legislación amañada al lobísmo y poder de agentes que al margen de la ley azotan el entorno rural colombiano con masacres, desplazamientos, robos de tierras, vacunas, narcotráfico y asesinatos. Artilugio jurídico dominado a la perfección por litigantes estratégicos que, desde mañosas garantías procesales, esgrimen trucos banales para dilatar el proceso, con innumerable pruebas y testimonios, en favor de malhechores de cuello blanco. Astutos penalistas que tienen claro el complejo de inferioridad, ineficiencia y escasa capacidad formativa de los jueces y fiscales para recurrir a una “leguleyada garantista”, propia de un país santanderista, el vencimiento de términos, que permita al delincuente hacer de las suyas.
Desde el legislativo colombiano parecen crear leyes en beneficio de los corruptos, principio de oportunidad que permite tomar posiciones de honor en diferentes entes gubernamentales. Estamentos públicos desde los que se regula la ley al acomodo de caciques clientelistas, mientras jueces se burlan de su oficio a los intereses del mejor postor. Ecosistema jurídico rodeado de fallos con penas irrisorias, fundamentadas en información falsa, en detrimento de las víctimas y la propia sociedad. Colombia, escenario normativo, en donde todo pasa y nada pasa, se distrae a la opinión pública dando vitrina, desde la tribuna mediática a los delincuentes, declaraciones públicas que ponen en evidencia el desprestigio de la justicia nacional.
¡Es urgente reformar la justicia! Acabar con el beneplácito a guerrilleros, narcotraficantes y delincuentes, ladrones puestos en libertad o corruptos con casa por cárcel; impunidad que da mansión a quien tiene influencias o cuenta con recursos para conseguir asignaciones en juzgados que misteriosamente les son convenientes a sus intereses y proporcionan fallos a favor. En Colombia la justicia no puede seguir a merced de la Ley 906 de 2.000 –Código de Procedimiento Penal– como instrumento que solo funciona y se aplica para quienes por falta de recursos hoy están hacinados en las cárceles; aquellos a los que no importa que superen los 240 días privados de la libertad o 180 días para dejar en firme el llamado a etapa de juicio.
La Ministra de Justicia y el Derecho, Margarita Cabello Blanco, tiene la obligación de sacar avante la tan esperada Reforma a la Justicia, prometida por la administración de Iván Duque y que se hundió en la primera legislatura del Congreso. Acto legislativo que propende por la descongestión judicial, reestructurar las competencias electorales de las Cortes, y modificar la estructura del aparato judicial; precedente jurídico que agilizará los procesos y acercará la justicia a los ciudadanos, escenario de conciliación extrajudicial con facultades jurisdiccionales para abogados, notarios y centros de arbitraje y conciliación.
Eje legislativo y judicial que debe ser permeado por el componente ético en la formación de los profesionales del Derecho, juristas que a parte del conocimiento y dominio de las leyes saquen a flote los valores ciudadanos formados desde la infancia en el hogar para hacer parte del componente social. Abogados rectos que distantes de los aplazamientos y maniobras jurídicas no obliguen a pensar nuevamente en la institucionalización de jueces sin rostro que se hagan cargo de casos emblemáticos, alejados de tinterillos avispados que buscan condenas increíbles para quienes por arte del destino resultan involucrados siendo inocentes.
Mientras el discurrir jurídico siga rodeado de aplazamientos y los niveles de impunidad sean insostenibles la anhelada Paz será imposible. El ordenamiento jurídico colombiano debe tener una coherencia de hechos y acción con el marco legislativo, solidez legal rodeada de argumentación, oratoria y conocimientos para abordar procesos, problemáticas y oportunidades, desde la transversalidad e integración de los diferentes actores con intereses comunes en el acto procesal. Reunión de la teoría y la práctica en el ejercicio público y privado del derecho en el marco de una sociedad justa con un criterio claro de lo apropiado e indeseado dentro del comportamiento colectivo propio de un estado social de derecho como el colombiano.
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